(18 de diciembre, 2013).- La Procuraduría General de la República (PGR) informó que será una empresa inglesa la que realice un nuevo peritaje en las ruinas de lo que fuera la Guardería ABC, a fin de establecer el origen y las causas que provocaron el incendio y la muerte de 49 niños, donde además 70 resultaron con secuelas el 5 de junio del 2009.
La falla sistémica del Estado mexicano, la negligencia y desinterés de las autoridades responsables de la procuración y la impartición de justicia en Sonora, aunado al severo cáncer del tráfico de influencias entre familiares de la otrora familia presidencial representan los principales elementos que impiden el arribo de la anhelada justicia en el Caso ABC.
La bodega
El pasado 26 de junio del 2009, a las 12:00 horas, los empleados de Hacienda fueron notificados de su suspensión para abrirles proceso penal por los hechos registrados el 5 de junio, por haber estado presentes en la bodega al momento de que inició el incendio que a la postre, se propagó a la Guardería ABC.
El 29 de junio, el juez Octavo Penal, Rafael Castillón Gracia, reveló a Dossier Político que dictó el auto de formal prisión a Manuel Gaxiola Santacruz, Francisco Arturo Bracamontes Córdova, Juan Parra Valenzuela, Ignacio Aduendas Salazar, Álvaro Pacheco Ferral, Jorge Antonio Lavandera Peñúñuri y Arturo Torres Escalante.
Con la figura de “responsable solidario”, el Gobierno del Estado con base en el Artículo 349 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora, el Juzgado Octavo otorgó la libertad bajo caución a los siete empleados de la Secretaría de Finanzas, debido a que el Estado actuó como obligado subsidiario.
El Juez Castillón explicó a DP que en base al Artículo 349 del citado Código, la Ley establece que el Estado, como responsable solidario, está facultado para intervenir a favor de los trabajadores en la nómina del Gobierno estatal.
La fianza fijada y cubierta de 20 mil pesos fue en base al Artículo 2086 del Código Civil para el Estado de Sonora, el cual contempla la figura de las obligaciones de los citados para garantizar la reparación del daño en esta materia.
Es decir, los cargos que enfrentan los procesados son por homicidio culposo y lesiones, delitos considerados no calificados o dolosos.
Así, la figura de la fianza es utilizada y precisa que la defensa presentó como garantía y argumento para la liberación de los funcionarios, el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, que expone el decreto mediante el cual se crea un fondo de 67 millones 100 mil pesos para cubrir, de acuerdo a la Ley, los gastos previstos en el litigio.
La Guardería ABC inició operaciones el 6 de agosto del 2001 bajo el esquema de subrogación a particulares y fue renovado el 29 de diciembre de 2006 por el entonces director del IMSS, Juan Molinar Horcasitas, con vigencia hasta diciembre de 2009.
La Guardería ABC se instaló primero que la bodega estatal ya que el contrato de arrendamiento de la bodega fue avalado el 14 de febrero de 2002, siendo la última renovación el 1 de enero de 2009 con vigencia al 31 de diciembre, donde el Gobierno del Estado se compromete a pagar 41 mil 337.29 pesos mensuales.
En ese entonces, firmaron sus propietarios María Esmeralda Matiella Mendoza y/o José Manuel Matiella Urquídez y por el entonces director Administrativo de la Secretaría de Hacienda, Miguel Eugenio Lohr Martínez y el coordinador Estatal de Bienes y Concesiones, Eliseo Morales Ramírez.
En la Cláusula 4ª del Contrato se especificó que su uso sería exclusivo para el resguardo de placas de la Dirección General de Recaudación, por lo que hasta ahora, todo indica que el Gobierno del Estado es el responsable directo de la tragedia del 5 de junio.
El Caso ABC evidencia las claras muestras de tráfico de influencia y relaciones interpersonales que expresan de facto la corrupción que por décadas ha permeado entre quienes deben aplicar la Ley y los grupos de poder que cogobiernan a una sociedad que aún no ha mostrado abiertamente su hartazgo en las calles y plazas del País a plenitud.
La conjugación del dolor y la búsqueda de justicia de los afectados aún no han podido encontrar coincidencias y no las habrá, mientras medien intereses personales y económicos entre los corresponsables de la muerte de 49 niños y quienes sólo adornan las oficinas de los Juzgados Penales, Civiles y de las Procuradurías existentes.
Ahora bien, políticos de todos los partidos políticos nada han hecho para ayudar a las familias en duelo, sólo se han prendido como buitres del dolor ajeno y se han aprovechado para salir en la foto en contubernio con periodistas que prostituyen la sagrada profesión de informar.
EPN, la indiferencia
Recientemente, integrantes de “Manos Unidas” recriminaron al presidente Enrique Peña Nieto, a través de un desplegado en medios de circulación nacional, su indiferencia y su falta de compromiso de resolver las causas del incendio de la Guardería ABC, promesa que empeñó como candidato el pasado 19 de junio del 2012.
La promesa como candidato la hizo en Ciudad Obregón durante una gira de trabajo por Sonora “me quiero comprometer ante ustedes a ser sensible a este problema, darle la atención; de llegar al Gobierno tendrán la garantía de que este decreto se mantenga y, eventualmente, amplíe derechos”.
Ese 19 de junio, Dossier Político documentó la promesa cuando en compañía del diputado federal y ex gobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones, el hoy presidente de la República aseveró que “he escuchado las peticiones que sintetizan, primero que se aplique justicia, que la PGR realmente se ocupe de la investigación, la atención debida por parte del IMSS a los niños que resultaron con quemaduras y lesiones”.
“Es lamentable y penoso, lo más grave es querer medrar y hacerlo parte de la discusión política, entiendo la percepción que tienen que los derechos no vayan a permanecer, tengan la seguridad de la atención a las peticiones y demandas suyas; me parece legítimo que tengan la preocupación; si llego al Gobierno se mantendrá el decreto del 20 de julio de 2010; tengan la tranquilidad que en el cambio de Gobierno no tendrán afectación”, dijo.
Indignados, los padres de los niños que perdieron la vida en la tragedia del 5 de junio del 2009, exigen a las autoridades responsables de administrar la justicia en México que se les hable con la verdad para que se esclarezcan los hechos que privaron de la vida a 49 niños y lesionó a más de 70 que aún convalecen.
Después de la enérgica protesta de los padres integrantes de Manos Unidas frente a los Juzgados federales por los resultados del tercer peritaje en los restos de la Guardería ABC, se comienzan a perfilar las conclusiones en los tribunales y las respectivas sentencias en el caso de la tragedia que enlutó al país.
