En un giro legal significativo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha modificado la imputación contra Nicolás Maduro, eliminando la mayoría de las referencias al denominado “Cártel de los Soles”.
Aunque el mandatario venezolano permanece bajo custodia en el Distrito Sur de Nueva York tras su reciente captura, la nueva imputación, presentada horas después de la captura de Maduro y su esposa en Caracas por fuerzas estadounidenses, ahora es descrita en los documentos judiciales como un “sistema de clientelismo”.
Un cambio de narrativa legal
La acusación original de 2020, que servía como base para el caso y Trump utilizó reiteradas ocasiones para justificar la ofensiva “antidrogas” en el Caribe, mencionaba al “Cártel de los Soles” en 32 ocasiones, señalando directamente a Maduro como el líder que gestionó el ascenso de esta organización criminal.
En el nuevo texto, las menciones se reducen a solo dos, y la naturaleza del grupo ha sido redefinida. Anteriormente, se describía como una organización de narcotráfico estructurada y liderada por Maduro. Ahora, se define como un “sistema de clientelismo” que, presuntamente, permite que élites venezolanas se enriquezcan del narcotráfico bajo la protección de quienes están en la cima.
Este cambio parece validar la postura de analistas y organismos internacionales que cuestionaban la existencia del cártel como un ente criminal convencional.
Cabe destacar que ni la DEA en su Evaluación Nacional de Amenazas, ni la ONU en su Informe Mundial sobre las Drogas, han reconocido nunca formalmente al “Cártel de los Soles” en sus registros de organizaciones transnacionales.
Contraste entre la Casa Blanca y la Fiscalía
Diversos analistas han señala que la moderación del lenguaje técnico de la Fiscalía contrasta drásticamente con la retórica de la administración de Donald Trump. Mientras el Secretario de Estado, Marco Rubio, reafirmó recientemente ante la cadena NBC que Maduro es el “líder de ese cártel”, el documento judicial evita esa terminología para centrarse en una “cultura de corrupción“.
Asimismo, el pliego de cargos no incluye menciones a las afirmaciones de Trump sobre el supuesto envío de presos y pacientes psiquiátricos desde Venezuela hacia EEUU, una acusación recurrente en sus discursos de campaña pero carente de respaldo en la investigación judicial.
Expertos legales consultados por el portal El País sugieren que esta modificación es un movimiento pragmático de los fiscales federales.
A diferencia de las designaciones políticas de “organización terrorista”, que pueden hacerse de forma unilateral por el Ejecutivo, en un juicio penal la fiscalía está obligada a, por un lado, probar la existencia real de la estructura jerárquica de la organización y por otro, demostrar con evidencia que el acusado es el cabecilla de dicha estructura.
Al caracterizar la red como un sistema de clientelismo y corrupción, el Departamento de Justicia simplifica su carga probatoria, enfocándose en el flujo de dinero y la protección de actividades ilícitas en lugar de intentar demostrar la logística de un cártel que muchos consideran inexistente como entidad única.
