(13 de noviembre, 2013).- La pretensión de los países que participan en las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) de regular los contenidos de internet, no es una medida válida para proteger los derechos de autor y va en contra de la recién aprobada Reforma en Telecomunicaciones, advirtió el presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), Agustín Ramírez.
De acuerdo con un documento que Wikileaks filtró a varias organizaciones y medios en el mundo hace unas horas, se aplicarían sanciones contra aquellos proveedores que no realicen sus respectivas tareas de fiscalización; además, en caso de alguna disputa por contenidos de autor, será un panel internacional quien dirima el asunto. Cualquiera que sea su decisión, deberá ser acatada por las naciones que firmen.
El borrador del acuerdo –al que llegarían los 12 países negociantes del TPP, entre los que se incluyen Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia, Malasia, Chile, Singapur, Perú, Vietnam y, por supuesto, México– también refiere que los proveedores de servicios de internet tendrán que cooperar con los dueños de los derechos de autor para impedir la piratería y tendrán que bajar su contenido.
El presidente de la Amedi sostiene que estas disposiciones limitarían la posibilidad de que en un mediano plazo más mexicanos tengan acceso a servicios de banda ancha. Por tanto, exhortó al gobierno mexicano a transparentar la negociación que, hasta este momento, ha sido cerrada para la sociedad, “porque de otra manera no podemos defendernos como usuarios ni tendremos oportunidad de protestar”.
Asimismo, instó al Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) a informar públicamente sobre el encuentro en el que participó ya que, constitucionalmente, tiene la facultad de regular y velar por la neutralidad de la red; es decir, que los prestadores de servicios por internet den acceso libre a los ciudadanos, e impedir que sean ellos quienes censuren lo que debe o no debe circular en redes.
En el documento filtrado de la TPP, se asegura que es necesario dar “relevancia al papel de la propiedad intelectual en promover el desarrollo económico y social, particularmente respecto de la nueva economía digital, innovación tecnológica, transferencia y el intercambio de tecnología y comercio”.
Por tanto, el reglamento mencionado se aplicaría al contenido protegido por derecho de autor. El borrador señala que habría incentivos legales para aquéllos que acaten estos procedimientos o acciones contra que no lo hagan. Según el texto, el gobierno canadiense propuso incluso que sean removidos los materiales o que se limite el acceso al contenido.
En este sentido, Ramírez puntualizó que el argumento de los derechos de autor es inutilizable porque, si bien es cierto que los derechos deben ser protegidos, la sociedad también tiene derecho de acceder a internet y a estar informada. “La regulación debe existir, pero no a costa de la desprotección de los usuarios y que la industria se lave las manos”, concluyó.