“El peritaje parece más una copia de la versión hecha por la Procuraduría General de Justicia del Estado cuando atrajo el caso, que señalaba que los coolers estaban sobre mesas; mientras que le Procuraduría General de la República, aseguraba que dichos enfriadores de aire se encontraban colgados en los techos y, el perito viene a decir que el chispazo provino del suelo, cuando hay vestigios de acelerador -combustible- que nos dice que el incendio fue provocado”, criticó la señora Juanita Luna.
Los peritajes
El 2 de diciembre del 2009, Dossier Político adelantó que sería la empresa The Mcmullen Company la que iniciaría los peritajes en la bodega de Hacienda y posteriormente en la Guardería ABC, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación contratara los servicios internacionales por la cantidad de 123 mil 900 dólares (un millón 610 mil 700 pesos) y para el día 7 de enero se prevén los resultados de las investigaciones.
De acuerdo a informes proporcionados por el abogado Lorenzo Ramos, el sábado arribará a la capital de Sonora un grupo de cinco peritos quienes tendrán la tarea de determinar las causas reales del incendio en la Guardería ABC donde 49 niños perdieron la vida.
Luego de las evaluaciones de costos entre otras compañías internacionales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que The Mcmullen Company sea la encargada de llevar a cabo la tarea por la que se pagará un total de 123 mil 900 dólares.
Justo después de 6 meses de la tragedia de la Guardería, el grupo de especialistas iniciará con los peritajes ya que los padres de los niños afectados no confiaron en los trabajos implementados por los Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia (PGJE) y de la Procuraduría General de la República (PGR).
“Los expertos van a iniciar el peritaje en la Guardería y la bodega de Hacienda y la negociación que está contigua a la misma guardería con el objeto de determinar las causas reales, que es lo que buscan los papás, las causas reales del incendio”, destacó el apoderado legal.
Los peritos norteamericanos son Bryton Foster, conocido como BJ, experto en causa y origen certificado por la Corte y experto internacional en reglamentos, medidas de seguridad y seguridad de vida; Michael Smith, James F. Mcmullen, Kenneth E. Buske, ingeniero electricista y Carlos Fernández Pello, ingeniero mecánico.
El abogado Lorenzo Ramos, adelantó que los padres confían en la labor de los peritos extranjeros ya que “quieren la verdad, si al final del día los peritos internacionales dicen que el incendio se originó en el ´cooler´ lo van a aceptar, pero lo que quieren es una opinión confiable, una opinión independiente, una opinión de alguien no vinculado con el Estado”, apuntó.
El pasado 8 de diciembre del 2009, el presidente de la empresa McMullen Company, James McMullen aseguró a los padres afectados por el incendio en la Guardería ABC, que el peritaje que realizarán en la “Zona Cero” será “imparcial” y determinarán si hubo alguna explosión que haya provocado la tragedia”.
El especialista norteamericano destacó que conocen el peritaje realizado por los Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y la Procuraduría General de la República sobre la base que inició por un corto circuito por el sobrecalentamiento de un cooler; sin embargo, esperaran a sus propios resultados.
“Por ahora estamos viendo cómo empezó científicamente el incendio, pero no podemos hacernos para un lado o para otro, hemos oído diferentes formas de cómo empezó, pero nosotros determinaremos científicamente las causas”, sostuvo James McMullen.
McMullen apuntó que todo lleva su tiempo y será hasta enero cuando se tengan los resultados de los peritajes que iniciaron el lunes por la mañana y garantizó que si hubo una explosión se sabrá”.
“Estamos buscando la causa que empezó el incendio, estamos tratando de encontrar donde surgieron las llamas y buscar donde empezó el fuego y es lo que vamos a hacer, determinar científicamente donde empezó eso. Vamos a buscar científicamente si la podemos hallar, si es que la hubo”, resaltó ese día.
Los primeros dos días se dedicaron a organizar un archivo fotográfico que les permita dar inicio con la segunda fase del peritaje, el cual contempla la aplicación de equipo y pruebas científicas que permitan revelar detalles sobre el origen del incendio y la propagación y daños del mismo.
Además confirmó que durante los dos días que llevan de peritaje, se han dedicado a tomar fotografías del interior y exterior de la guardería ABC y de la bodega de la secretaría de Hacienda y buscando testimonios entre los vecinos y testigos oculares de la tragedia que enlutó al País.
“Armamos un archivo fotográfico, hemos tomado fotos arriba, a los lados y vamos a trabajar adentro, de afuera para adentro, es lo que estamos haciendo, es todo lo que hemos hecho, sacando fotos”, explicó.
En tanto, los padres afectados confían plenamente en los resultados de los análisis de la empresa extranjera y sobre la labor de los peritos de la PGJE y PGR “nunca hemos confiado en las autoridades mexicanas”.
El tercer peritaje
Como ningún medio, Dossier Político publicó el pasado 26 de octubre del 2012 que ante las inconsistencias presentadas por los dos anteriores peritajes realizados en la Guardería ABC del 2010 a la fecha, el Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación solicitó una nueva revisión en las ruinas de la instancia infantil consumida por el fuego registrado el pasado 5 de junio del 2009.
El representante legal del grupo Manos Unidas, Gabriel Alvarado Serrano, reveló ese día que el CJF analiza el perfil del comandante de Bomberos de Guanajuato, Guanajuato, Daniel Barrera Vázquez, responsable del nuevo peritaje.
“La Judicatura Federal designó como perito al señor Daniel Barrera Vázquez, capitán de Bomberos de la ciudad de Guanajuato, estamos esperando que la autoridad judicial reciba sus acreditaciones y cheque su perfil para ver si reúne los requisitos y en un momento dado aceptar o rechazar su designación”.
El 29 de noviembre del 2011, el Grupo Manos Unidas por Nuestros Niños, integrado por padres y madres de niños fallecidos y lesionados en el incendio de la Guardería ABC de Hermosillo, descalificaron el trabajo realizado por la administración de Felipe Calderón Hinojosa para resolver el caso de la muerte de 49 niños y decenas de lesionados.
Aseguran que la Procuraduría General de la Republica (PGR) no logró establecer las verdaderas causas del incendio, toda vez que el peritaje de la dependencia es completamente inconsistente, deja pendiente de resolver la Averiguación Previa por la probable responsabilidad de ex secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, por las omisiones de la dependencia a su cargo.
“No se resolvió la Averiguación Previa que se abrió por la alteración de la escena del crimen, debido a que el cooler al cual se le atribuye la causa del incendio, fue removido del sitio en el que se encontraba y la substracción de dos térmicos del control de carga de la bodega”, declararon.
Igualmente, deja pendiente de resolver la Averiguación que se abrió con motivo de las lesiones de los niños que sufren de lesión pulmonar por inhalación y exposición al humo toxico que generó el incendio, precisaron los integrantes de Manos Unidas.
