En un paso decisivo hacia la transformación del sistema judicial mexicano, la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) suscribieron un Convenio Marco de Colaboración que busca saldar la deuda histórica del Estado con los sectores más vulnerables.
El acuerdo, suscrito por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz y Adelfo Regino Montes, director general del INPI, tiene como objetivo fortalecer el acceso efectivo a la justicia de los pueblos originarios y afromexicanos desde un enfoque intercultural, lingüístico, territorial y de género, con pleno respeto a sus formas de gobierno, organización, sistemas normativos y jurisdicciones indígenas.
“Necesitamos innovar, necesitamos nuevos métodos, nuevas formas y también el compromiso de ustedes”, expresó el ministro presidente ante autoridades de diversas comunidades.
Asimismo, reconoció que una tarea fundamental de la actual integración de la SCJN es encontrar los mecanismos para atender a los sectores históricamente olvidados.
Responder a la realidad comunitaria, una deuda histórica
Adelfo Regino Montes, director general del INPI, destacó que este convenio “siembra una semilla” como un acto de justicia elemental para quienes históricamente han sido excluidos de las esferas normativas, institucionales y jurisdiccionales.
“todas y todos aportaremos nuestras mejores capacidades y, sobre todo, nuestra vocación de servicio a nuestros pueblos. Ese es el nuevo espíritu de esta Corte: la plena convicción de que, al poner la justicia al servicio de los más pobres, dignificamos la noble tarea jurisdiccional”, afirmó.
Al referirse a la firma del convenio, la ministra Loretta Ortiz Ahlf señaló que los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas no son parte del pasado, sino sujetos colectivos de derecho, titulares de la libre autodeterminación, portadores de sistemas normativos propios y actores centrales de la vida democrática.
Por ello, subrayó, garantizar su acceso pleno a la justicia forma parte de una deuda histórica del Estado mexicano.
En su intervención, la ministra Yasmín Esquivel Mossa enfatizó que el Poder Judicial tiene la responsabilidad de garantizar que sus resoluciones incorporen un enfoque intercultural real, no solo declarativo.
Ello implica, explicó, considerar los contextos comunitarios, las prácticas normativas propias, las condiciones lingüísticas y las desigualdades estructurales que influyen en el acceso a la justicia.
“No existe transformación sin la autodeterminación de los pueblos”
En el acto protocolario, en el que también participaron la ministra Sara Irene Herrerías Guerra y el magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Gilberto Bátiz García, el ministro Irving Espinosa Betanzo afirmó que no es posible construir una nación desde el odio, el racismo o el clasismo.
En ese sentido, sostuvo que México no puede entenderse sin los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Durante la reunión, Humberto Henderson, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señaló que el encuentro entre jueces de la justicia ordinaria y jueces comunitarios envía un mensaje claro a la comunidad internacional: “no puede haber uno encima del otro”.
Por su parte, la coordinadora general del Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas, Yaneth Cruz Gómez, afirmó que en esta nueva etapa no puede haber justicia sin los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
“No puede hablarse de una transformación verdadera si no se respeta la libre determinación y la autonomía. La diversidad de México no es un adorno cultural, es la raíz misma de la nación y, como lo establece la Constitución, se sustenta en la grandeza de sus pueblos y su cultura”, puntualizó.
Armando Vicente García, presidente de la Unión Liberal de Ayuntamientos del Distrito de Ixtlán (ULADI), en la Sierra Juárez de Oaxaca, exhortó a las y los integrantes del Máximo Tribunal a retomar la experiencia de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Asimismo, ratificó que “nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”.
