Los recientes señalamientos del gobierno de Estados Unidos contra funcionarios mexicanos por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa no son, a ojos de distintos especialistas, solo un capítulo más de la Guerra contra las Drogas; son el preludio de una ofensiva unilateral con la que Washington pretende redefinir los límites de la soberanía mexicana.
El pasado 5 de marzo, durante la conferencia de la Coalición contra los Cárteles, el Secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, lanzó una advertencia para los cuarteles generales de América Latina al indicar que, si bien Washington prefiere luchar contra el crimen organizado, las drogas y la migración en conjunto con las autoridades locales, “Estados Unidos está preparado para afrontar estas amenazas y pasar a la ofensiva en solitario, si fuera necesario”.
Esta declaración refleja, de acuerdo a Adam Isaacson, director de Supervisión de la Defensa de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), una pretensión clara por parte del gobierno estadounidense para recurrir a la acción militar en América Latina y el Caribe.
De Caracas a Quito, EEUU impulsa distintos modelos de intervención
Para entender en qué posición se encuentra México, el analista sugiere mirar hacia el sur. El 3 de enero, la administración Trump ejecutó una operación de fuerza unilateral para expulsar a Nicolás Maduro en Venezuela. El resultado, tres meses después, es un régimen que permanece en el poder y un vacío democrático sin salida clara.
Sin embargo, el modelo que Washington busca imponer en México se asemeja más a lo que ocurre actualmente en Ecuador. Bajo el mandato de Daniel Noboa, personal militar estadounidense ya realiza “esfuerzos conjuntos de ataque”. Aunque el Pentágono asegura que sus tropas solo asesoran y planifican, la realidad es que soldados estadounidenses están en la primera línea de inteligencia y logística y los resultados iniciales evidencian los peligros de este modelo
El 6 de marzo, tras una operación basada en “inteligencia validada con EEUU”, tropas ecuatorianas afirmaron haber destruido un campamento del grupo criminal “Comandos de la Frontera”. No obstante, investigaciones de The New York Times revelaron que el objetivo real fue una granja lechera en funcionamiento, donde se destruyeron viviendas civiles.
Posteriormente, grupos de derechos humanos y prensa internacional documentaron que las tropas capturaron a cuatro jóvenes, quienes fueron golpeados, sometidos a descargas eléctricas y asfixia por inmersión para exigirles información sobre “alijos”. Tras la tortura, fueron liberados sin cargos.
Aunque el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, presumió la operación en redes sociales como un éxito en el “desmantelamiento de redes narcoterroristas”, persiste una duda letal: ¿estaban los efectivos estadounidenses presentes durante la tortura o tuvieron conocimiento de ella?
“Este es un comienzo sumamente desalentador para el nuevo modelo de ‘objetivos conjuntos'”, señala el análisis de WOLA.
La falta de rendición de cuentas pone en entredicho la legalidad del apoyo de EEUU bajo la Ley Leahy, que prohíbe ayudar a unidades extranjeras que cometan violaciones graves a los derechos humanos.
México y la resistencia de Sheinbaum ante la presión estadounidense
Según informes de The NY Times, la presión sobre la presidenta Claudia Sheinbaum es constante. De acuerdo a dicho medio, en casi cada comunicación, Donald Trump ha insistido en el despliegue de Fuerzas de Operaciones Especiales o personal de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en suelo mexicano para realizar redadas en laboratorios de fentanilo.
La propuesta estadounidense es una oferta que busca socavar la soberanía nacional bajo un disfraz de colaboración técnica. En teoría, las fuerzas mexicanas estarían oficialmente “al mando”, pero al asumir que el modelo sería similar al implementado en Ecuador, en la práctica, las tropas de EEUU proporcionarían la inteligencia en tiempo real y dirigirían la táctica en el terreno.
Hasta ahora, la presidenta Sheinbaum ha mantenido una postura de rechazo firme, pero el clima político en Washington se vuelve más agresivo y opta por la presión mediática y social con acusaciones como las realizadas contra el gobernador de Sinaloa; las cuales, de acuerdoa la Fiscalía General de la República, no están acompañadas de material probatorio.
Especialistas y documentos del Observatorio Lawfare, centro de pensamiento geopolítico dedicado a investigar la guerra jurídica como herramienta de persecución política en América Latina, recuerdan que, desde que Richard Nixon la anunció en 1971, la Guerra contra las Drogas ha cumplido más de cinco décadas. Si se midiera por su objetivo declarado de reducir el consumo, sería el fracaso más costoso de la historia, pues el consumo en el Norte Global no deja de crecer.
Esto sugiere una realidad incómoda: el objetivo real no es erradicar el tráfico, sino justificar una guerra permanente. Para un país como Estados Unidos, que solo ha estado 15 años en paz en toda su historia, la lucha contra los cárteles es la fachada perfecta para la intervención declarada o encubierta.
A pesar de las constantes críticas de académicos y organismos gubernamentales sobre la ineficacia de esta estrategia y vertientes semejantes para reducir el tráfico de estupefacientes, este enfoque ha servido como una poderosa herramienta de influencia geopolítica y militar en la región.
Un cambio de rostro: del dinero a las balas
Una investigación del Observatorio Lawfare y el Instituto Tricontinental señala que la Guerra Contra las Drogas ha operado de forma similar a los ajustes estructurales del Fondo Monetario Internacional (FMI), dado que EEUU ha condicionado su apoyo a la implementación de políticas específicas tales como la erradicación forzosa y sustitución de cultivos, criminalización del consumo y la imposición de un modelo de “seguridad multidimensional” que vincula las drogas con el terrorismo y la inestabilidad democrática.
Tras los atentados del 11 de septiembre, el discurso evolucionó para fusionar la lucha antidrogas con la guerra contra el terrorismo. Bajo el concepto de “narcoterrorismo”, instituciones como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) justificaron una mayor presencia en la región.
En años recientes, esta política ha mantenido una doble función, por un lado, facilita la entrada de capital estadounidense en economías dependientes y, más recientemente, bajo la gestión de Trump, esta estrategia se utilizó para estigmatizar y presionar a gobiernos adversos (como los de Venezuela y Bolivia), calificándolos de “autoritarios”, vinculados al tráfico de drogas e incluso utilizando la pandemia de COVID-19 como pretexto para desplegar operativos navales masivos en el Caribe.
Las investigaciones consultadas concluyen que la Guerra contra las Drogas ha funcionado menos como un mecanismo de salud y más como un marco de control político-militar que permite a Estados Unidos mantener su hegemonía en el hemisferio occidental.
Así, los señalamientos de corrupción contra funcionarios mexicanos sirven así como la justificación moral y política perfecta. Al declarar que las instituciones mexicanas están “penetradas” por el Cártel de Sinaloa, Washington construye la narrativa de que México no es un socio incapaz, sino un socio poco fiable, validando así su intención de “pasar a la ofensiva en solitario”.
Mientras las amenazas contra Cuba se renuevan y las operaciones en Ecuador muestran resultados irregulares y preocupantes, México resiste la presión del vecino del norte de cara a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (T-MEC) y en medio del combate interno a narcotráfico.