Los padres demandantes de justicia, agregaron que el Estado Mexicano es responsable según lo establece plenamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que habrá de reparar el daño que les causó el fallecimiento y las lesiones de sus hijos.
Le recordaron al gobernador del Estado, Guillermo Padrés, que el Gobierno de Sonora es el principal responsable de la muerte y lesiones de sus hijos y por ello tiene la obligación de reparar el daño causado, que en vez de buscar eludir su obligación, lo conminaron a que haga frente a la situación
Confiaron los papás que el presidente Enrique Peña Nieto cumplirá el compromiso asumido el día 19 de junio del presente, durante una reunión con ellos en ciudad Obregón.
Finalmente, manifestaron que consideran la muerte de sus hijos como un crimen de Estado y reiteraron que seguirán luchando hasta que se conozca la verdad y que todas las personas o entidad de Gobierno que tenga responsabilidad por estos hechos, sea sometida a la acción de la justicia.
El l3 de diciembre del 2009, el periodista Ulises Gutiérrez publicó en Dossier Político una nota donde describe que la empresa The McMullen Company contratada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para realizar el peritaje en la Guardería ABC y en la bodega de la Secretaría de Hacienda, hará entrega de los resultados a la Comisión Investigadora por lo que en ningún momento se hará un informe público.
El señor Julio César Márquez expresó que “nos queda claro que el informe no será público, será entregado directamente a la Comisión Investigadora”, además, consideró que “creo que no participaremos como observadores en las investigaciones porque no queremos entorpecerlas”.
Al reiterar su confianza en los trabajos realizados por la empresa extranjera que entregaría los resultados el próximo 7 de enero del 2010, destacó que “sabemos que es una compañía seria, profesional y reconocida, confiamos plenamente en ellos ya que no se prestarían para algo turbio”.
Luego de las evaluaciones de costos entre otras compañías internacionales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que The McMullen Company fuera la encargada de llevar a cabo la tarea por la que se pagó un total de 123 mil 900 dólares, si el costo rebasó esta cantidad nunca se dio a conocer.
Así las cosas, justo después de 6 meses de la tragedia de la Guardería, el grupo de especialistas inició los peritajes ya que los padres de los niños afectados no confiaron en los trabajos implementados por los Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia (PGJE) y de la Procuraduría General de la República (PGR).
La Comisión Investigadora sostuvo ese mismo lunes una reunión con los padres para informarles sobre la agenda del grupo de peritos extranjeros en la Casa de la Cultura Jurídica “José María Ortiz Tirado” donde además hablaron sobre la verificación que harían en las guarderías subrogadas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sonora.
McMullen
El 9 de enero del mismo 2010, el presidente de la empresa McMullen Company, James McMullen aseguró a los padres afectados por el incendio en la Guardería ABC, que el peritaje que realizarían en la “Zona Cero” sería “imparcial” y determinarían si hubo alguna explosión que haya provocado la tragedia”.
El especialista norteamericano dijo que conocían el peritaje realizado por los Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y la Procuraduría General de la República sobre la base que inició por un corto circuito debido al sobrecalentamiento de un cooler; sin embargo, destacó que esperarían a sus propios resultados.
“Por ahora estamos viendo cómo empezó científicamente el incendio, pero no podemos hacernos para un lado o para otro, hemos oído diferentes formas de cómo empezó, pero nosotros determinaremos científicamente las causas”, sostuvo James McMullen en aquella ocasión.
McMullen apuntó: “todo lleva su tiempo y será hasta enero cuando se tengan los resultados de los peritajes que iniciaron el lunes por la mañana. Y garantizó que si hubo una explosión se sabrá”.
“Estamos buscando la causa que empezó el incendio, estamos tratando de encontrar dónde surgieron las llamas y buscar dónde empezó el fuego; y es lo que vamos a hacer, determinar científicamente donde empezó eso. Vamos a buscar científicamente, si la podemos hallar y si es que la hubo”, resaltó el experto.
Los primeros dos días se dedicaron a organizar un archivo fotográfico que les permitiera pasar a la segunda fase del peritaje, misma que contemplaba la aplicación de equipo y pruebas científicas que permitieran revelar detalles sobre el origen del incendio y la propagación y daños del mismo.
Además McMullen confirmó que durante los dos días que llevaban de peritaje, se dedicaron a tomar fotografías del interior y exterior de la Guardería ABC y de la bodega de la secretaría de Hacienda, al tiempo que buscaban testimonios entre los vecinos y testigos oculares de la tragedia que enlutó al país.
La tarde del 28 de enero del 2010, los peritos norteamericanos especializados en la investigación de incendios entregaron un sobre cerrado con los resultados de la investigación sobre las causas del incendio en la Guardería ABC.
Steven Van Ricley, presidente de “Consolidated Consultants Company”, una empresa asociada con “The McMullen Company” (quienes a su vez realizaron el peritaje en la estancia subrogada por el IMSS en Hermosillo en el pasado mes de diciembre del 2009), fue quien entregó el resultado de la investigación a los integrantes de la Comisión Investigadora de la Suprema Corte de Justicia.
El protocolo se realizó en la Casa de la Cultura Jurídica, en Hermosillo, ante un grupo de 30 padres de las víctimas, con lo que oficialmente concluyó el proceso de las indagatorias realizadas por la SCJN sobre el incendio, proceso que inició 5 meses atrás.
“Esta es una prueba dentro de la investigación, las pruebas son reservadas no se pueden dar a conocer por el momento y nosotros elaboraremos nuestro informe final en el mes de febrero y lo entregaremos a los Ministros (de la Suprema Corte de Justicia de la Nación) y ellos tendrán en sus manos todo lo que tenga que ver con la determinación de cómo se darán a conocer los resultados”, expuso María del Rosario Mota Cienfuegos, una de las integrantes del equipo de investigación de la SCJN.
Mota Cienfuegos dijo que los ministros de la Suprema Corte, y atendiendo la petición de los padres de las víctimas, determinarían la fecha en la que los resultados de las indagatorias se harían públicas, incluyendo el peritaje internacional realizado en el sitio del incendio. Y es que entre los padres de los menores víctimas de la conflagración seguía la duda sobre la versión oficial de que el fuego se inició por el mal estado del sistema eléctrico de un enfriador de aire en una bodega contigua a la guardería, la cual era operada por la Secretaría de Hacienda durante la administración del gobernador priísta Eduardo Bours Castelo.
“Esperamos que en abril se den a conocer los resultados de la investigación realizada por la Suprema Corte de Justicia” señaló Julio César Márquez, vocero del Movimiento Ciudadano 5 de Junio por la Justicia.
