(16 de noviembre, 2013).- Durante este fin de semana, sábado 16 y domingo 17 de noviembre, integrantes de la comunidad de la diversidad sexual del estado de Chiapas marcharán desde dos ciudades hasta el penal de Tonalá para exigir la libertad de Alejandra Isabel Rivera López, acusada de un secuestro que, según sus familiares, no cometió.
Detenida el pasado 10 de noviembre sin una orden de aprehensión y golpeada por los policías ministeriales que llegaron a su domicilio y la trasladaron al Ministerio Público, fue obligada a firmar una declaración sobre hechos que le eran ajenos. Alejandra, de 19 años, es acusada de privación ilegal de la libertad y trata de personas. Sus familiares y amigos aseguran que la verdadera razón de que se encuentre detenida es que mantenía una relación con una chica, de cuyo secuestro se le acusó.
En conferencia de prensa, María Libia Rivera López, madre de la acusada, detalló la detención y relató que los policías la llamaron “marimacha” y que, al sacarla de su casa, le dijeron “vamos a ver ahora qué tan hombrecito eres”. De acuerdo con Bertha Rivera López, tía de la detenida, quienes interpusieron la denuncia fueron Jorge Sánchez Alemán y Matilde Espinosa Santos, los padres de la chica menor de edad que mantiene una relación sentimental con Alejandra Isabel desde hace 6 meses.
Aunque el delito que se le imputa a Alejandra es secuestro, el mismo día de la detención Sánchez y Espinosa llevaron a su hija a la Procuraduría para declarar contra su pareja. Hasta ahora el abogado defensor no ha podido pasar y la familia sólo ha podido entregar unas cartas –certificadas por un notario público– que la joven le enviaba a Alejandra como pruebas de que su relación era consensuada.
El caso de Alejandra se suma a los tantos de discriminación que ya existen en México. De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) de enero de 2011 a marzo de 2013 se registraron 377 casos de este tipo contra personas de la comunidad de la diversidad sexual.
En un reporte sobre la discriminación en México en 2012, se asentó que en distintas áreas, como salud y alimentación, esta comunidad enfrenta varias actitudes discriminatorias que contravienen los principios éticos fundamentales de la medicina y el derecho a la igualdad.
Del total de población en México, 50.8 por ciento son mujeres y, de acuerdo con una encuesta practicada por el Departamento de Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco de ese porcentaje, 8 por ciento son lesbianas y bisexuales. Todas ellas han sufrido algún tipo de violencia o rechazo.
Según el mismo estudio, de cada 10 agresores en contra de lesbianas u homosexuales, 4 son compañeros de escuela, 2 son vecinos y 3 son parientes cercanos. De los entrevistados, el 70 por ciento sintió alguna vez que su preferencia sexual avergonzaba a su familia y amigos; el 68 por ciento tiene que fingir ser heterosexual para ser aceptado y el 29 por ciento se alejó de su familia por dichas razones.
En nuestro país, según un estudio de Ángela Guadalupe Alfarache para el Conapred, Análisis de la invisibilidad en las políticas públicas hacia las lesbianas en México, hay una invisibilidad de las lesbianas en las políticas públicas, pues en la mayoría no se les especifica como un grupo vulnerable o víctima de discriminación por su preferencia sexual.
Luego de analizar los planes y programas de gobierno referentes a los derechos humanos de dicho sector de la población, Alfarache asegura que es importante, en términos del derecho a la justicia, promover acciones en los ámbitos de la seguridad pública y la procuración de justicia, a fin de garantizar la salvaguarda de su integridad y seguridad.
Mientras tanto, la familia y amigos de Alejandra demandarán, con la movilización de mañana –desde Tuxtla Gutiérrez y Arriaga–, la inmediata liberacion de la chica y un castigo a todos aquellos que actuaron de forma discriminatoria durante su proceso.
