(14 de octubre, 2013).- La diputada Loreta Ortiz, especialista en derecho internacional, explicó que sí se permite la inversión extranjera en el sector energético, el estado Mexicano perdería todo control sobre esos recursos gracias a la firma del Tratado de Libre Comercio y Tratado de libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que establece que cualquier conflicto entre un inversionista y el estado pasaría a resolverse en un tribunal de arbitraje internacional.
En la mesa 5 del Debate Público de la Reforma Energética, organizada por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) de la Cámara alta, se llevaron a cabo 3 ponencias que coincidieron que los costos para el país, sí se permite la inversión extranjera, serían altísimos.
La diputada Ortiz señaló que, cuando se firmó el TLCAN, se sabía que no se podía negociar el sector energético debido a la constitución. Pero si ahora se modifica el 27 constitucional, automáticamente se apega a los requisitos del TLCAN.
Ortiz explicó que cualquier controversia con los inversionistas extranjeros tendría lugar en los centros de arbitrajes que han sido creados por el Banco Mundial para el aseguramiento de los inversionistas, en caso de alguna nacionalización.
La diputada recalcó que cualquier afectación a la inversión se considera como una nacionalización, ante la cual el Estado mexicano deberá pagar millones de dólares, en un plazo corto y con moneda internacional.
“Al momento de autorizar la inversión extranjera en el sector energético en Mexico, el Estado perderá el control sobre ese recurso natural y, desde ese momento, se dará una situación irreversible”, afirmó la diputada.
Por su parte, Jorge Calderón, profesor en economía internacional de la UNAM, advirtió que dentro del paquete de reformas también se encuentra una gran afectación en el sector de la electricidad, que ya de por sí el 36 por ciento es operado por particulares.
Señaló que las empresas extranjeras están presionando a los legisladores para que modifiquen el 27 constitucional para que puedan obtener mayor flexibilidad en la producción y distribución de electricidad.
Explicó que en ninguna experiencia internacional se ha visto que la operación de la electricidad por particulares haya provocado una disminución en los costos de los usuarios. Por el contrario, dado que la inversión es a corto plazo, no se genera la infraestructura para una operación a largo plazo que termina afectando a la población.
Asimismo, aseguró que con la modificación del artículo 27 constitucional sólo se abre el camino a los operadores particulares internacionales.
“Sí no se ‘privatizan’ las plantas ya existentes, bastaría con que lo empiecen hacer desde ahora, puesto que el Estado ya no tendría ninguna injerencia”, dijo el especialista.
El embajador Jorge Eduardo Navarrete, especialista en relaciones internacionales, explicó que la reforma del artículo 27 constitucional eliminaría automáticamente los candados.
“La razón jurídica que permite la existencia de la cláusula del NAFTA, es que las actividades energéticas son consideradas estratégicas por el estado mexicano. Es en función de esa calificación constitucional que se puede exceptuar al sector energético de los normas internacionales de tratados que pueden resultar lesivas. Si se aprueba la reforma, quedaríamos afuera de las excepciones del NAFTA”, explicó el embajador.