“Hay una cláusula de confidencialidad, no conocemos el contenido del sobre entregado por los peritos, pero para nosotros es un paso muy grande el que se haya concluido con una labor muy ardua por parte de nosotros que tuvimos que acudir a la Suprema Corte””, expuso Julio César Márquez por aquellos días de dolor y gritos de justicia.
“Nosotros seguimos en nuestra lucha, y esperamos que al concluir los trabajos de la comisión investigadora alguno de los ministros de la Suprema Corte elabore la ponencia y durante las sesiones del pleno nos digan si hubo o no violaciones a las garantías individuales.
“Para nosotros eso está muy claro pero en este país hay que oficializarlo”, sentenció Márquez.
Por su parte, Steve Van Ricley, presidente de la compañía investigadora con sede en Chula Vista, California, expuso:
“Agradecemos que nos hayan elegido para localizar al equipo de expertos con los que se trabajará para clarificar los hechos ocurridos en la Guardería ABC en la ciudad de Hermosillo. Dado a los rigurosos estándares en el proceso de selección de nuestros expertos, confiamos en que la evaluación independiente realizada por la compañía McMullen y el método utilizado en la formulación del peritaje final sobre la causa, origen y propagación del incendio, se ha cumplido con los más estrictos requerimientos de la Suprema Corte”.
Fuego inducido
El 14 de junio del 2010, la periodista Adriana Manjarrez publicó que David Smith aseguró que el crimen de la Guardería ABC en Hermosillo merecía una investigación profunda e imparcial.
“Esta tragedia trasciende fronteras y merece una investigación profunda e imparcial”, declaró por escrito a Dossier Político el especialista, cuya sede de operaciones está en Tucson, Arizona.
Gabriel Alvarado Serrano, representante legal de Manos Unidas por Nuestros Niños, reveló a finales de febrero de ese mismo año que según el peritaje de la firma encabezada por Smith, el incendio que inició en la bodega de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, y que se propagó a la estancia infantil, fue provocado “por la mano del hombre”.
Explicó que de acuerdo con esa investigación, el origen del incendio no fue fortuito ni fue generado por el sobrecalentamiento del “cooler”, como lo estableció de manera inicial la investigación de las procuradurías General del Estado y General de la República.
Smith dijo a Dossier Político que dicha hipótesis era incorrecta, pues según su propio peritaje, realizado los días 4 y 5 de enero de 2010 ante la presencia de elementos de las policías Estatal y Municipal, el fuego empezó a 10 metros del aparato enfriador, y la electricidad estaba apagada.
El peritaje realizado por Associated Fire Consultants no es una cortina de humo, señaló en rueda de prensa Alvarado Serrano, quien agregó que el dictamen pericial de la firma McMullen es el que podría servir de argumento para que los socios de la guardería evadan su responsabilidad.
Agregó que dicho peritaje no fue cobrado por la firma de Smith, quien lo realizó por razones humanitarias, a diferencia del que realizó McMullen, que le costó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un millón y medio de pesos.
“Cierto estoy en que los padres de esos niños no hubieran podido permitirse pagar mis honorarios normales de 275 dólares por hora (3 mil 534 pesos aproximadamente), y por esa razón he renunciado a ellos en este asunto”, confirmó Smith a Dossier Político.
De acuerdo con los padres integrados en el Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio, el peritaje de Smith ha sido utilizado por el gobierno federal, a través del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, para crear un ambiente de confusión, en momentos en los que la SCJN habrá de determinar si se violaron gravemente las garantías individuales.
“Debemos señalar que, de existir ese peritaje, aún forma parte de las pruebas acumuladas por el ministerio público dentro de dicha indagatoria, la cual, al no haber sido consignada todavía ante un Juez de Distrito en el Estado de Sonora, no forma parte de ninguna causa penal, y por ello no puede tener los efectos ‘mágicos’ de que con tal peritaje, en automático se reclasifiquen los delitos de culposos a dolosos”, señalan en un comunicado.
De aceptarse la intencionalidad de la cual habla el peritaje de Smith, las responsabilidades que se imputaron a los dueños de la guardería, a empleados y funcionarios de la delegación del IMSS en Sonora y a 13 servidores públicos de nivel medio e inferior de la administración estatal y del Ayuntamiento de Hermosillo, “así como las responsabilidades políticas, administrativas y eventualmente penales que resulten de la investigación de la SCJN, atribuidas a Juan Molinar Horcasitas, Daniel Karam, Eduardo Bours y otros funcionarios y ex funcionarios federales y estatales, habrían de diluirse o atenuarse en extremo”, argumentaron.
De esta manera, según el Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio, quedarían impunes los actos y omisiones en los que incurrieron todos ellos, y que les costaron la vida a 49 niños y lesiones de distintos niveles de gravedad a más de 80.
Integrantes del movimiento revelaron que el viernes 11 de junio, los representantes de McMullen se comunicaron con ellos para solicitarles información, misma que no pudieron proporcionar, acerca de quienes se dicen expertos, cuyo dictamen supuestamente minimizó el trabajo pericial de la empresa contratada por la SCJN; esto, con el fin de consultar con su equipo de abogados para presentar una eventual demanda en cortes estadounidenses.
En respuesta a esto, Smith dijo a Dossier Político:
“La validez de nuestros reportes y opiniones deben ser juzgados de acuerdo a nuestra formación y experiencia en el área de investigación de incendios”.
A 15 días de la tragedia del 5 de junio y al inicio de la nueva investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) que pidió al Gobierno del Estado un informe del PSP, el ex procurador general de Justicia del Estado, Abel Murrieta Gutiérrez aseguró que en la bodega sólo había placas, “el estudio de peritos externos dice que fue un accidente el incendio de la Guardería ABC y no fue provocado”.
Murrieta Gutiérrez quien el lunes 8 de junio aseveró que el origen del incendio en la Guardería ABC fue producto de un cortocircuito en uno de los coolers de la instancia infantil, afirmó que él sólo duró 15 días con la investigación y el nombre de Carlos Andrés López Meza, chofer de Juan Carlos Lam, no salió en las investigaciones, “si yo hice algo u omití algo no fue intencional”, manifestó Abel Murrieta.
Difícil establecer el origen del incendio en la Guardería ABC después de que la denominada “Zona Cero” ha sido contaminada por decenas cientos de personas que ingresaron desde el pasado 5 de junio hasta la llegada de los peritos internacionales de la The McMullen Company.
El cooler
A sólo dos días de los lamentables acontecimientos ya se hablaba de un corto circuito o calentamiento del motor de un “cooler” como la causa probable del fuego, hipótesis respaldadas por los entonces titulares de la PGJE y PGR, Abel Murrieta Gutiérrez y el delegado Juan de Dios Godoy.
El pasado 8 de junio del 2019 y apoyados en fotografías y gráficas en tercera dimensión sobre la manera en que se dieron los hechos, los funcionarios públicos le presentaron a los medios de comunicación los avances que se tenían y hacia dónde apuntaban las investigaciones sobre el origen del siniestro.
