(11 de febrero, 2013).- En el marco del Seminario La Reforma Educativa en México, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el secretario de Educación, Emilio Chuayffet, defendió los avances que representa la Reforma Educativa para el país. Por su parte, Hugo Aboites, investigador de la Universidad Autónoma de Xochimilco, señaló que: “a pesar de un movimiento de inéditas dimensiones, el Congreso no hizo caso alguno de todas estas protestas, no hizo caso alguno de los argumentos y de ninguna manera aceptó sentarse a discutir a escuchar y simplemente hizo las cosas por su cuenta”.
Aboitez afirmó que uno de los problemas de la evaluación es la falta de conceptualización y lineamientos para clarificar el término de calidad, ya que “no hay una tesis oficial clara que explique de manera precisa qué es”. Además afirmó que con el nuevo paquete de leyes y modificaciones constitucionales comprendidas con la aprobación y promulgación de la Reforma Educativa, no sólo tenemos una definición de calidad sino cuatro, algunas de ellas contradictorias entre sí, por lo que sólo se agudiza la confusión en la materia.
“Tenemos cuatro definiciones distintas de evaluación, una que aparece en el artículo 8 de la Ley Federal Educativa, otra que aparece en el artículo 5 de la ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Una tercera que aparece en el 3ro constitucional, fracción segunda, y finalmente la que aparece en el artículo 11 fracción quinta de la ley General de Educación Ley, y estas dos últimas parecen incluso contradecirse. Entonces, no sólo tenemos para mayor confusión cuatro definiciones distintas legales aprobadas por el Congreso sobre lo que hay que perseguir en la educación”.
Por otro lado, se refirió a la centralización de funciones del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), “no se pensó en una multiplicidad de sedes alrededor de toda la República y se permitió la centralización de la educación”. Aunado a la “larga historia de discriminación en la aplicación de los exámenes de evaluación en términos de género, de cultura, de origen social, y el caso que se hace a estas denuncias es nulo, absolutamente no hay ni una respuesta favorecedora, pero sí una reticencia para resolver estos problemas”.
Para el académico, “la evaluación mexicana no se preocupa por ajustarse a la legalidad, por ejemplo, se establece como obligatoria la educación media superior y sin embargo se siguen aplicando exámenes para decidir quién ingresa a las instituciones, se sigue condicionando el acceso a que la persona pague un examen para ver qué escuela le va a tocar”.
Por otro lado en el caso de las acreditaciones “se violenta la autonomía cuando estas agencias acreditadotas determinan qué cambios hay que hacer en los planes y programas de estudio, cuando las instituciones autónomas por ley tienen entre sus facultades determinar sus planes y programas de estudio”.
Por su parte el investigador Ángel Rogelio Díaz Barriga, del Instituto de Investigaciones Sobre la Universidad y la Educación (ISSUE) señaló que “somos más de 400 investigadores los que en México formamos parte del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, prácticamente más de 40 colegas somos expertos en evaluación ¿no mereceríamos haber sido consultados, en la Reforma Educativa?”.
También indicó que se “piensa que la evaluación siempre existió, pero es en siglo XIX cuando aparece la obligación que nos dan a los profesores que nos dieron a los especialistas en evaluación de decir cómo se califica. Antes de ese entonces la práctica estaba regulada por otras reglas, y se le pedía que estableciera reglas para que de acuerdo al nivel educativo fuera establecido el ámbito de trabajo en el cual desempeñarse”.
La noción de evaluación lleva hacia la mejora del proceso, pero se debe reconocer que “en estricto sentido no sabemos cuánto aprendió cada persona y la capacidad pedagógica que desempeñó cada docente”. Una vez que se conocen las deficiencias de cualquier disciplina se debe “hacer un diagnóstico de a qué se debe y qué es lo que tendríamos que hacer para mejorar. Pero qué se debe hacer en conjunto como sociedad mexicana”.
Sin embargo “el Congreso escuchó la voz de un grupo de empresarios que ha venido por mucho tiempo poniendo en entredicho a la escuela pública” y ahora “se diga que se van a correr a los maestros, porque rompe con un principio de la evaluación de la educación que es lo primero que se quiere es mejorar, un principio fundamental de la didáctica”.
