- Tras su detención, un juez federal determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva mientras continúan las diligencias para esclarecer los hechos y determinar la situación jurídica de la exfuncionaria.
La exdiputada y funcionaria municipal de Monterrey, Karina Barrón Perales, ofreció una disculpa pública y reconoció su responsabilidad en los hechos que derivaron en un proceso judicial en su contra, relacionado con presuntas irregularidades en declaraciones presentadas ante autoridades. La acción se produce en el marco de la investigación iniciada por instancias federales tras una denuncia presentada por el senador Waldo Fernández.
Barrón fue detenida a inicios de marzo por elementos federales en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, y posteriormente puesta a disposición de la Fiscalía General de la República. La investigación se relaciona con una presunta falsedad en declaraciones y posibles actos de extorsión vinculados a un caso surgido durante el proceso electoral de 2024.
Tras su detención, un juez federal determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva mientras continúan las diligencias para esclarecer los hechos y determinar la situación jurídica de la exfuncionaria. En la audiencia inicial, la defensa solicitó la ampliación del plazo constitucional para que se defina su posible vinculación a proceso.
El caso se originó a partir de una denuncia presentada por el senador de Morena Waldo Fernández, quien sostuvo que existieron irregularidades en una acusación presentada previamente en su contra. Las autoridades federales señalaron que el asunto se mantiene en el ámbito legal y que corresponde a los tribunales determinar las responsabilidades correspondientes.
Desde el gobierno federal se ha reiterado que las instituciones encargadas de la procuración de justicia actúan con apego al Estado de derecho y al debido proceso, subrayando que las investigaciones deben resolverse mediante los mecanismos legales establecidos.
La situación de Barrón se desarrolla en medio de un proceso judicial que continúa en curso y que busca esclarecer las circunstancias de las denuncias presentadas, mientras las autoridades mantienen abiertas las indagatorias para determinar responsabilidades conforme a la legislación vigente.
