(10 de diciembre, 2013).- En lo que va del “gobierno” de Peña Nieto no se han reducido los índices de ejecuciones, la información, incluso oficial, revela un incremento en el número de caídos en la “guerra contra el narcotráfico”.
Por otro lado, los reportes internacionales comprueban las persistentes violaciones a los derechos humanos en los últimos doce meses de fallida administración.
Ante esta situación, Peña Nieto y sus asesores, (principalmente sus asesores), desarrollaron una estrategia, fundamentalmente de medios de comunicación, para restringir los daños a la actual administración federal.
Pese a dicha estrategia, es inevitable analizar la información de asociaciones que, a lo largo de los años, han dado un seguimiento puntual y profresional a la violencia en México, un ejemplo es el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C., quien reveló este lunes que al hacer un balance del “gobierno” de Peña Nieto en materia de seguridad, destaca que bajo la presente administración no se ha reducido el riesgo de que México caiga en la condición de Estado fallido, sino al contrario, se ha acrecentado, así que de mantenerse la tendencia observada en los últimos 12 meses, al final del sexenio, el país podría enfrentar serios problemas de gobernabilidad.
En un estudio titulado “México: ¿rumbo al Estado fallido?”, publicado en 2010, el Consejo advierte sobre el riesgo de que México cayera en esa condición caracterizada porque a la par del poder público formal hay otras fuerzas que disputan los monopolios estatales de la violencia y las exacciones. Bajo esta situación, los países sufren de un inusitado nivel de violencia, caos, destrucción de riqueza y empobrecimiento.
En la mayoría de los casos, añade el documento, se llega a la condición de Estado fallido como resultado de guerras civiles, invasiones, pero como demuestra el caso de Colombia, el actuar impune de los grupos criminales, también puede conducir a esta situación.
José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, recordó que hacia el final de la administración de Felipe Calderón eran más de un centenar los municipios en los que el poder real se encontraba en manos de grupos criminales y no en las de sus gobernantes, principalmente en los estados de Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Coahuila y Nuevo León; mientras otro centenar eran objeto de presión que hacía inminente que cayeran en la misma condición que los anteriores.
Ortega Sánchez resaltó que bajo la administración de Peña Nieto la situación se ha agravado, pues mientras no se ha recuperado el control de un solo municipio, más demarcaciones han caído en manos de los grupos criminales y sus abusos contra la población se han tornado más graves, sobre todo en los estados de Michoacán y Guerrero, situación que ha derivado en la conformación de grupos de autodefensa, que asegura, son un nuevo agente de la violencia.
“Hoy hay en el país, al menos, 207 municipios que están en la condición de ‘Estado fallido’. En esas demarcaciones los grupos criminales son un poder paralelo al Estado, en muchos casos más relevante. Esos municipios representan el 8% del total y en los mismos habita el 13% de los mexicanos”, reveló.
El consejo adjudica esta situación a que los gobiernos dieron “carta blanca” para que narcos se mataran entre sí; que los capos comprendieron que necesitaban menos de la protección de agentes del Estado, que dependían más de su capacidad de violencia y gracias a la misma podrían obtener lo que quisieran y no sólo las rentas del narcotráfico, sino las de otros giros criminales, así como las rentas ilícitas de las personas inocentes mediante la extorsión generalizada y permanente.
“En varios puntos de México por encima delas autoridades públicas, los grupos criminales son los que ejercen el poder real y disputan al Estado el monopolio de la violencia y el cobro de impuestos, pues eso viene a ser la imposición del pago periódico de ‘derecho de piso’”, concluyó Ortega Sánchez.
