El Senado de la República aprobó llamar a una reunión de trabajo a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y al fiscal estatal, César Jáuregui Moreno, con el fin de que expliquen los detalles del operativo en la Sierra Tarahumara que derivó en la muerte de ciudadanos estadounidenses y funcionarios mexicanos.
La convocatoria fue avalada en comisiones con mayoría de votos y se prevé que el encuentro se realice el próximo 28 de abril. El objetivo es aclarar las circunstancias en las que ocurrió el despliegue de seguridad, así como el presunto involucramiento de agentes extranjeros en territorio nacional sin notificación a autoridades federales.
El caso ha generado tensiones por posibles implicaciones en materia de soberanía, luego de que desde el gobierno federal se señalara que no existió comunicación previa sobre la participación de personal vinculado a agencias de inteligencia. Esto llevó incluso al envío de una nota diplomática para solicitar información al gobierno de Estados Unidos.
La decisión legislativa también abrió un debate político y jurídico sobre los alcances del Senado para citar a autoridades estatales. Mientras algunos legisladores defienden la medida como necesaria para transparentar los hechos, otros advierten que podría exceder las facultades constitucionales, en un contexto donde la seguridad nacional y la coordinación entre niveles de gobierno están en el centro de la discusión.
