Óscar Balderas / @oscarbalmen
Foto: Terra
(21 de enero, 2014).- El actual Código Penal Federal tiene un vacío legal del tamaño del ejército del narcotráfico: el “halconeo” no figura como delito para el gobierno de Enrique Peña Nieto.
En México, el “halconeo” es una actividad delictiva que realizan principalmente jóvenes en situaciones vulnerables para el crimen organizado y consiste en vigilar discretamente zonas donde se han asentado cárteles de la droga para poder avisar — mediante radios o señales corporales — sobre la presencia de policía, militares, defensores de derechos humanos o periodistas.
Las alertas que dan los “halcones” suelen terminar en la ejecución de los foráneos y después de cierta cantidad de muertes, los vigilantes suben en el organigrama de la organización delictiva para la que trabajan. Entre más muertos, mejor para ellos.
Además, trabajan como informantes: obtienen datos privilegiados y los usan contra civiles inocentes y miembros de otros cárteles para ganar dinero; escuchan sobre posibles traidores del grupo; trafican con droga; concretan extorsiones conocidas como “derecho de piso”.
“Sin embargo, el llamado ‘halcón’, persona que espía, asecha o vigila a las fuerzas policiales, y militares, para favorecer al crimen organizado, hasta la fecha no es considerado como un delincuente, ya que dentro de la legislación federal vigente no se encuentra tipificada dicha figura”, asegura un documento de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados en poder de REVOLUCIÓN TRESPUNTOCERO.
Este vacío legal ha permitido que cientos de detenidos por policías municipales, estatales, federales y militares – un número indeterminado en el documento del Congreso – queden libres y vuelvan a dominar con violencia una zona del país, pues los jueces son incapaces de sostener los expedientes.
“En el Código Penal Federal, el delito de espionaje sólo castiga cuando un extranjero proporcione información a una nación extranjera con el propósito de una posible invasión del territorio nacional o de alterar la paz interior. También castiga al mexicano que, teniendo en su poder documentos o informaciones confidenciales de un gobierno extranjero, los revele a otro gobierno, si con ello perjudica a la nación mexicana. Y finalmente, castiga al que teniendo conocimiento de las actividades de una espía y de su identidad, no lo haga saber a las autoridades”, dice el documento para ejemplificar que el “halconeo” no se encuentra en la legislación vigente.
Apenas hay un pequeño esfuerzo en algunos estados del país: en Coahuila se tipificó el delito de “facilitación delictiva”, que no es específico en esta tarea de espía para el narcotráfico. En Quintana Roo se llama “uso indebido de información sobre las actividades de seguridad pública” y no comprende concretamente el asecho a tareas policiacas. En Nuevo León tiene el ambiguo término “delitos cometidos contra instituciones oficiales y servidores públicos”.
Además, Sinaloa, Jalisco y Chiapas han penalizado sin éxito esta actividad; incluso, en el caso del último estado, la organización a favor de la libertad de expresión Artículo 19 México alertó que los cambios legales van más enfocados a contener a la prensa que a la delincuencia organizada.
En cambio, en estados severamente golpeados por el narcotráfico y con territorios perdidos por el Estado, como Michoacán, Guerrero o Tamaulipas, no tienen ni siquiera una aproximación a este delito.
“Se trata de un foco rojo que debe ser atendido como consecuencia de la falta de oportunidades aunado a la desigualdad económica que persiste entre los jóvenes, es el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes para unirse a las filas de grupos criminales, al convertirse en blancos perfectos para realizar este tipo de conductas antisociales, en este caso como ‘halcones’”, se lee en el diagnostico.
Actualmente, existe una iniciativa de ley promovida por el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano para reformar los artículos 129 Bis y 194 del Código Federal de Procedimientos Penales y se cree el delito de “facilitación de información con fines delictivos”.
Esta propuesta – que permanece en la “congeladora” de San Lázaro desde el 29 de mayo de 2013 – plantea definir el rol del “halcón” como “el que aceche, alerte, vigile o realice cualquier tipo de acciones tendientes a obtener información privilegiada de las instituciones de seguridad pública, Fuerzas Armadas, o de procuración de justicia, para hacer mal uso de ella, con el fin de utilizarla para dar a conocer y avisar a terceros la ubicación, actividades y operativos; así como para evitar que algún miembro de la delincuencia organizada sea detenido o para que éstos puedan concretar una actividad delictiva”.
En caso de que la iniciativa avance, el “halconeo” en México se castigaría de cuatro a doce años de prisión y de 200 a 400 salarios mínimos.
Las penas aumentarían 50 por ciento si el probable responsable usa niños o adolescentes como apoyo para sus labores de “halcón” y un 33 por ciento si el delito es cometido por un servidor público que haya pertenecido o pertenezca a una institución pública o privada de seguridad.
