La extorsión ya no tendrá escapatoria. Este martes 8 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum firmará una iniciativa para enviar al Congreso de la Unión una propuesta que busca endurecer el castigo contra este delito y unificar los criterios penales en todo el país.
Así lo informó Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica de la Presidencia, quien detalló que la iniciativa propone modificar el artículo 73 constitucional, fracción 21, inciso A, para facultar al Congreso a emitir leyes generales que establezcan tipos penales mínimos y sanciones para delitos graves como secuestro, desaparición forzada, tortura, trata de personas y, ahora, también extorsión.
“Se trata de construir un marco legal más fuerte y homogéneo en todos los estados, que nos permita combatir con más eficacia delitos que lastiman profundamente a la sociedad”, explicó Godoy.
Este anuncio se enmarca dentro de la nueva Estrategia Nacional contra la Extorsión, presentada por la presidenta Sheinbaum, quien reconoció que, a diferencia de otros delitos que han ido a la baja, la extorsión sigue en aumento.
“La extorsión es el delito que no hemos podido disminuir, todos los delitos van a la baja, pero la extorsión es un delito que aún no podemos disminuir, sigue aumentando. El domingo presentamos la estrategia nacional contra la extorsión, contiene el 089; cualquier persona que sea víctima de una extorsión puede llamar de manera anónima, no necesita dar su nombre, es número especial para la denuncia”, señaló Sheinbaum.
La nueva estrategia contempla tres medidas clave:
1. Creación del número 089, una línea telefónica nacional para que cualquier persona pueda denunciar de forma anónima si es víctima de extorsión.
2. Las unidades contra el secuestro ahora también investigarán casos de extorsión, fortaleciendo la respuesta institucional.
3. Se elimina la necesidad de que la víctima denuncie directamente. La extorsión se perseguirá de oficio; el Estado asumirá la responsabilidad.
La estrategia abarca todas las formas de extorsión, incluyendo el cobro de piso, una práctica que afecta tanto a pequeños comerciantes como a empresarios en distintas regiones del país.
Con estas acciones, el Gobierno Federal refuerza su compromiso con la seguridad y pone en el centro de su agenda un delito que ha dañado a miles de familias mexicanas. La iniciativa de ley, junto con la estrategia operativa, buscan cerrar el paso a los extorsionadores y devolver la tranquilidad a las comunidades.
