La Fiscalía General de Justicia de Chihuahua mantuvo una investigación, omitiendo la participación de la Fiscalía General de la República (FGR), sobre narcolaboratorios en la Sierra del Pinal. Esta indagación, que duró cuatro meses, es una operación al margen de la ley federal y se realizó bajo la tutela de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos.
Fuentes del gabinete de seguridad revelaron que la autoridad estatal, encabezada hasta hace poco por el panismo, permitió la injerencia de cuatro elementos de la inteligencia estadounidense en operativos realizados entre el 17 y el 19 de abril, ignorando deliberadamente a FGR, única instancia facultada para atender delitos de este orden.
El escándalo, que apunta a una preocupante subordinación de las instituciones locales a intereses de Washington, estalló tras las contradicciones del ahora ex fiscal César Jáuregui. En un inicio, la institución estatal emitió un comunicado reconociendo la participación de la CIA en el desmantelamiento de los laboratorios; sin embargo, ante la gravedad de la confesión, intentaron retractarse sin éxito.
Delitos contra la Patria y la Constitución
La FGR, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional, ya ha iniciado una carpeta de investigación para determinar el grado de penetración de los agentes extranjeros en territorio chihuahuense.
La opacidad y el entreguismo terminaron por dinamitar la estructura de seguridad de la gobernadora, quien, tras una reunión con el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, aceptó la renuncia de Jáuregui el pasado 27 de abril.
Aunque la mandataria estatal alegó desconocimiento sobre la presencia de la CIA, el hecho de que la investigación estatal durara cuatro meses sin reportar avances a la Federación sugiere una estrategia de ocultamiento sistemático.
La investigación federal no solo busca castigar el abuso de autoridad y la obstrucción de la justicia, sino que pone sobre la mesa delitos de mayor calado relacionados con la soberanía nacional.
Los funcionarios involucrados podrían enfrentar sanciones severas por permitir que fuerzas extranjeras operen con total impunidad en suelo mexicano, una práctica que evoca los años más oscuros del intervencionismo.
