(11 de febrero, 2014).- El viernes 7 de enero la Secretaria de Desarrollo Económico del Distrito Federal presentó un programa cuya finalidad consiste en incorporar al trabajo formal a los llamados vagoneros. En lo esencial, la propuesta firmada por 19 de las 21 organizaciones de trabajadores informales, consiste en dotarlos de un apoyo de dos mil 18 pesos durante 6 meses, mientras se les capacita en oficios como la plomería o la albanilería. Así, en palabras de Héctor Serrano, secretario de Gobierno, quienes hoy se ganan la vida en las inmediaciones del metro pasarán a “formar parte de la formalidad en la ciudad”.
Según especialistas en la materia, llama la atención que la Secretaría de Desarrollo Económico, manifieste una comprensión tan estrecha del fenómeno social que representa la informalidad. Lejos de entender las causas estructurales del problema, el GDF ha echado a andar una narrativa “voluntarista” que ha sido recogida por buena parte de los medios de comunicación. Así, la matriz discursiva que se intenta implementar supone que bastaría con que los trabajadores informales lo “quisieran” y se “esforzaran” lo suficiente para conseguir salir del empleo informal y mejor su calidad de vida. .
Mediante esta formulación, el centro de la problemática se traspasa a la voluntad del individuo y se soslayan las condiciones económicas que producen semejante fenómeno. Bajo esta perspectiva, aquellos que se nieguen a dejar los vagones para recibir dos mil 18 pesos, serán presas de un discurso estigmatizador. En él, se legitimará el uso de la fuerza como respuesta a su obstinación por desaprovechar la generosa oferta del GDF.
Sin embargo, vale la pena señalar que ni las oportunidades de empleo crecerán, ni los derechos laborales se restituirán, ni, mucho menos, la informalidad desaparecerá a partir de medidas inmediatistas como las propuestas por esta administración. Estudios de la OIT han mostrado que una de las causas que explican el desarrollo de formas de organización laboral paralelas a la formalidad, tiene que ver con los limitados salarios que ahí se conceden. A la par, la tendencia a tercerizar los empleos, limitar los derechos laborales y restringir las posibilidades para asegurar la vejez, generan una ausencia real de incentivos para migrar a la formalidad.
En efecto, en las inciertas condiciones del mercado laboral nacional no hay razones por las cuales aquellos que diariamente salen a trabajar para mantener a sus familias decidan pasar a un empleo que no les garantizará protección alguna y les atraerá menos recursos. En esta situación pedir que se inserten en las inestables filas de la formalidad es obligarlos a firmar un pacto voluntario en el que consientan su inserción en la precariedad.