“Una de las hipótesis es el calentamiento del motor del “cooler” que haya generado el derretimiento de sus partes y caído sobre la papelería que se encontraba en el lugar iniciando el fuego, esta es la teoría más acertada que han encontrado; la otra pudiera ser las deficiencias en las instalaciones eléctricas para operar el cooler”.
En ese entonces, el Procurador hablaba de que “de acuerdo a las primeras investigaciones, se desprende que el fuego inició en el almacén ubicado en la parte central de una bodega del Gobierno del Estado donde se encontraba papelería diversa, estantes y placas de automóviles”.
“Al ser sólo una construcción y estar una pared o muro divisorio entre el almacén y la guardería, cuyo techo es de estructura metálica y revertido con poliuretano espriado, provocó que el fuego se esparciera más rápidamente sobre el inmueble, “sabemos que el punto o inicio del fuego fue el almacén de la parte media de la construcción”.
Los incendios de Hacienda
En su momento, el dirigente del PRD nacional, Jesús Zambrano Grijalva, los incendios registrados en las bodegas que ha utilizado el Gobierno del Estado para albergar documentación y placas bajo la responsabilidad de la Secretaría de Hacienda Estatal, deben ser investigados y aclarados por las autoridades.
El líder del Partido de la Revolución Democrática (PRD) expuso que “estos hechos deben ser aclarados, la Procuraduría debe ir al fondo de estas acciones que resultan extrañas, es demasiada coincidencia que en tiempos distintos suceda lo mismo es las bodegas donde se tiene bajo resguardo documentación importante del Gobierno del Estado”.
Dossier Político publicó el artículo “Los incendios de Hacienda” donde se detalló que el pasado 29 de septiembre de año 2002, bajo la administración del ex gobernador de Sonora, Armando López Nogales, un incendio consumió la bodega de la Secretaría de Finanzas del Estado, la cual se ubicaba en el kilómetro 1.3 del bulevar García Morales.
Informes obtenidos por Dossier Político indican que la tarde de ese último domingo del mes, el fuego arrasó centenares de cajas foliadas que contenían documentos oficiales como facturas y papelería varia, además mobiliario y equipo de oficina; por fortuna, en el hecho no resultaron personas lesionadas ni víctimas qué lamentar.
A más de 10 años de ese incidente, ninguna autoridad estatal ha dado explicación alguna sobre lo ocurrido ese 29 de septiembre del 2002 ni sobre el material siniestrado; menos aún, de peritajes que establezcan un posible accidente o más aún, si intervino la voluntad humana.
Derivado de la destrucción del inmueble por incendio, el Gobierno del Estado determinó reubicar la sede de la Secretaría de Finanzas (Hacienda Estatal) a la nave industrial ubicada en la calle Ferrocarrileros y Vaqueros, de la colonia Y Griega, de Hermosillo, Sonora.
La bodega de resguardo de placas de la Dirección General de Recaudación, era la función del inmueble rentado por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado.
De acuerdo al contrato de arrendamiento, ambas partes estuvieron de acuerdo en el uso que se le daría a la bodega localizada en calle Ferrocarrileros, entre Mecánicos y Vaqueros de la colonia “Y Griega”, contigua a la Guardería ABC subrogada por el IMSS.
En la declaración Quinta (V) del documento (contrato), se especifica que la bodega se utilizaría para desarrollar actividades y objetivos que tiene a su cargo la Dirección General de Recaudación.
“Declara -el arrendatario- que está de acuerdo en rentar el inmueble que se detalla, el cual se utilizará para la instalación de bodega de resguardo de placas de la Dirección General de Recaudación, mismo que se utilizará para desarrollar las actividades y objetivos que tiene a su cargo esta dependencia de acuerdo al Plan de Desarrollo Estatal”
Además de lo anterior y de acuerdo al mismo documento, ambas partes convinieron en que el monto mensual de la renta sería por la cantidad de $41 mil 337.29 pesos más el Impuesto al Valor Agregado (IVA), así como la retención del 10% del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
El Código Civil para el Estado de Sonora en su Artículo 2695, Fracción III, establece como obligación del arrendatario:
“Servirse de la cosa solamente para uso convenido o el que sea conforme a la naturaleza y destino de ella”, (en este caso, bodega)
La SCJN
En su oportunidad el entonces procurador Abel Murrieta Gutiérrez, informó que de acuerdo a la investigación, al interior de la bodega se encontró documentación relacionada con vehículos que tenían poco movimiento, así como placas de circulación y tres vehículos, dos en calidad de resguardo y uno más que era utilizado para las actividades propias del inmueble.
De las investigaciones realizadas por la Comisión Especial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que avalan la teoría del “cooler”, se desprenden las responsabilidades del Gobierno del Estado por la renta de la bodega donde presumiblemente inició el fuego que ocasionó la tragedia.
El documento publicado por la Suprema Corte establece las siguientes conclusiones:
Quinta: El incendio que quitó la vida a 49 y dejó lesionados a otros 75 se originó en la bodega contigua a la Guardería ABC, donde la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora tenía almacenadas grandes cantidades de documentos.
Todas las pruebas periciales que se practicaron en diversas investigaciones, así como la que desahogó la Comisión Investigadora a cargo de peritos extranjeros, son coincidentes en afirmar que la evidencia revela que la causa del incendio fue un corto circuito en el motor de un enfriador de aire conocido como “cooler”.
Debido a las altas temperaturas generadas por la corriente eléctrica diversas partes del motor se fundieron generando la ignición del papel que estaba cerca, propagándose las llamas hacia las cajas de cartón que contenían documentos y, algunas, placas de vehículos.
La evidencia demuestra que en la bodega no había ni siquiera detectores de humo o extinguidores, ya no sistemas contra incendios a que estaba obligada por el alto riesgo en que se clasifica por las grandes cantidades de combustible sólido que almacenaba.
No existe evidencia de que las autoridades competentes, estatales y municipales, hubieran realizado visitas de inspección a la bodega y a la guardería para verificar la existencia de los respectivos programas internos de Protección Civil.
La versión oficial del incendio sostiene la explosión de un “cooler” como la causa del incendio de Guardería ABC, la de los vecinos es diferente.
Éstos aseguran que se escucharon al menos dos explosiones como lo asevera la Procuraduría General de la República (PGR) y la misma Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Intencional: Gobernación
Oportunamente, Dossier Político publicó que el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, declaró que existen indicios que refuerzan la hipótesis de que el incendio de la Guardería ABC, ocurrido el 5 de junio del 2009, y que dejó un saldo de 49 niños muertos y decenas de heridos, fue intencional.
