(23 de octubre, 2013).- La filtración que realizó Edward Snowden sobre el espionaje realizado en 2012 por el gobierno de Estados Unidos –a través de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) – al ex presidente mexicano Felipe Calderón y al entonces candidato a la Presidencia de la República Enrique Peña Nieto, explotó como una información de alto riesgo e incertidumbre entre las autoridades mexicanas.
A partir de este hecho, los actores de la política interna se han declarado en contra de estas acciones que violentan la soberanía nacional, e inclusive, el ex presidente Calderón pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se realizara una investigación en el tema.
En julio de este año, el periódico O’Globo de Brasil publicó documentos que le fueron proporcionados por el ex contratista de la NSA Edward Snowden, los cuales demuestran el espionaje de EE.UU. a países de América Latina, como México y Brasil, sobre el tema de energía y narcotráfico.
El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, reaccionó a la noticia sobre el espionaje al Ejecutivo mexicano con una conferencia relámpago en la que declaró que Enrique Peña Nieto encargó una investigación exhaustiva a la Coordinación General de Prevención de Delitos Cibernéticos de la Policía Federal y al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). Esta última dependencia también ha sido señalada por ser la herramienta de espionaje del gobierno mexicano.
Pese a estas declaraciones, las acciones del gobierno mexicano para que se esclarezca por qué EE.UU. realizó el espionaje han quedado en “llamados a misa”: el secretario de Relaciones Exteriores José Antonio Meade Kuribreña denunció su gravedad y llamó a conversaciones al embajador estadounidense Anthony Wayne, pero no se plantea ninguna acción concreta en respuesta al espionaje.
Este manejo del tema ha contratado con la actuación de otros gobiernos afectados por el espionaje estadounidense. La presidenta brasileña Dilma Roussef no sólo exigió poner fin al espionaje, en la reunión anual de la Asamblea General de Naciones Unidas, considerándolo “una grave violación a los derechos humanos y a las libertades civiles”, sino que canceló su visita de Estado al presidente Barack Obama. Francia llegó incluso a solicitar a la Unión Europea la suspensión del acuerdo por el cual se comparte información bancaria con Estados Unidos como parte de la cooperación “antiterrorista”.
Este actuar podría definirse como una autodefensa del gobierno peñista a partir de supuestos que tenga en su poder el gobierno estadounidense, y la investigación podría dar más giros, detalló Osorio Chong: “se ordenó realizar una investigación que determine si existen evidencias o no sobre las versiones de espionaje, así como la probabilidad de que hubiera participación de ciudadanos o funcionarios públicos de entonces, que intencionalmente o bien por omisión, negligencia o cualquier otro motivo, hayan desplegado conductas que hubiesen constituido algún tipo de violación a la privacidad de las comunicaciones”.
Al final del día no se entiende por qué la respuesta del gobierno mexicano se produce dos días tarde. La tibieza de la reacción llamó la atención ya que, al principio de su mandato, Peña declaró que no permitiría que se violentara la soberanía nacional con intromisiones del gobierno vecino, en referencia a la estancia de elementos militares y de inteligencia en México pactada por Felipe Calderón. Se ha especulado que la información recabada por la NSA podría perjudicar al titular del Ejecutivo, pues estaría relacionada con el proceso electoral de 2012.
¿Podría ser que el gobierno de Obama ahora tenga la sartén por el mango?
