(11 de febrero, 2014).- Los senadores Arely Gómez González (del Partido Revolucionario Institucional), Laura Rojas Hernández (de Acción Nacional) y Alejandro Encinas Rodríguez (de Revolución Democrática), recibieron de organizadores de la sociedad civil y académicos especializados en garantía y acceso a la información pública, sus propuestas para la creación de la Ley General de Transparencia y Protección de Datos.
La legislación primaria promulgada desde el pasado viernes, destaca por la creación de un organismo encargado de la transparencia y el acceso a la información pública, facultado como un ente autónomo; donde “todos los organismos e instituciones que reciben fondos públicos o que realizan algún acto de autoridad, serán sujetos obligados a transparentar el ejercicio de esos recursos”, afirmó Peña Nieto durante el acto protocolario.
Pese a los buenos ánimos mostrados por el ejecutivo, los legisladores advirtieron que encima de las bondades que proyectan para ésta –además de que tardaran “casi un año en concretar entre todas las fuerzas políticas”–, aún falta una reglamentación interna que posibilite la efectiva autonomía del Sistema Nacional de Transparencia, sobre los transitorios de las leyes secundarias y la ley general.
“El viernes, el presidente de la república promulgó la reforma constitucional en materia de transparencia, y este es el primera paso para garantizar el derecho a la información de todos y todas los mexicanos. Una vez promulgada, comienza el periodo transitorio en que el Congreso de la Unión tiene que procesar una serie de reformas legales secundarias para hacer operativa esta reforma constitucional”, recordó Arely Gómez González.
Por su parte, el senador Alejandro Encinas, exaltó la participación de organizaciones como la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública, la Red México Informa, la Red por la Rendición de Cuentas y el equipo de investigaciones Fundar, ya que, además de participar en su iniciativa todas las fuerzas políticas, en ésta también intervendrán miembros de la sociedad civil que han seguido de cerca el proceso.
En el mismo tono, se expresó la senadora Laura Rojas, quien además remarcó el trabajo conjunto entre los tres miembros de los grupos parlamentarios de mayor presencia en el Congreso, que esperarán tener una sola propuesta: “estamos caminando juntos, de la mano, para este tema que es prioritario para el senado y, esperamos ahora, de la sociedad civil, su aportación.”
“Lo que sigue ahora, es solidificar los grupos de trabajo para poder concretar la legislación secundaria. No sólo la de Acceso a la Información Pública sino también la de Protección de Datos Personales y archivos. Llevamos ya casi un año, no queremos llegar hasta el final de éste discutiéndola, pero la intención es tener productos legislativos del consenso”, agregó.
Por último, Aidé Pérez del colectivo de investigaciones sociales, Fundar, expresó su preocupación por la elección de los nuevos titulares del IFAI, en la que impere nuevamente el reparto de cuotas partidistas encima de los criterios técnicos de los postulados.
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Entre los puntos principales de la reforma están:
– Autonomía del IFAI, el cual estará integrado por siete comisionados, quienes durarán en su encargo siete años, sin posibilidad de reelección.
– El comisionado presidente será designado por los propios comisionados, por un periodo de tres años.
– El organismo tendrá un Consejo Consultivo integrado por 10 consejeros.
– Se amplió el catálogo de sujetos obligados directos a:
a) Cualquier autoridad entidad, órgano, y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
b) Partidos Políticos.
c) Órganos autónomos, fidecomisos y fondos públicos que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad.
d) Cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal.
Dentro de las críticas que se la han hecho a ésta, es que los sindicatos, nuevamente, no serán objeto del escrutinio público.
