El eje cambia: las víctimas y sus familias pasan al centro de la ley. La iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio incorpora un enfoque que no solo castiga, sino que garantiza derechos concretos para quienes enfrentan las consecuencias del delito.
La propuesta reconoce que un feminicidio no termina con la pérdida de una vida: impacta de forma directa a niñas, niños, adolescentes, madres, padres y hermanos, quienes ahora serán considerados de manera explícita dentro del marco legal.
“La presente ley articula todos los derechos de las víctimas y no solo para quienes lamentablemente fueron arrebatadas de la vida sino también para sus familiares y como lo decía, sobre todo los niños, niñas y adolescentes que quedan en situación de orfandad”, explicó Ingrid Gómez, subsecretaria de las Mujeres.
Derechos garantizados: de la justicia al acompañamiento integral
El proyecto establece un catálogo claro de derechos para víctimas directas e indirectas, con el objetivo de evitar el abandono institucional y asegurar acompañamiento real.
Entre los principales destacan:
- Acceso a la verdad y la justicia, con obligación de esclarecer los hechos
- Atención médica y psicológica de urgencia, tanto para sobrevivientes como familiares
- Asistencia jurídica especializada y gratuita
- Seguridad social para niñas, niños y adolescentes en orfandad
- Entrega digna del cuerpo, con acompañamiento respetuoso
- Servicios de traducción e interpretación, para garantizar acceso efectivo a la justicia
Este conjunto busca romper barreras que históricamente han dejado a las víctimas sin respaldo suficiente.
Reparación del daño: más allá del dinero
Uno de los pilares de la iniciativa es la reparación integral del daño, que deja de ser un trámite limitado a lo económico para convertirse en un proceso completo.
La ley establece que esta reparación debe ser transformadora, adecuada, efectiva, rápida y proporcional, con el objetivo de reconstruir condiciones de vida y no solo compensar la pérdida.
Además, se refuerza la obligación de que las investigaciones se realicen con debida diligencia reforzada, mediante protocolos homologados en todo el país, lo que busca garantizar que cada caso sea atendido con el mismo nivel de rigor.
Obligaciones para autoridades, medios y sociedad
La iniciativa también marca responsabilidades claras para distintos actores:
- Autoridades, obligadas a garantizar el derecho a la verdad y a actuar con perspectiva especializada
- Medios de comunicación y plataformas digitales, que deberán respetar la dignidad de las víctimas y evitar la revictimización
Este enfoque busca que el tratamiento de los casos se mantenga con respeto, precisión y responsabilidad social.
Una ley que amplía la mirada del feminicidio
La propuesta consolida un cambio de enfoque: el feminicidio se atiende no solo como un delito, sino como un fenómeno que exige respuestas institucionales completas, desde la prevención hasta la reparación.
Con ello, la ley plantea un sistema en el que la justicia no se agota en la sanción, sino que incorpora acompañamiento, protección y restitución de derechos para quienes enfrentan las consecuencias del delito.
