(16 de enero, 2014).- A través de un comunicado, el secretario de Educación del Gobierno del Estado de México, Raymundo Martínez Carbajal, informó que ha sido retirada “por tiempo indefinido” la iniciativa del Ejecutivo local para establecer sanciones penales a profesores del magisterio disidente.
La iniciativa se discutiría el viernes 17, durante el periodo extraordinario de sesiones de la actual legislatura. Su aprobación se consideraba inminente, pues contaba con el apoyo declarado de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Verde Ecologista de México (PVEM).
[La siguiente nota fue redactada antes de conocerse el comunicado de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México].
Maestros del estado de México, escuelas, colectivos y organizaciones agrupados en el Magisterio Mexiquense Contra la Reforma Educativa, durante conferencia de prensa, rechazaron categóricamente la pretensión del gobernador Eruviel Ávila de criminalizar la protesta magisterial a través de una propuesta de ley que pretende dar cárcel, inhabilitar y multa a los maestros.
Los integrantes de la Comisión de Prensa del Magisterio Mexiquense Contra la Reforma Educativa informaron que el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, envió al Congreso local una serie de iniciativas de reformas que proponen cárcel, inhabilitación o multas a los maestros que abandonen sus funciones sin causa justificada y a quienes coaccionen a sus alumnos a participar en manifestaciones.
La propuesta del gobernador priista, explicaron, establece sanciones penales que van de los cinco a 10 años de prisión a los docentes que en horario laboral abandonen las aulas para realizar actos ajenos a sus funciones, afectando a los estudiantes, además de ser una causal de rescisión de contrato. En este caso, se plantean multas que van de los 30 a los 150 días de salario mínimo.
A su vez, los docentes del Estado de México señalaron que también plantea la inhabilitación de 2 a 8 años en cargos públicos, así como penalizaciones de 6 a 12 años de prisión, para profesores que hagan uso de su autoridad para coaccionar o influir en los alumnos para que acudan a actos ajenos a su educación. Las multas establecidas en el documento van de 500 a 1,000 días de salarios mínimos.
Los maestros manifestaron su enérgica condena a la criminalización de la lucha social y a la violación de derechos constitucionales y derechos humanos, denunciando la reciente represión que se vive en la entidad mexiquense donde se castiga con cárcel a quién promueve o forma una escuela –ley estorbo- y donde se persigue a los opositores constituyendo un delito para encarcelarlos –ley panal- cuyo objetivo es quitar de tajo el derecho a la organización, a la libre manifestación en defensa de los derechos civiles y laborales de los profesores.
A pesar de todos estos hechos, los docentes del estado de México afirmaron que seguirán en lucha en contra de la reforma educativa y sus leyes secundarias y en contra la represión; que seguirán realizando acciones junto a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) hasta lograr la derogación de las reformas a los artículos 3 y 23 constitucional; y que seguirán en el plantón instalado en el Monumento a la Revolución, además demandaron una mesa de diálogo para el magisterio del Estado de México, con el gobernador Eruviel Ávila Villegas y la Secretaría de Gobernación Federal.
Finalmente, los docentes aseguraron que en el estado de México el gobierno hace oídos sordos de las demandas de la población y es incapaz de detener la creciente inseguridad, ya que su principal preocupación es la imagen del gobernador en la televisión.
