La presidenta Claudia Sheinbaum fijó postura frente a la cancelación de permisos a organizaciones civiles para operar como donatarias autorizadas: no fue una decisión política. Según explicó, se trata de evaluaciones técnicas realizadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
“Les voy a ser muy franca, no sabía (de) las organizaciones; es un análisis técnico del SAT”, sostuvo al ser cuestionada sobre el retiro de autorizaciones fiscales.
La mandataria fue clara en deslindar a su gobierno de cualquier intervención directa en estos procesos:
“No es que el SAT me pregunte: ‘oiga presidenta, le quito a esta organización la posibilidad de que no pague impuestos por una donación’, sino que son evaluaciones estrictamente técnicas”.
Más de 100 ONG pierden permisos: el argumento del SAT
De acuerdo con información oficial, más de 100 organizaciones de la sociedad civil perdieron la autorización para recibir donativos, mientras que otras 13 fueron dadas de baja del esquema de donatarias autorizadas.
El motivo central, según el SAT, es que “no reúnen los requisitos relativos a la autorización para recibir donativos deducibles conforme a las disposiciones legales vigentes”.
En el listado aparecen organizaciones conocidas como Mexicanos Primero, México Evalúa y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), dedicadas a temas educativos, análisis de políticas públicas y desarrollo económico.
El antecedente: revisiones desde el sexenio anterior
Sheinbaum también puso sobre la mesa un caso que ya había sido revisado en la administración pasada:
“¿Mexicanos Contra la Corrupción o Mexicanos Por la Corrupción?”
Así lo dijo con ironía al referirse a esa organización, que perdió su autorización durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
En ese expediente, explicó, el argumento del SAT fue la recepción de recursos provenientes del extranjero, lo que derivó en la pérdida del estatus como donataria autorizada.
“Yo no ordeno al SAT”: decisión fiscal, no presidencial
La presidenta insistió en que este tipo de resoluciones no pasan por la aprobación del Ejecutivo federal, sino que responden exclusivamente a criterios fiscales.
“Yo no ordeno al SAT porque no es una decisión política. Son decisiones técnicas”, subrayó.
De esta forma, el gobierno federal sostiene que la cancelación de permisos se enmarca en un proceso de revisión administrativa y cumplimiento de requisitos legales, sin intervención política en la determinación final.
Con este posicionamiento, la discusión sobre las donatarias autorizadas se traslada al terreno técnico, donde el cumplimiento de las disposiciones fiscales define quién puede o no acceder a los beneficios de recibir donativos deducibles de impuestos.