Gómez Mont dejó entrever que hay una gran responsabilidad en la administración estatal que encabezaba el priísta Eduardo Bours Castelo, ya que el fuego podría haber sido inducido en la bodega de la Secretaría de Hacienda Estatal, desde donde se esparció el fuego a la guardería contigua, “vemos con preocupación en las investigaciones que inclusive se deduce la presencia de aceleradores en la zona del incendio en la bodega, que inclusive podría generar o consolidar la hipótesis de actos intencionales respecto a esta tragedia.
Eso nos obliga como Gobierno a estar pendientes, se tendrán que acabar por tomar decisiones a nivel del Ministerio Público Federal sobre los resultados finales de estas investigaciones, pero difícilmente esta es una herida que sólo sanará mediante el castigo o la sanción ejemplar a sus responsables”, expuso.
La Procuraduría General de la República ordenó al Gobierno del Estado de Sonora entregue informes sobre documentos y auditorías realizadas al Plan Sonora Proyecta (PSP) al integrar la nueva investigación en la Averiguación Previa AP/PGR/DGCAP/ZNO-XIV/19A/2013, información que ya alista la Secretaría de Hacienda del Estado.
De acuerdo al grupo de padres “Manos Unidas”, la agente del Ministerio Público federal, Mónica Patricia Ibarra Ramírez, pide a la Secretaría de Hacienda local información sobre el Plan Sonora Proyecta.
Falla sistémica
El 5 de junio del 2011, Dossier Político publicó que hasta ese día, los 731 días transcurridos desde la tragedia de la Guardería ABC eran un ejemplo de la falla sistémica de los aparatos gubernamentales de procuración e impartición de justicia que existen en México, con exceso de leyes y reglamentos que se crean al vapor y se aplican a favor del mejor postor cuando los ontereses y poderes económico y político, convergen.
De ahí, el fundamento para afirmar que el Estado Mexicano es responsable de la muerte de los 49 niños:
María Magdalena Millán García, Emilia Fraijo Navarro, Valeria Muñoz Ramos, Sofía Martínez Robles, Fátima Sofía Moreno Escalante, Dafne Yesenia Blanco Losoya, Ruth Nahomi Madrid Pacheco, Denisse Alejandra Figueroa Ortiz, Lucía Guadalupe Carrillo Campos, Jazmín Pamela Tapia Ruiz, Camila Fuentes Cervera y Ana Paula Acosta Jiménez.
Monserrat Granados Pérez, Pauleth Daniela Coronado Padilla, Ariadna Aragón Valenzuela, María Fernanda Miranda Hugues, Yoselín Valentina Tamayo Trujillo, Marián Ximena Hugues Mendoza, Nayeli Estefania González, Daniel Ximena Yanes Madrid, Yeseli Nahomi Baceli MezaIan e Isaac Martínez Valle.
Santiago Corona Carranza, Axel Abraham Angulo Cazares, Javier Ángel Merancio Valdez, Andrés Alonso García Duarte, Carlos Alán Santos Martínez, Martín Raymundo de la Cruz Armenta, Julio César Márquez Báez, Jesús Julián Valdez Rivera, Santiago de Jesús Zavala Lemas y el niño Daniel Alberto Gayzueta Cabanillas.
Xiunelth Emmanuel Rodríguez García, Aquiles Dreneth Hernández Márquez, Daniel Rafael Navarro Valenzuela, Juan Carlos Rodríguez Othón, Germán Paúl León Vázquez, Bryan Alexander Méndez García, Jesús Antonio Chambert López, Luis Denzel Durazo López, Daré Omar Valenzuela Contreras y Jonathan Jesús de los Reyes Luna.
Y Emily Guadalupe Cevallos Badilla, Juan Israel Fernández Lara, Jorge Sebastián Carrillo González, Ximena Álvarez Cota, Daniela, Guadalupe Reyes Carreta y el niño Juan Carlos Rascón Holguín.
Sin embargo, el Gobierno del Estado es directamente culpable de la tragedia.
La falla va desde los peritajes realizados por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y los Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República (PGR), hasta la inutilidad de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
La contratación de servicios de peritajes de especialistas extranjeros era la muestra más clara de la desconfianza que se tiene de las autoridades mexicanas.
El genocidio
El pasado 19 de mayo del 2010, de las declaraciones vertidas por el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, en el sentido de que ocurrieron eventos que provocaron el incendio de la Guardería ABC, el entonces diputado Jesús Zambrano Grijalva destacó: “Si tomamos en cuenta sus palabras, bajo esta lectura, estaríamos ante un hecho genocida, por esta razón el secretario de Gobernación debe aclararnos cuáles fueron las motivaciones que lo llevaron a decir que el incendio fue provocado ya que esto da lugar a suspicacias que no generan confianza a la sociedad”.
Además, dijo, “si (Gómez Mont) viene a Sonora a emitir este tipo de declaraciones, debe decir también quién es el responsable del incendio, por eso se exige que aclare tales aseveraciones como las hechas por el Chapito Bours quien dice coincidir con él… no hay tiempo para suspicacias”, enfatizó.
“Excelente… yo coincido (con Fernando Gómez Mont)”, escribió por su parte el ex Gobernador Eduardo Bours, al responder un mensaje al periodista Óscar Castro Valdez, utilizando el teléfono celular, en donde se le preguntaba su opinión sobre lo dicho por el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, en una conferencia de prensa donde se le cuestionó sobre la Guardería ABC, respondiendo el ex panista que el fuego podría haber sido inducido en la bodega de la Secretaría de Hacienda estatal, desde donde se esparció a la guardería contigua.
Para muchos de los presentes, el mensaje del responsable de la política interna del país, era claro: para él hay una gran responsabilidad en la administración estatal que encabezaba el priísta Eduardo Bours Castelo.
“Ingeniero, buenas noches y una disculpa, pero me pareció importante saber su opinión sobre la declaración de Gómez Mont”, envió Oscar Castro la pregunta por escrito al ex gobernador, a través de su teléfono celular.
“¿Qué dijo?”, respondió el mensaje Eduardo Bours minutos después.
“Habló de indicios de actos intencionados en el incendio de la bodega”, escribió el director de Dossier Político
“Qué dijo?, volvió a preguntar el cajemense.
“Checa la nota principal de Dossier para que sepas lo que dijo”, respondió Castro mediante nuevo mensaje. luego de un breve lapso el ex gobernador escribió de nuevo:
“Excelente. Yo coincido (con Gomez Mont)”.
Intuyendo que el ex mandatario se refería a lo que muchas veces dijo sobre que el incendio en la guarderia fue intencional, Oscar Castro planteó: “lo sé… pero él habló de autoridades estatales… y creo que ahí no coincides con él”…
“Újele”, respondió Bours.
