Una red dedicada a la extorsión telefónica quedó desarticulada en Tamaulipas luego de una operación coordinada entre autoridades federales y estatales, que culminó con la detención de 12 de sus integrantes. La célula operaba desde el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Reynosa, desde donde realizaba llamadas principalmente contra adolescentes y adultos mayores del municipio de Matamoros.
El caso forma parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, impulsada por el Gabinete de Seguridad, y representa uno de los desmantelamientos recientes más relevantes por la escala de recursos usados para defraudar a las víctimas.
Una operación dentro de prisión: 80 números y más de 70 cuentas bancarias
Las investigaciones permitieron identificar que la célula delictiva utilizaba alrededor de 80 números telefónicos de distintas compañías para contactar a sus víctimas, además de más de 70 cuentas bancarias donde se concentraban los depósitos exigidos.
Los trabajos de inteligencia fueron desarrollados por la SSPC, Sedena, Semar, FGR, Guardia Nacional, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y autoridades de Tamaulipas, entre ellas la Fiscalía General de Justicia, la UECS, la Unidad Antiextorsión y la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
Las detenciones: 12 órdenes cumplimentadas
Con esta información, se solicitaron y ejecutaron las órdenes de aprehensión por reclusión contra los integrantes de la red criminal. Las personas detenidas fueron identificadas como:
César Enrique “Z”, Edgar “C”, Enrique “A”, Jesús “C”, Juan Diego “G”, Talos Luciano “T”, Felipe de Jesús “V”, Martín “M”, Medardo Ernesto “M”, Vicente “M”, Juan Francisco “R” y Eduardo “G”.
En total, 12 órdenes fueron cumplimentadas. A todos se les informaron sus derechos de ley y quedaron a disposición de la autoridad correspondiente, que definirá su situación jurídica.
Objetivo: proteger el patrimonio de las familias tamaulipecas
Al concluir la operación, las instituciones del Gabinete de Seguridad reiteraron su determinación de mantener el trabajo conjunto con autoridades locales y avanzar en investigaciones que eviten que estructuras criminales sigan actuando desde centros penitenciarios.
El mensaje oficial fue claro: no habrá impunidad en delitos que afectan directamente el patrimonio de las familias de Tamaulipas, especialmente cuando las víctimas son jóvenes y personas adultas mayores.
