El exalcalde de Tequila, Diego “N”, fue vinculado a proceso por delincuencia organizada con fines de secuestro y secuestro agravado, luego de que un juez considerara suficientes los datos de prueba que lo señalan por ordenar la privación ilegal de la libertad de dos precandidatos de Morena en 2021 para obligarlos a renunciar.
La determinación judicial abre un frente penal que, en caso de sentencia condenatoria, podría derivar en penas de 40 a 90 años de prisión.
La audiencia: pruebas válidas y reclasificación del delito
En la continuación de la audiencia de imputación, el juez de control Mario Elizondo Martínez dio por válidos los elementos presentados por la Fiscalía General de la República (FGR) contra Diego Rivera Navarro y sus colaboradores.
De acuerdo con la indagatoria, en marzo de 2021 fueron secuestrados Guillermo Cordero García, precandidato de Morena a la presidencia municipal de Tequila, y su suplente Julio Alejandro García Gutiérrez. Ambos habrían sido golpeados y torturados para forzarlos a firmar su renuncia ante un notario de Tapalpa, bajo amenazas y violencia, con el objetivo de eliminar competencia política.
El juez reclasificó la conducta como delincuencia organizada con fines de secuestro, agravada por tratarse de servidores públicos, lo que elevó el rango de penalidad.
Altiplano y penales federales
Rivera Navarro, señalado por presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), permanecerá en prisión preventiva en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano.
Sus excolaboradores Juan Manuel Pérez Sosa (director de Seguridad Pública) y Juan Gabriel Toribio Villareal (director de Catastro Municipal) enfrentarán proceso en el penal federal número 14 de Chiapas. En tanto, Isaac Carbajal “N”, exdirector de Obras Públicas, comparecerá en otra audiencia por portación de arma y posesión de drogas.
El juez otorgó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.
Testimonios protegidos y presunto esquema de control
Durante la audiencia, la defensa del exalcalde sostuvo que el proceso tenía un trasfondo político y diferencias personales; sin embargo, el juez desestimó ese argumento ante la gravedad de los señalamientos y los indicios de presunta colusión con el CJNG.
Las investigaciones, tanto federales como estatales, incluyen testimonios protegidos de servidores municipales, quienes habrían descrito un esquema sistemático de extorsión, falsos esquemas de multas, control político y desvío de recursos públicos desde el ayuntamiento.
Entre los señalamientos se reporta el cobro de “derecho de piso” a negocios, con montos que iban desde 500 pesos hasta millones, según el giro. Una empresa tequilera presentó una denuncia por cobros de hasta 60 millones de pesos. También se abrieron carpetas por amenazas y violencia política.
Otros expedientes y proceso interno en Morena
La FGR documentó que en mayo de 2025, Rivera Navarro fue citado a declarar por la presentación del grupo Los Alegres del Barranco en un evento público donde se proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del CJNG.
Hasta ahora, ni el exalcalde ni sus funcionarios han sido vinculados por el delito de extorsión.
En paralelo, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena inició un proceso de expulsión, suspendiendo de manera cautelar sus derechos partidarios mientras se esclarecen los hechos. El partido también revisa la promoción de afiliaciones mediante rifas de automóviles, práctica señalada como indebida.
El expediente interno aclara que la suspensión no prejuzga responsabilidades y que la resolución dependerá del avance de las investigaciones y de las pruebas presentadas por la FGR y las partes involucradas.
La vinculación a proceso profundiza la crisis institucional en el municipio jalisciense, reconocido por su producción tequilera y su peso turístico. Hace unos días, el Cabildo designó a Lorena Marisol Rodríguez Rivera como alcaldesa interina, mientras continúan las investigaciones que mantienen al caso bajo atención nacional.