Vino un largo mutis y cuando Castro pensaba que ya no habría más diálogo, el sonido que avisa la llegada de un nuevo mensaje se escuchó en el aparato telefónico:
“Pues fueran muy pendejos. Esto es como Agata Cristhie, para descubrir al asesino hay que ver quien fue el beneficiado”, era el nuevo mensaje de Bours … el último, porque no hubo más.
“El caso de la tragedia del 5 de junio que provocó la muerte de 49 niños sigue siendo una asignatura pendiente, no es posible que aún siga sin resolverse”, comentó por su parte el gobernador Guillermo Padrés Elías
La mano del hombre
Informes obtenidos por Dossier Político a dos años de la tragedia, revelaban que las extranjeras The McMullen Company y Associated Fire Consultants, Incorporated establecían en sus conclusiones que el incendio fue provocado, que inició en la Bodega de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora y que se propagó a la Guardería ABC.
Lo anterior, era un revés a la “fábula” del entonces procurador, Abel Murrieta Gutiérrez y a la misma Procuraduría General de la República cuyos peritos aseguraron, el martes 9 de junio del 2009, que el sobrecalentamiento del motor de un cooler habría provocado el siniestro en el llamado “Día Negro”.
Y es que todo inició mal desde que por órdenes del ex gobernador Eduardo Bours Castelo, la Procuraduría General de Justicia del Estado no arraigó a los principales involucrados en la tragedia; de ahí en adelante, las Averiguaciones Previas provocaron abismos legales en las causas penales 134/2009, 182/2009 y 12/2011, perdiendo así su valor probatorio y condenatorio que mantiene en libertad a la mayoría de los involucrados.
Los peritajes entregados a la misma PGR y al juez primero de Distrito, Raúl Martínez, representarían elementos suficientes para la reclasificación del delito de homicidio culposo a doloso… y va para el presidente Felipe Calderón y el gobernador Guillermo Padrés, que en la visita del primero a Guaymas, hizo mutis al respecto.
Cabe recordar que el 29 de septiembre del 2002 hubo otro incendio en la bodega de la Secretaría de Finanzas ubicada en el bulevar García Morales de la ciudad de Hermosillo, ese domingo, bajo el mandato del ex gobernador Armando López Nogales, se ordenó la quema de documentos relacionados con los “gastos” del Gobierno.
Las conclusiones de las empresas extranjeras exponen que el siniestro se produjo por la mano del hombre, que se encontró evidencia de aceleradores químicos, que la fuente de ignición fue una llama directa, que la papelería almacenada fungió como combustible y que inició antes o al mismo tiempo de que los empleados abandonaran el lugar.
Por ejemplo, el dictamen de la Associated Fire Consultants, Incorporated concluye con la definición de responsabilidades derivado del origen del incendio, en este caso en la bodega de Hacienda estatal y, al no ser un evento fortuito, señala a la persona o personas que tenían acceso a este lugar, durante el tiempo que estaba ocupada por empleados estatales.
“Información recibida, representando que el incendio fue descubierto antes de 10 minutos después de que los empleados salieran, refuerzan la opinión de que el fuego había comenzado antes de o al mismo tiempo que los empleados salían”,se lee en el documento.
Y añade:
“El volumen en metros cúbicos del edificio podría proveer naturalmente un período prolongado de tiempo para que el humo y el calor se concentraran al interior, antes de que éste se ventilara al exterior… al momento del incendio se acreditó la existencia de cajas con papelería, tanques de gasolina y tres vehículos con el combustible en su tanque”.
De acuerdo a la opinión de abogados, la reclasificación es el siguiente paso en el proceso penal que se sigue contra los responsables de la tragedia y esta acción apunta a los siete ex empleados de la Secretaría de Hacienda Estatal y por ende, al entonces gobernador Eduardo Bours Castelo o en su defecto, al actual mandatario Guillermo Padrés Elías o si lo prefiere, al Gobierno del Estado de Sonora.
Los presuntos
Por casi 4 años, las autoridades los padres y la misma opinión pública han centrado su atención en los dueños de la instancia infantil y los empleados del Instituto Mexicano del Seguro Social e incluso, hacia elementos del Departamento de Bomberos de Hermosillo y el ex alcalde Ernesto Gándara Camou.
El pasado 26 de junio del 2009, a las 12:00 horas, los empleados de Hacienda fueron notificados de su suspensión para abrirles proceso penal por los hechos registrados el 5 de junio, por haber estado presentes en la Bodega al momento de que inició el incendio que a la postre, se propagó a la Guardería ABC.
El 29 de junio, el juez Octavo Penal, Rafael Castillón Gracia, dicto el auto de formal prisión a Manuel Gaxiola Santacruz, Francisco Arturo Bracamontes Córdova, Juan Parra Valenzuela, Ignacio Aduendas Salazar, Álvaro Pacheco Ferral, Jorge Antonio Lavandera Peñúñuri y Arturo Torres Escalante.
Con la figura de “responsable solidario”, el Gobierno del Estado con base en el Artículo 349 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora, el Juzgado Octavo otorgó la libertad bajo caución a los siete empleados de la Secretaría de Finanzas, debido a que el Estado actuó como obligado subsidiario.
El Juez Castillón explicó que en base al Artículo 349 del citado Código, la Ley establece que el Estado, como responsable solidario, está facultado para intervenir a favor de los trabajadores en la nómina del Gobierno estatal.
La fianza fijada y cubierta de 20 mil pesos fue en base al Artículo 2086 del Código Civil para el Estado de Sonora, el cual contempla la figura de las obligaciones de los citados para garantizar la reparación del daño en esta materia.
Es decir, los cargos que enfrentan los procesados son por homicidio culposo y lesiones, delitos considerados no calificados o dolosos.
Así, la figura de la fianza es utilizada y precisa que la defensa presentó como garantía y argumento para la liberación de los funcionarios, el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, que expone el decreto mediante el cual se crea un fondo de 67 millones 100 mil pesos para cubrir, de acuerdo a la Ley, los gastos previstos en el litigio.
El contrato ABC
La Guardería ABC inició operaciones el 6 de agosto del 2001 bajo el esquema de subrogación a particulares y fue renovado el 29 de diciembre de 2006 por el entonces director del IMSS, Juan Molinar Horcasitas, con vigencia hasta diciembre de 2009.
Es decir, la guardería se instaló primero que la bodega estatal ya que el contrato de arrendamiento de la bodega fue avalado el 14 de febrero de 2002, siendo la última renovación el 1 de enero de 2009 con vigencia al 31 de diciembre, donde el Gobierno del Estado se compromete a pagar 41 mil 337.29 pesos mensuales.
