El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el denominado Plan B de reforma electoral con una mayoría de 377 votos a favor —emitidos por Morena, PVEM, PT y Movimiento Ciudadano— frente a 102 sufragios en contra por parte de PAN y PRI.
El dictamen contempla modificaciones a los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución, con el objetivo de ajustar el funcionamiento de ayuntamientos, congresos locales y organismos electorales bajo criterios de austeridad.
Durante la discusión, legisladores de Morena defendieron la iniciativa al señalar que busca reducir privilegios en el aparato público, particularmente en estructuras locales y autoridades electorales, además de alinear los salarios de consejeros y magistrados con el del titular del Ejecutivo federal.
Entre los cambios planteados destaca el establecimiento de un límite de hasta 15 regidurías por municipio, así como restricciones al presupuesto de los congresos estatales, que no podrá rebasar un porcentaje específico del gasto público de cada entidad.
Asimismo, la reforma propone que las remuneraciones de funcionarios electorales no superen las del presidente de la República y elimina beneficios adicionales financiados con recursos públicos, como seguros privados o esquemas especiales de retiro.
En contraste, bancadas de oposición criticaron el proyecto al considerar que centraliza decisiones, carece de consulta suficiente y desvía la atención de otros problemas del país. A pesar de ello, la mayoría legislativa logró sacar adelante la votación en lo general.
Tras esta aprobación, el dictamen continuará su proceso legislativo con la discusión en lo particular, donde podrían presentarse reservas y ajustes antes de su eventual envío a la siguiente etapa constitucional.
