(28 de diciembre, 2013).- La senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza (PRD), exhortó a que en el próximo periodo de sesiones que se abrirá en febrero del 2014, se discuta una nueva ley para regular la operación de empresas mineras en el país, pues “la exploración, explotación y beneficio de los minerales ya no deben seguir considerándose en la Ley como preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del suelo”.
La enmienda constitucional presentada por Alejandro Encinas (PRD), Dolores Padierna (PRD) y Layda Sansores (Movimiento Ciudadano) desde el pasado 19 de septiembre, e impulsada por Mendoza, surgió ante la demanda de comunidades afectadas por la actuación de dichas empresas en sus territorios; demanda que fue suscrita por más de diez movimientos sociales opositores a sus operaciones.
Por otra parte, Iris Vianey recalcó que la actual legislación excluye a los pueblos que coexisten con dichas compañías, pues la única utilidad que tienen para ellos es la privada y no la pública:
“Los enormes conflictos sociales que provocan actualmente a lo largo de toda la República, exigen suprimir el carácter de utilidad pública de la actividad minera, que mantiene desde que el Estado era el responsable de su instrumentalización, porque en la actualidad la única utilidad que tiene es privada”.
Para ello, anunció que los objetivos que busca emprender la propuesta, es ampliar las causas de nulidad de contratos ya establecidos y, en su lugar, otorgar poder sobre éstos a los pueblos originarios que se han visto afectados: “Las mineras podrán recibir una prórroga de otros 20 años sólo si consiguen una licencia social de parte de las comunidades”, puntualizó.
Por último, subrayó que entre principales afectaciones a las que se expone a los pueblos, están: 1) la generación de conflictos intercomunitarios, 2) la contaminación, 3) la baja renta que pagan al Estado, 4) la destrucción de monumentos históricos y, 5) el deterioro de áreas definidas como estratégicas para la economía o cultura.
Para realizar dicha modificación en el senado, restaría que los legisladores la incluyan en su agenda legislativa, la cual estará dominada por las leyes secundarias de la reforma en telecomunicaciones, energética y política. Cabe resaltar, además, que tendría que pasar por un congreso donde la mayoría lo representa el PRI y el PAN, así como por un presidente de filiación priista: Raúl Cervantes Andrade.
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De acuerdo a una denuncia expuesta públicamente por el actual titular de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, Jaime Martínez Veloz, en la actualidad, mineras extranjeras, sobre todo canadienses, han extraído cerca de 420 toneladas de oro en por lo menos diez años de operación, las cuales compiten con las 190 toneladas que España extrajo durante 310 años de colonia.
Esta cantidad representa un 60 por ciento más de la cantidad que fue sacada del país para el deleite de la corona. Sin embargo, lo que ha posibilitado la prosperidad de este negocio ha sido la actual legislación minera vigente desde 1992, cuando el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari modificó el artículo 27 constitucional para darle lugar al Tratado de Libre Comercio.
Entre los beneficios que brinda a empresarios extranjeros, incluye también: que se pague sólo 5.70 pesos por el uso de una hectárea durante el primer año de operación, 8.52 pesos durante el tercer y cuarto año de vigencia de la concesión y 124 pesos con 74 centavos durante el décimo año. Así mismo, jugosos privilegios fiscales, ya que pagan sólo el 0.3 por ciento de impuestos directos a la producción, lo que les permite sacar una renta del 93.5 por ciento del valor en el mercado.
Cabe recordar que en el periodo del 2000 al 2012, el la Secretaria de Economía otorgó 2 mil 814 concesiones para la extracción de oro en territorios indígenas, así como 71 de plata y 25 de cobre; lo que en suma han acaparado 106 mil 833 hectáreas de suelo indio, según detalló un informe de la revista barrial Desinformémonos.