En ese entonces, firmaron sus propietarios María Esmeralda Matiella Mendoza y/o José Manuel Matiella Urquídez y por el entonces director Administrativo de la Secretaría de Hacienda, Miguel Eugenio Lohr Martínez y el coordinador Estatal de Bienes y Concesiones, Eliseo Morales Ramírez.
En la Cláusula 4ª del Contrato se específico que su uso sería exclusivo para el resguardo de placas de la Dirección General de Recaudación, por lo que hasta ahora, todo indica que el Gobierno del Estado es el responsable directo de la tragedia del 5 de junio.
El Caso ABC evidencia las claras muestras de tráfico de influencia y relaciones interpersonales que expresan de facto la corrupción que por décadas ha permeado entre quienes deben aplicar la Ley y los grupos de poder que cogobiernan a una sociedad que aún no ha mostrado abiertamente su hartazgo en las calles y plazas del País.
La conjugación del dolor y la búsqueda de justicia de los afectados aún no han podido encontrar coincidencias y no las habrá, mientras medien intereses personales y económicos entre los corresponsables de la muerte de 49 niños y quienes sólo adornan las oficinas de los Juzgados Penales, Civiles y de las Procuradurías existentes.
Ahora bien, políticos de todos los partidos políticos nada han hecho para ayudar a las familias en duelo, sólo se han prendido como buitres del dolor ajeno y se han aprovechado para salir en la foto, en contubernio con periodistas que prostituyen la sagrada profesión de informar.
Intencional: David Smith
El 27 de octubre del 2011, el perito David Smith ratificó ante el Juzgado Primero de Distrito en Hermosillo su declaración inicial respecto a que el incendio en la Guardería ABC, ocurrido el pasado 5 de junio de 2009, fue intencionalmente provocado y que el fuego inició en la bodega propiedad de la Secretaría de Hacienda, ubicada a un costado del edificio que albergaba la estancia infantil.
“Es un fuego que fue provocado intencionalmente…inició con papeles y hay evidencia de la existencia de algún combustible o líquido inflamable, pero con o sin el líquido, con el papel hubiera habido el incendio”, dijo el especialista en entrevista.
Smith explicó que “en las investigación sobre el incendio usé métodos científicos que me llevaron a probar mi teoría de manera razonable y las conclusiones son válidas científicamente”.
El Oficio 23180
Desde la primera semana después de la tragedia de la Guardería ABC, Dossier Político logró establecer que el pasado 15 de junio del 2009, el ex jefe de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, Delegación Sonora, Emigdio Martínez García, presentó su declaración ante la Agencia del Ministerio Público Federal (AMPF) en torno a la copia de la notificación de seguridad, documento del que aseguró ese día:
“No recuerdo haber puesto mi firma”.
Dossier Político obtuvo una copia certificada del expediente AP/PGR/SON/HER-V/690/09 donde, entre otros, Martínez García compareció en las oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR) adonde asistió a pesar de su avanzada enfermedad de cáncer pulmonar que a la postre, el pasado 13 de agosto, le quitara la vida.
Después de un año y medio de padecer cáncer en los pulmones, el ex jefe de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, Delegación Sonora, ya tramitaba su prejubilación después de 28 años de servicio y donde sus principales actividades era la de vigilar el pago de jubilados y el presupuesto de guarderías en el Estado.
“A partir del primero de mayo del 2005 recibí el cargo de Jefe de Prestaciones Económicas y Sociales, puesto que desempeñé hasta el 12 de junio del presente año (2009) y por lo que respecta a las funciones de mi cargo eran las siguientes:
Vigilar el presupuesto asignado para tiendas y pensionados de ley, esto se refiere a las personas que no pertenecen al IMSS, así como también vigilaba el presupuesto asignado a guarderías dentro de Sonora… yo me enteré el día viernes como a las 16:00 horas ya que la señora Nohemí López Sánchez, jefa de Guarderías, me informó”.
Martínez García describió que se encontraba en Ciudad Obregón desde donde ordenó a la jefa de Guarderías, trasladarse a Hermosillo a fin de supervisar y reportar los hechos que derivaron en la muerte de 49 niños y donde más de 70 resultaron con lesiones graves por quemadura y por inhalación de humo.
“Le di la orden de que se trasladara a Hermosillo y que ella se encontraba aquí en Ciudad Obregón, para que apoyara en todo lo que fuera necesario al personal de la Guardería ABC, así como al mismo IMSS; a partir de ahí me fui dando cuenta de lo que estaba aconteciendo producto de este incendio”.
Leyva Lizárraga
En su declaración ante el agente del Ministerio Público Federal, Óscar Rivera Cisneros, Emigdio Martínez García manifestó que de inmediato se comunicó con el entonces delegado del IMSS en Sonora, Arturo Leyva Lizárraga, a quien le informó lo sucedido y quien le expuso que ya se dirigía a Hermosillo.
“Yo hice contacto con mi delegado vía telefónica, el señor Arturo Leyva Lizárraga, para informarle pero me dijo que ya sabía, que incluso iba camino a Hermosillo y que también ya en la Ciudad de México se estaba preparando personal del IMSS… yo no me pude trasladar por mi estado de salud ya que desde hace un año y medio padezco cáncer pulmonar”.
Y aclaró que por esa enfermedad, “se me dificulta hacer varias labores y por lo que respecta a mis encomiendas y facultades que yo desempeñaba en el IMSS quiero aclarar que no era el de supervisar a las tiendas, a las guarderías ni a los centros de seguridad social”.
Para sostener lo anterior, el señor Emigdio Martínez expuso al representante social de la Federación que “esto le pertenece directamente a cada uno de los departamentos bajo mi cargo y en el caso concreto de las guarderías, le corresponde el control de la supervisión a Nohemí López Sánchez”.
Además que “quien a su vez tiene a las coordinadoras zonales (supervisora de zona)… y que las supervisoras de Hermosillo, en la fecha del incendio, eran las señoras Delia Irene Botello Amante, Yadira Barreras e Irma de la cual no recuerdo sus apellidos, estas tres personas son las encargadas de supervisar y llevar a cabo las visitas a las guarderías”.
“En base a la normatividad que está establecida y que es emitida por el nivel central del IMSS, deberían forzosamente entregar los resultados de la supervisión al Departamento de Guarderías delegacional, a cargo de Nohemí López Sánchez, quien las recibía y tenía que elaborar un resumen de aspectos únicamente de formación, no estructurales”.
Por ello aclaró que la responsabilidad de la coordinadora de Guardería del IMSS no era la del sistema de seguridad de las instalaciones, “es decir de programas nutricionales, programas de educación y de salud para el desarrollo de los niños y ese resumen me lo entregaban a mí únicamente para mi firma, por la envestidura de mi puesto ya que los oficios que ella hacía era para enviarlos al prestador de servicios o representante legal”
