El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, en Nueva York, rechazar la apelación presentada por la defensa de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, contra su condena de 38 años de prisión por narcotráfico y delincuencia organizada.
En el documento de la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, a través de Joseph Nocella, se defendió la solidez del caso construido durante el juicio de cinco semanas celebrado en Brooklyn, donde el exsecretario de Seguridad Pública fue declarado culpable en febrero de 2024.
“Las pruebas presentadas en este juicio de cinco semanas demostraron que García Luna era un funcionario corrupto (…) que aceptó millones de dólares en sobornos”, señala el escrito entregado al tribunal.
En el mismo, se detalla la colaboración del exfuncionario con el Cártel de Sinaloa.
Cabe recordar que durante el juicio se presentaron más de 25 testigos, así como documentos y análisis financieros que acreditan el pago de sobornos millonarios y la asistencia brindada a la organización criminal, incluyendo la facilitación del tráfico de drogas y el suministro de información y recursos.
La fiscalía también aseguró que existen pruebas de que García Luna intentó sobornar a internos en la cárcel de Brooklyn para manipular testimonios a su favor, lo que, afirma, refuerza la validez de la condena dictada el 18 de octubre de 2024 por el juez Brian Cogan.
Defensa de García Luna asegura irregularidades
Por su parte, la defensa de García Luna argumenta que el proceso estuvo marcado por irregularidades, como presunto perjurio de testigos, restricciones en los contrainterrogatorios, fallas en la entrega de pruebas y la negativa de acceso a información clasificada, además del uso indebido de evidencia sobre su patrimonio.
Sin embargo, la fiscalía rechazó estos señalamientos y aseguró que se entregó a la defensa más de un millón de documentos, en cumplimiento con los estándares legales.
Asimismo, calificó como “errores menores” o “inofensivos” las inconsistencias detectadas en algunos testimonios, los cuales, consideró, no afectan el fondo del caso.
