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Estado mexicano responsable de “violación sexual, tortura y muerte” de Ernestina Ascencio en el sexenio de Felipe Calderón

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) declaró que el Estado mexicano es responsable por la “violación sexual, tortura y muerte” de Ernestina Ascencio Rosario, perpetradas en 2007 por parte de un grupo de soldados en la sierra de Zongolica

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) declaró que el Estado mexicano es responsable por la “violación sexual, tortura y muerte” de Ernestina Ascencio Rosario, perpetradas en 2007 por parte de un grupo de soldados en la sierra de Zongolica, Veracruz.

En su sentencia, notificada hoy, el tribunal internacional resolvió que el Estado incumplió su deber de brindar atención médica oportuna, por lo que concluyó que la violación sexual y “graves lesiones” causaron la muerte de la mujer indígena náhuatl que tenía 73 años de edad.

Asimismo, determinó que México incumplió el deber de investigar con “debida diligencia reforzada” estos hechos y garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad a los hijos e hijas de la señora Ascencio Rosario. 

Puntualizó que la indagatoria fue cerrada “prematuramente” sin haber agotado las línas, no fue conducida con un un enfoque de interseccionalidad, particularmente relevante por tratarse de una mujer indígena mayor, ni incorporó perspectivas de género, étnica ni etaria.

La CoIDH “constató” que la señora Ernestina “fue violada por miembros del Ejército mexicano el 25 de febrero de 2007”, durante el sexenio Felipe Calderón y en el marco de la llamada lucha contra el narcotráfico, indicó. 

“La Corte determinó que la violación sexual sufrida por la señora Ernestina constituyó un acto de tortura, toda vez que fue intencional, causó severos sufrimientos físicos y mentales y se cometió con el propósito de intimidar, degradar, humillar y controlar a la víctima”, determinó. 

En la notificación de la Corte, participaron representantes del Estado mexicano, entre ellos Víctor Sánchez Colín, embajador en Costa Rica, y Rosalinda Salinas, directora de casos en litigio internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores; así como los representantes legales de las víctimas.

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