En los últimos cinco meses, las autoridades de Florida han arrestado a más de 6,000 personas presuntamente indocumentadas. Esta cifra, anunciada por un funcionario de la Patrulla Fronteriza, subraya la agresiva política migratoria que el estado ha adoptado como parte de un programa federal que delega a la policía local la autoridad para hacer cumplir la ley de inmigración.
Este esfuerzo es respaldado por el gobierno federal, que ha prometido reembolsar a Florida casi 30 millones de dólares por los gastos relacionados con la inmigración, lo que destaca la creciente importancia del estado para la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump. Además, se distribuirán más de 1.7 mil millones de dólares a agencias de todo el país.
Rob Hardwick, jefe policial del condado de St. Johns, al sur de Jacksonville, alentó a otros funcionarios a unirse, afirmando que “nuestros socios federales están ahí con un talonario de cheques, listos para emitirlos”. Por su parte, el gobernador republicano Ron DeSantis fue enfático en que “esto es solo el comienzo”.
Un estado clave en la ofensiva migratoria
La política de Florida se ha convertido en un modelo nacional para la agenda migratoria. El estado, hogar adoptivo del presidente Trump, ha firmado más convenios conocidos como acuerdos 287(g) que cualquier otro estado. Estos acuerdos permiten que incluso departamentos como el de Servicios de Lotería de Florida participen en la aplicación de la ley migratoria.
El anuncio de financiación de 38.5 millones de dólares para agencias locales y estatales en Florida cubrirá costos de equipo, transporte y salarios de más de 4,700 agentes facultados para llevar a cabo estos arrestos.
Las operaciones, que han incluido paradas de tráfico dirigidas a trabajadores migrantes, han llevado a la detención de al menos dos ciudadanos estadounidenses, según la información proporcionada. La naturaleza de estas acciones ha generado críticas de defensores de los inmigrantes, quienes las califican como discriminatorias.
El estado también aporta cientos de millones de dólares para albergar a detenidos inmigrantes en instalaciones como el centro de detención improvisado en los Everglades, apodado el “Alcatraz de los caimanes”, que enfrenta múltiples demandas federales para su cierre.
La situación resalta una realidad compleja para Florida, donde casi una cuarta parte de los residentes son nacidos en el extranjero y la economía depende en gran medida del turismo, la hospitalidad y la agricultura, sectores con una fuerte presencia de trabajadores migrantes.
