La situación jurídica de Javier Duarte de Ochoa dio un giro drástico, aunque el exmandatario veracruzano se preparaba para recuperar su libertad en apenas dos meses, un juez de control del Reclusorio Norte determinó vincularlo a proceso por el delito de peculado.
La acusación, presentada por la Fiscalía General de la República (FGR), señala a Duarte por el presunto desvío de 5 millones de pesos de origen federal. Según las investigaciones, estos recursos estaban etiquetados originalmente en 2012 para programas de asistencia social, específicamente para apoyar a niños, adultos mayores y personas con discapacidad en casas hogar. En lugar de llegar a sus beneficiarios, el dinero habría sido utilizado para cubrir nóminas y otros gastos del gobierno estatal.
Con esta resolución, el juez impuso la medida de prisión preventiva justificada, lo que significa que el exgobernador no podrá salir de prisión mientras se desarrolla este nuevo juicio, el cual tendrá un periodo de seis meses para la investigación complementaria.
De la extradición a nuevos procesos
El historial judicial de Javier Duarte ha sido largo y complejo, marcado por su huida del país y múltiples acusaciones de corrupción:
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2017: Tras permanecer prófugo, fue detenido en un hotel de Guatemala y extraditado a México para enfrentar a la justicia.
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2018: Se declaró culpable de los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, recibiendo una sentencia de nueve años de prisión.
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2025-2026: A medida que se acercaba el cumplimiento de su condena original (prevista para el 15 de abril de 2026), las autoridades reabrieron expedientes y presentaron nuevas pruebas sobre el manejo irregular de fondos públicos durante su administración (2010-2016).
Este nuevo proceso por peculado representa el obstáculo legal más reciente que posterga de manera indefinida su posibilidad de quedar en libertad.
La audiencia, que se prolongó por casi 11 horas, estuvo llena de argumentos encontrados entre la defensa y el Ministerio Público:
“La prioridad es garantizar que el daño al erario no quede impune, especialmente cuando se trata de recursos destinados a los sectores más necesitados, como niños y ancianos”, señalaron representantes de la Fiscalía tras obtener la vinculación.
Por otro lado, Javier Duarte mantuvo una postura de rechazo total a los cargos durante su intervención ante el juez:
“Se trata de una bola de sandeces; la instrucción es que no salga de la cárcel por motivos políticos”, afirmó el exgobernador, argumentando que él no era el responsable directo del manejo financiero de la tesorería estatal.
Sin embargo, el juez Gustavo Aquiles Villaseñor desestimó estos argumentos, señalando que existen indicios suficientes para creer que Duarte participó en el esquema que permitió la salida irregular de los fondos.
