Al ritmo de una batucada, consignas y pancartas de denuncia, integrantes de diversas agrupaciones ambientalistas se manifestaron a las afueras de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para exigir la entrega de un resolutivo final firmado, acompañado de la explicación técnica y científica que respalde la determinación de no llevar a cabo el proyecto turístico Perfect Day, de la empresa transnacional Royal Caribbean.
A pesar de que esta semana la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, anunció que el megaproyecto no sería aprobado tras recibir fuertes críticas de comunidades locales y organizaciones civiles, los manifestantes aseguran que las palabras no son suficientes.
Al grito de “México no se vende, se cuida y se defiende”, “Documento firmado, el pueblo organizado” y “El que no brinca es Royal“, los activistas advirtieron que la falta de un escrito formal sobre la cancelación definitiva en Mahahual, Quintana Roo, abre la puerta a que la transnacional busque reactivar sus pretensiones en el futuro.
Cúpula empresarial lamenta el freno a la explotación transnacional en la Costa Maya
La incertidumbre de los activista no es meor, pues tras la cancelación y fiel a su histórica línea de priorizar el capital por encima del bienestar comunitario y ecológico, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Chetumal saltó en defensa de la corporación transnacional Royal Caribbean, manifestando su “profunda preocupación” tras la cancelación del depredador megaproyecto.
Para la élite patronal del sur de Quintana Roo, el freno a este complejo privado de toboganes y bares, que amenazaba los frágiles ecosistemas locales, representa la pérdida de una supuesta “oportunidad histórica”, subordinando una vez más la soberanía ambiental al libre mercado.
Bajo la narrativa del “progreso” y el desarrollo que nunca gotea hacia las clases populares, el organismo patronal emitió un comunicado en el que reclama que “el sur de Quintana Roo necesita más inversión y más empleo“.
Sin embargo, el CCE omite deliberadamente que el modelo de turismo que defienden perpetúa salarios de miseria, la precarización laboral y la privatización de las playas que pertenecen al pueblo.
Presión ciudadana frena megaproyecto
Michel Duarte, miembro de la organización Sélvame Mx, destacó que el freno a las intenciones de Royal Caribbean fue un logro directo de la presión ciudadana y ambientalista.
Además, detalló que se lograron reunir 4.8 millones de firmas en contra del megaproyecto, el cual pretendía un desarrollo masivo que incluía más de 30 toboganes, 6 piscinas, 3 playas, 12 restaurantes y 24 bares.
Por su parte, Luis Fernando Amezcua, de la agrupación Salvemos Mahahual, señaló que la movilización era pacífica y su principal objetivo es que una comisión de las agrupaciones sea recibida por las autoridades de la Semarnat, preferiblemente la maestra y Secretaria Bárcena, para recibir una copia formal del documento que echa para atrás la obra.
Como acto de protesta, los manifestantes colgaron una manta con la palabra “ECOCIDIO” en letras rojas en el puente peatonal frente a la sede de la dependencia.
Alerta por más de 15 proyectos que amenazan la biodiversidad
La protesta, la cual fue creciendo a lo largo de la mañana, no se limitó al Caribe mexicano. Los colectivos, entre los que también destaca Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), expusieron que existen al menos otros 15 proyectos en el país que actualmente destruyen la biodiversidad.
Entre los más nombrados por los activistas se encuentra el Proyecto Saguaro en Sonora, que pretende establecer una planta de gas licuado y un tránsito de buques en una zona vital para las ballenas; asimismo, la infraestructura del Corredor Costero en Piedras Pintas, también en Sonora, pone en riesgo crítico a especies de cactáceas endémicas.
También se denunció que el megaproyecto habitacional Montage en Playa Las Cocinas, Nayarit, causa daños irreversibles en un área fundamental para la anidación de tortugas marinas.
“Si no hay un documento firmado, el riesgo sigue latente”, advirtieron los colectivos, quienes mantienen la guardia en las instalaciones federales a la espera de una respuesta oficial y vinculante por parte de las autoridades ambientales.
