Más de la mitad de las casi 400 propuestas presentadas por escrito ante la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral se concentran en modificar los mecanismos de representación política o en reducir y reordenar el financiamiento y la fiscalización de los recursos que reciben los partidos políticos, de acuerdo con el balance preliminar de las iniciativas recibidas.
Desde octubre pasado, la comisión puso en marcha audiencias públicas para recabar opiniones de ciudadanos, especialistas, institutos y otros actores interesados en el proceso de reforma. De manera paralela, habilitó una ventanilla para la recepción de propuestas escritas, que hasta el fin de semana sumaban 383 documentos, aunque aún quedaban pendientes de actualización algunos textos enviados recientemente.
Dentro de este conjunto, al menos 51 iniciativas plantean de forma explícita modificar la asignación de legisladores plurinominales en el Congreso de la Unión, con propuestas que van desde la reducción hasta la eliminación de estos espacios. En tanto, por lo menos 21 documentos solicitan de manera específica disminuir el financiamiento público a los partidos políticos.
La figura de la representación proporcional fue uno de los temas que generó mayor diversidad de planteamientos. Algunas propuestas subrayan que los plurinominales surgieron para evitar la sobrerrepresentación de las mayorías y garantizar la inclusión de fuerzas políticas minoritarias, por lo que se les considera un mecanismo de equilibrio y pluralidad dentro del sistema democrático.
Otras iniciativas, sin embargo, sostienen que los cargos legislativos deben ganarse exclusivamente por la vía del voto directo en los distritos, por lo que proponen eliminar por completo los espacios plurinominales. También se presentaron alternativas intermedias, como reducir su número, adoptar esquemas similares a los aplicados en la Ciudad de México o asignar los escaños a los mejores segundos lugares por región.
En materia de financiamiento, aunque las propuestas muestran enfoques distintos, coinciden en la necesidad de disminuir de manera sustancial los recursos públicos destinados a los partidos políticos, limitar el gasto en campañas y reducir los costos de los procesos electorales, con el objetivo de construir un sistema más austero y eficiente.
