Cuando Enrique Peña Nieto ya tenía las maletas hechas para dejar la Presidencia, todavía le alcanzó el tiempo para asignar un contrato millonario a una empresa que el SAT acaba de declarar como “fantasma”. Lo curioso, y alarmante, es que esa empresa pertenece a los mismos empresarios israelíes que hoy aseguran haberle pagado 25 millones de dólares en sobornos.
El 31 de julio de 2018, justo cuatro meses antes de entregar el poder, la Secretaría de Gobernación firmó un contrato por 4.2 millones de dólares (unos 85 millones de pesos de entonces) con Air Cap SA. de CV., una compañía fachada ligada al israelí Uri Ansbacher, señalado por vender el sistema de espionaje Pegasus al gobierno mexicano.
Ese contrato fue uno más de una larga cadena. Air Cap acumuló asignaciones directas por casi mil millones de pesos durante los gobiernos del PRI, tanto en el nivel federal como en el Estado de México, donde gobernaba Alfredo del Mazo.
Pero la historia se pone todavía más turbia: el 28 de abril de este año, el SAT incluyó a Air Cap en su lista definitiva de empresas que simularon operaciones para evadir impuestos, lavar dinero o desviar recursos públicos. ¿Las razones? No tiene activos, ni empleados, ni capacidad real para cumplir con los servicios por los que cobró millones.
Y lo que empieza como trama de corrupción termina como thriller internacional. Según el medio israelí The Marker, Ansbacher y su socio Avishal Neriah están enfrentando una disputa legal en la que ellos mismos afirman haber sobornado a Peña Nieto para asegurar jugosos contratos. De acuerdo con su testimonio, pagaron unos 25 millones de dólares directamente al expresidente.
En su defensa, Peña respondió desde su cuenta de X (antes Twitter):
“Totalmente falsa la nota sobre supuestas aportaciones”.
Al día siguiente, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, agregó:
“Yo no doy línea ni di línea nunca de asignar contratos a tal o cual proveedor”.
Pero las pruebas siguen saliendo a la luz. El 8 de julio, el fiscal Alejandro Gertz Manero anunció la apertura de una carpeta de investigación para esclarecer los supuestos sobornos.
Air Cap no operaba sola. Era parte de una red de al menos 18 empresas fachada utilizadas por Ansbacher para vender Pegasus a diversas instituciones de seguridad en México. En 2017, por ejemplo, cobró más de 92 millones de pesos por actualizar la plataforma espía que había sido adquirida años antes a otra empresa también “sospechosa”: Grupo Tech Bull, que también operaba desde domicilios “humildes”.
Entre helicópteros, espionaje y empresas sin empleados, lo que deja claro este caso es que el sexenio de Peña Nieto no solo terminó mal, sino que terminó haciendo negocios con quienes ahora lo señalan de haberse vendido.
Prórroga a CI Banco, Intercam y Vector fue por “cooperación”: Hacienda
