El Gobierno de México fijó una postura clara frente al informe del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU: rechaza su contenido por considerarlo parcial, tendencioso y alejado de la realidad actual del país. En un comunicado conjunto de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores, se señaló que el documento omite avances institucionales clave y no incorpora información actualizada presentada por el Estado mexicano.
De acuerdo con la postura oficial, el informe no coincide ni con la definición de desaparición forzada del propio Comité ni con los cambios estructurales implementados en México desde 2019, y especialmente a partir de 2025, en materia de búsqueda, identificación y atención a víctimas.
Señalan omisiones y falta de rigor
El Gobierno de México subrayó que el informe se enfoca principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, correspondientes a administraciones anteriores, y se limita a cuatro entidades federativas, lo que —afirma— reduce su alcance y lo vuelve parcial en su análisis.
Además, lamentó que el Comité haya rechazado estudiar la información actualizada entregada el pasado 27 de marzo, la cual incluía diagnósticos, avances y acciones recientes en la materia.
En el propio documento del Comité, se reconoce que “no existen indicios fundados de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil”, lo que, según el gobierno mexicano, confirma que la situación actual es distinta a la de periodos anteriores.
También se señaló una falta de rigor jurídico en la argumentación, así como posibles conflictos de interés entre integrantes del organismo, al existir vínculos con organizaciones que han presentado denuncias contra el Estado mexicano.
Reformas y herramientas que no fueron consideradas
El comunicado enfatiza que México ha impulsado una transformación institucional profunda, con reformas legales y operativas construidas en diálogo con colectivos de familiares de personas desaparecidas.
Entre las acciones destacadas, que —según el Gobierno— no fueron debidamente consideradas por el Comité, se encuentran:
- Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas
- Apertura obligatoria de carpetas de investigación desde el primer reporte
- Base Nacional de Carpetas de Investigación
- Plataforma Única de Identidad
- Fiscalías especializadas en desaparición en cada estado
- Fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses
- Refuerzo de la Comisión Nacional de Búsqueda con personal y tecnología
- Registros oficiales con datos mínimos obligatorios de identificación
- Coordinación entre fiscalías, comisiones de búsqueda y la FGR
- Integración de comisiones de víctimas al Sistema Nacional de Búsqueda
Estas medidas fueron impulsadas particularmente tras las reformas aprobadas en julio de 2025, resultado de un proceso de diálogo con familiares y colectivos.
México reafirma postura y cooperación internacional
El Gobierno reiteró que no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas, y que mantiene una política activa para erradicar este delito y garantizar verdad y justicia.
Asimismo, destacó que el país mantiene cooperación constante con organismos internacionales, lo cual ha sido reconocido por instancias como el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
Finalmente, México dejó en claro que continuará abierto a la cooperación técnica internacional, siempre que se base en diagnósticos que reflejen la realidad actual del país y consideren los avances institucionales en curso.
