La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció sobre la compra de nueve camionetas blindadas tipo Jeep Grand Cherokee por parte de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y sostuvo que es el propio Poder Judicial el que debe informar con claridad sobre esta adquisición, su justificación en materia de seguridad y los criterios utilizados por su órgano administrativo.
Durante su posicionamiento, la mandataria federal explicó que, tras conocer la información sobre la compra de los vehículos —cuyos precios oscilan entre 1.1 y 1.8 millones de pesos por unidad, sin considerar el blindaje— solicitó detalles a través de la Secretaría de Gobernación, a fin de conocer el contexto de la decisión tomada por la SCJN.
De acuerdo con lo informado a su gobierno, Sheinbaum indicó que el Comité de Administración del Poder Judicial señaló que existía previamente un contrato de renta de vehículos, el cual fue sustituido por la compra directa de las unidades, decisión que —según la información institucional— habría generado un ahorro superior a mil millones de pesos.
No obstante, la presidenta subrayó que corresponde exclusivamente a la Suprema Corte explicar de manera pública si la adquisición de las camionetas responde a una situación específica de riesgo o amenaza contra las ministras y ministros, así como transparentar los argumentos que sustentaron la decisión administrativa.
Finalmente, Sheinbaum puntualizó que su gobierno únicamente dio a conocer la información que le fue proporcionada por los canales institucionales, y reiteró que la responsabilidad de detallar y justificar la compra recae en el Poder Judicial, en el marco de la rendición de cuentas.
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