El negocio del huachicol fiscal volvió a sacudir al país: un juez federal ordenó la captura de Roberto Blanco Cantú, conocido como “El Señor de los Buques” o “Roberto Brown”, y tres de sus socios, acusados de estar detrás del trasiego de 8 millones de litros de combustible ilegal asegurados en marzo pasado en Ensenada, Baja California.
Blanco Cantú es señalado como propietario de Mefra Fletes, una de las empresas clave en el transporte de hidrocarburos ilícitos que, de acuerdo con las investigaciones, entraban desde Estados Unidos por los puertos de Ensenada, Altamira y Tampico, administrados por la Secretaría de Marina.
Los nombres en la mira
La orden de aprehensión fue girada a petición de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada de la FGR. El juez Sergio Adolfo Peniche Quintal, del Centro de Justicia Penal Federal en Baja California, autorizó detener no sólo a Blanco Cantú, sino también a:
- José Isabel Murguía Santiago, hermano del exalcalde de Teuchitlán, Jalisco, preso por nexos con el CJNG.
- José René Tijerina Mendoza, con al menos 29 salidas al extranjero registradas.
- Jesús Tadeo Amaya Olvera, hermano de los dueños de AMOL, también vinculada al caso.
Además, aparece el exjuez Anuar González Hemadi, ya encarcelado, quien fue nombrado administrador único de Mefra Fletes.
El hallazgo que destapó la red
El operativo en marzo destapó la magnitud del negocio ilícito: en un predio de la autopista Rosarito-Ensenada, la FGR encontró 10 tractocamiones y 17 pipas con la leyenda “Auto líneas Roca”, además de 32 vehículos entre tractos y pipas con el nombre “Mefra Fletes”, y otras unidades vinculadas a AMOL.
La investigación reveló que tanto Mefra Fletes como AMOL no tenían permisos para el comercio de hidrocarburos, pero sí para transportar gasolina y diésel de manera ilegal. Tras el golpe, Mefra Fletes abandonó sus oficinas en San Pedro Garza García, Nuevo León, borrando huellas de sus operaciones.
La fuga y el dinero para escapar
Pese a la orden de captura, no hay detenciones hasta ahora. Los investigados cuentan con recursos millonarios para evadir a la justicia. En escuchas telefónicas, la FGR detectó que los involucrados presumían tener entre 25 y 30 millones de pesos listos para “desaparecerse” en caso de ser alcanzados por la ley.
Las autoridades continúan con la persecución de los señalados, considerados parte de una red de empresas fantasma creadas con identidades robadas. Mientras tanto, la sombra del huachicol fiscal se extiende, mostrando que la batalla contra el combustible ilegal sigue abierta.
