El partido Morena puso sobre la mesa una reforma que endurece las reglas en materia de seguridad nacional: destituir, sancionar e inhabilitar hasta por 20 años a funcionarios que permitan la operación de agentes extranjeros en México sin autorización federal.
La iniciativa, presentada en la Cámara de Diputados por el diputado Juan Carlos Varela, plantea modificaciones a la Ley de Seguridad Nacional y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con el objetivo de cerrar cualquier puerta a colaboraciones fuera del control federal.
Prohibición directa y control centralizado
El eje de la propuesta es claro: ninguna autoridad estatal o municipal podrá establecer acuerdos o colaboración operativa con gobiernos o agencias extranjeras en territorio mexicano sin el aval correspondiente.
La reforma busca incorporar el artículo 5 Bis y una nueva fracción XIV para establecer que toda cooperación internacional en materia de seguridad deberá ser autorizada, coordinada y supervisada exclusivamente por el Ejecutivo federal.
Falta grave: permitir o facilitar presencia extranjera
El proyecto también incorpora el artículo 64 Quinquies, que define como falta administrativa grave cualquier acción u omisión de un servidor público que:
- Autorice, permita, facilite o tolere la participación de agentes o corporaciones extranjeras en tareas de seguridad, inteligencia o investigación sin autorización federal.
- Celebre o promueva acuerdos que impliquen intervención operativa extranjera fuera de los mecanismos establecidos.
- Omita impedir estos actos cuando tenga la obligación legal de hacerlo.
Estas conductas, según la iniciativa, representan una afectación directa a la soberanía nacional y a la seguridad del Estado mexicano.
Sanciones: del cargo a la inhabilitación de largo plazo
La reforma propone ajustar el artículo 78 para imponer sanciones que van desde suspensión de 30 a 90 días, hasta destitución, sanciones económicas e inhabilitación para ocupar cargos públicos o contratar con el gobierno.
En términos de tiempo, la iniciativa contempla:
- De 1 a 10 años de inhabilitación si el daño económico no supera 200 veces el valor diario de la UMA.
- De 10 a 20 años si rebasa ese límite.
- De tres meses a un año en casos sin afectación económica directa.
El tribunal competente podrá aplicar una o varias sanciones, dependiendo de la gravedad de la falta.
Contexto: el caso Chihuahua en el centro del debate
La propuesta surge tras la polémica por la presunta presencia y muerte de agentes extranjeros, vinculados a la CIA, durante un operativo antidrogas en Chihuahua, sin autorización del Gobierno federal ni del Senado.
Este contexto detonó la iniciativa que ahora busca establecer reglas claras, sanciones severas y control absoluto sobre cualquier intervención extranjera en tareas de seguridad dentro del país.
