La caída de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, ha generado un sismo en la estructura comercial de México. De acuerdo con los reportes más recientes de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), cerca de un millón de negocios en el país sufrieron afectaciones directas e indirectas debido a la violencia y los bloqueos derivados del abatimiento del líder criminal.
A pesar de que la mayoría de los comercios han intentado retomar su actividad cotidiana, la cifra de resistencia es preocupante: el 5% de esos establecimientos aún no ha podido reabrir sus puertas. Esta parálisis no solo representa una pérdida de ingresos para los propietarios, sino que pone en riesgo miles de empleos en las regiones donde el control delictivo era más severo.
El impacto actual no es un evento aislado, sino la culminación de años de asedio criminal sobre el sector servicios y turismo. Durante la última década, el crecimiento del grupo delictivo liderado por Oseguera Cervantes impuso una economía de guerra sobre los pequeños y medianos empresarios.
La trayectoria de este conflicto se marcó por un aumento sistemático en el costo de operación. Los comerciantes se vieron obligados a destinar porcentajes crecientes de sus utilidades al pago de seguridad privada y, de manera más grave, al pago de cuotas por extorsión. Esta situación alcanzó un punto crítico con los operativos recientes, que si bien lograron el objetivo de abatir al líder del grupo, provocaron una respuesta violenta que paralizó las cadenas de suministro y el flujo de clientes en diversas entidades del país.
El dividendo de la seguridad: un ahorro del 2% del PIB
A pesar del escenario de incertidumbre inmediata, analistas económicos y representantes del sector empresarial coinciden en una proyección optimista a mediano plazo. Se estima que la desarticulación de esta estructura criminal podría generar ahorros cercanos al 2% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.
Este ahorro no proviene de un presupuesto gubernamental, sino de la liberación de recursos que antes eran absorbidos por el crimen. Al eliminarse de forma progresiva el “cobro de piso” y las extorsiones, el capital que antes se entregaba a la delincuencia podrá ser reinvertido en inventarios, infraestructura y contratación de personal. Además, se espera que el gasto familiar se reactive en zonas donde el miedo impedía el consumo en espacios públicos.
Octavio de la Torre, presidente de la Concanaco, ha sido enfático al señalar que el gobierno debe garantizar que este vacío de poder no sea llenado por nuevas células delictivas que intenten replicar el modelo de extorsión. Según el líder empresarial, la confirmación de un millón de empresas afectadas es un llamado de atención sobre la vulnerabilidad del comercio establecido.
Por otro lado, especialistas en economía política destacan que el costo de la inseguridad ha sido, durante años, el principal freno para la competitividad de México. La posibilidad de recuperar ese 2% del PIB representaría un impulso mayor al de cualquier programa de estímulo fiscal implementado anteriormente.
La prioridad inmediata, coinciden las fuentes, es el rescate de ese 5% de comercios que aún permanecen cerrados. La reapertura total será la señal definitiva de que el sector comercial ha superado uno de los periodos más oscuros en cuanto a seguridad operativa en la historia reciente del país.
