Natalia Tėllez Torres Orozco
Si no lo puedes explicar de forma sencilla, es que no lo entiendes lo suficiente.
Albert Einstein
El lenguaje legal es una barrera. Lo saben todas las personas que alguna vez han intentado leer una sentencia o entender un juicio sin contar con formación jurídica. Cuando a esa barrera de idioma se le suma la complejidad estructural del sistema judicial, el resultado es una exclusión de millones de personas. En México, y en muchos países, la justicia se comunica en un lenguaje que no es accesible para la ciudadanía. Y eso contradice un principio fundamental del derecho: el acceso efectivo a la justicia.
Comprender la justicia no es un privilegio ni algo que se deba comprar. Es un derecho humano. Todas las personas deben poder participar plenamente en los procesos judiciales, lo cual implica entender lo que sucede, las decisiones que se toman y las consecuencias. Cuando esto no ocurre, el acceso a la justicia es incompleto. Y más aún: se vuelve desigual y atenta contra la dignidad de las personas.
Existen experiencias concretas que demuestran que esta situación puede y debe ser corregida. En Argentina, una jueza redactó una sentencia en lenguaje infantil, acompañada de ilustraciones, para explicar a una niña de siete años las consecuencias de la decisión sobre su custodia. En España, el Consejo General del Poder Judicial ha desarrollado guías para emitir resoluciones en lectura fácil, dirigidas a personas con discapacidad intelectual. En Colombia, la Corte Constitucional publica versiones comentadas de sus fallos, redactadas en lenguaje ciudadano. En México se han impulsado las sentencias en formato de lectura fácil, y el Poder Judicial de la Federación ha traducido algunas sentencias al zapoteco, tsotsil y mixe, aunque se trata aún de iniciativas puntuales. En el Reino Unido, se ha recomendado capacitar a jueces en el uso de un lenguaje claro, particularmente en casos del ámbito familiar.
No se trata de simplificar la justicia, sino de democratizarla. La justicia no puede seguir siendo un sistema cerrado, reservado para especialistas. En un país con profundas desigualdades educativas y económicas, se requiere un esfuerzo institucional para que el lenguaje del derecho sea entendible para todos. No basta con acciones individuales o iniciativas dispersas: se requiere una transformación estructural.
Un procedimiento judicial no puede considerarse justo si es incomprensible para quienes lo viven. Porque en materia de justicia, la forma también constituye el fondo. Las leyes y las sentencias no son propiedad del sistema judicial. Son expresión del Estado de Derecho, y como tal, deben poder ser comprendidas por la ciudadanía a la que se deben.
