En una reciente declaración que ha sacudido el entorno deportivo y político del estado, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, lanzó duras acusaciones contra el empresario Ricardo Salinas Pliego. El mandatario estatal señaló que la adquisición y operación del Club Puebla se realizó a través de un contrato leonino, un término legal que se refiere a acuerdos donde todas las ventajas son para una parte y todas las obligaciones o pérdidas para la otra.
De acuerdo con el gobernador, este esquema ha permitido que el equipo sea utilizado como una “caja chica”, priorizando los beneficios económicos particulares por encima del desarrollo deportivo y el arraigo con la afición poblana.
La controversia sobre quién es el verdadero dueño de “La Franja” no es nueva, pero ha escalado a niveles oficiales este 2026. A continuación, se presenta una síntesis de la trayectoria de este conflicto:
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El origen del control (2015-2016): Tras la salida de los anteriores dueños, el club comenzó a operar bajo la razón social Operadora de Escenarios Deportivos. Aunque públicamente se presentaba a otros empresarios al frente, investigaciones señalaron que los representantes legales estaban directamente ligados a TV Azteca y al antiguo Monarcas Morelia.
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Señalamientos de simulación (2025): A mediados del año pasado, surgieron reportes sobre el uso de supuestos prestanombres para ocultar la propiedad real de Salinas Pliego. Esto tendría el objetivo de evitar las reglas de multipropiedad de la Liga MX y reducir cargas fiscales.
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Ruptura institucional (Enero 2026): El Gobierno de Puebla reveló que se negó a firmar contratos de publicidad y servicios con empresas del Grupo Salinas que sumaban más de 2,300 millones de pesos, calificando la exigencia como un intento de chantaje.
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La acusación actual (Marzo 2026): El gobernador Armenta formaliza la postura de su administración, denunciando que el contrato actual de operación es abusivo para el estado y ha derivado en un “saqueo” del equipo.
El mandatario estatal fue enfático en sus declaraciones durante su rueda de prensa, destacando los puntos que más afectan a la identidad del club:
“El equipo podrá recuperar un mejor desempeño cuando deje de operar como una caja chica y se enfoque en un proyecto deportivo con arraigo.”
Armenta también cuestionó la política de transferencias, señalando que la rotación constante de jugadores solo busca el beneficio económico inmediato, dejando al equipo sin una base sólida para competir. Por su parte, la administración estatal ha reiterado que su prioridad será rescatar las fuerzas básicas y apoyar el talento local, alejándose de los esquemas de negocios que han imperado en los últimos años.
Hasta el momento, se espera una postura oficial por parte de los representantes del club o del grupo empresarial señalado ante estas acusaciones de “saqueo” y uso de contratos abusivos.
