La tragedia que sacudió a Hermosillo vuelve al centro de la agenda pública. A casi tres meses del incendio ocurrido el 1 de noviembre de 2025 en una tienda Waldos, un juez dio un paso decisivo: seis personas físicas y una persona moral fueron vinculadas a proceso por su probable responsabilidad en los hechos que cobraron 23 vidas.
La resolución se dio durante la continuación de la audiencia encabezada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, que informó que el Juez de Control encontró indicios suficientes para abrir formalmente un proceso penal contra los imputados. El caso, considerado de alto impacto social, entra así en una nueva etapa judicial.
La Fiscalía sostuvo que esta determinación marca un avance relevante en el esclarecimiento del siniestro, al reconocer que existen bases sólidas para investigar responsabilidades individuales y corporativas.
Los delitos que están bajo la lupa
Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó pruebas periciales, testimoniales y documentales que permitieron acreditar tanto la existencia del incendio como la probable responsabilidad penal de los involucrados.
Los delitos imputados incluyen homicidio, diversos tipos de lesiones, daños y aborto, todos a título culposo, además de incumplimiento de un deber legal y uso de documentos falsos.
La Fiscalía precisó que la imputación se realizó de manera diferenciada, considerando el grado de participación de cada persona y el rol de la empresa dentro de los hechos que derivaron en la tragedia.
Medidas cautelares y prisión preventiva
El Juez de Control resolvió que la mayoría de los imputados enfrenten el proceso en libertad, bajo medidas cautelares, entre ellas la presentación periódica ante la autoridad, el pago de una garantía económica y la prohibición de salir del estado.
Sin embargo, para el representante legal de la empresa, el juzgador ordenó prisión preventiva justificada. Esta medida no ha sido ejecutada debido a una suspensión concedida vía juicio de amparo, situación que —de acuerdo con la Fiscalía— será impugnada.
Además, se fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria, periodo en el que se buscará robustecer el acervo probatorio y avanzar hacia el total esclarecimiento del caso.
Dos personas no vinculadas y una apelación en puerta
Durante la misma audiencia, el Juez determinó no vincular a proceso a dos personas: en un caso, por considerar prescrita la posible conducta delictiva; en el otro, por estimar que no se acreditó su probable responsabilidad.
La Fiscalía dejó clara su postura: no comparte el criterio judicial y anunció que apelará la decisión, al considerar que sí existen elementos suficientes para que ambos casos sean revisados por una instancia superior.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora reiteró su compromiso con las víctimas y sus familias, asegurando que continuará con las investigaciones para garantizar el acceso a la justicia y el debido proceso.
El incendio de la tienda Waldos no solo dejó una cifra devastadora de 23 personas fallecidas; hoy, también mantiene abierto un proceso judicial que comienza a delinear responsabilidades penales y que seguirá bajo la mirada pública en los próximos meses.
