Rodrigo Rojo / @eneas
(29 de octubre, 2013).-El 28 de octubre, el Gobierno Federal apeló la medida precautoria que suspende todos los permisos de liberación de transgénicos a través de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y de la Secretaria del Medio Ambiente (Semarnat).
Por ese motivo, el colectivo de 53 científicos, defensores de derechos humanos, ambientalistas, campesinos y organizaciones sociales que presentaron la denuncia, ofrecieron en el Centro Histórico una rueda de prensa para dar su opinión.
Según Bernardo Batiz, la apelación es una “trampa legal” que demuestra cómo es que las instituciones federales están colocándose del lado de intereses privados y no de los intereses de las personas a las que se supone que sirven. El jurista se dijo sorprendido por el hecho de que el gobierno solicite la aplicación estricta y literal de la ley en un tema que es de naturaleza colectiva, “pareciera que las dependencias federales no se han percatado que estamos en un litigio sobre derechos humanos, que legalmente lo primero que deben hacer los tribunales es despojarse de formalismos legaloides”.
Jesusa Rodríguez, actriz y activista, fue más allá y lo puso muy claro: “no podemos esperar algo diferente de un gobierno de delincuentes; están haciéndole el trabajo sucio a la transnacional. La apelación de Sagarpa los desenmascara como empleados de Monsanto”.
Hace unas semanas trascendió que un juez federal había dictado una medida precautoria para detener los 79 permisos de liberación de transgénicos con fines experimentales y piloto que había concedido el Gobierno Federal. Esto fue considerado como una “victoria ganada” por el colectivo y un paso muy importante para evitar daños al medio ambiente con la introducción de maíz transgénico en México, que es el centro originario del grano.
Según René Sánchez Galindo, el abogado del colectivo, las apelaciones gubernamentales carecen de sentido jurídico puesto que la Sagarpa arguye que debió de notificársele antes de suspender la siembra de transgénicos como si se tratara de una medida cautelar ordinaria y no de una medida precautoria especial”.
Eugenio Turrent, de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, por su parte denunció que la Secretaria de Agricultura no ha permitido que los científicos disfruten dentro del proceso judicial “sin la amenaza de la siembra comercial y los daños irreparables que ocasionaría”.
Catherine Marielle, del Grupo de Estudios Ambientales, también dijo que se han “emprendido diversas acciones legales y de denuncia popular” en las que se han acumulado muchos argumentos científicos y jurídicos así como evidencias que hoy buscan integrar al juicio de demanda colectiva.
El descontento, sin embargo, no desactiva las movilizaciones. Jesusa Rodríguez anunció que el próximo 30 de Noviembre se llevará a cabo una gran fiesta por el maíz en el zócalo del DF a las 12 del día, para la que ya cuentan con permiso del GDF.
