La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que su gobierno impulsa acciones legales y de seguridad para combatir la extorsión y el asesinato de líderes productores, tras el reciente homicidio de Bernardo Bravo en Michoacán. Explicó que la estrategia incluye la aprobación de una Ley General contra la Extorsión, la cual permitirá que este delito sea perseguido de oficio, sin necesidad de que las víctimas presenten una denuncia.
Durante la Conferencia del Pueblo, la mandataria precisó que esta medida busca proteger a empresarios, comerciantes y productores que enfrentan amenazas derivadas del llamado cobro de piso.
“El objetivo es que el particular que vive una situación de extorsión no tenga que presentar la denuncia, sino que sea el Estado quien actúe directamente”, explicó.
Sheinbaum recordó que para lograrlo fue necesario modificar la Constitución, lo que posibilita la creación de una Ley General. Esta figura implica que, una vez aprobada por el Congreso de la Unión —en ambas cámaras—, los congresos estatales estarán obligados a adecuar sus legislaciones locales para que el delito se investigue y sancione en todo el país.
La presidenta subrayó que esta reforma es crucial, ya que en muchos casos las víctimas no denuncian por temor a represalias o, cuando lo hacen, enfrentan consecuencias graves.
“Por eso es tan importante que pase esta ley; permitirá que los jueces tengan fundamentos más sólidos para emitir órdenes de aprehensión en caso de identificar a los responsables”, puntualizó.
Sheinbaum aseguró que, junto con la legislación, el gobierno federal mantiene activa una estrategia nacional contra la extorsión, que incluye la coordinación entre autoridades federales y estatales para prevenir la violencia y brindar seguridad al sector productivo.
