(18 de febrero, 2014).- “Al no ocupar tecnología indicada, Texaco destruyó 2 millones de hectáreas de Amazonia ecuatoriana” señaló esta mañana el académico Marcos Agustín Cueva durante la mesa redonda sobre el caso Chevron-Ecuador.
Chevron –empresa petrolera que absorbió a Texaco en el 2011– demandó al Estado ecuatoriano ante el Tribunal de Arbitraje de la Corte de la Haya, que ordenó al gobierno ecuatoriano suspender toda ejecución de la sentencia que impuso a Texaco.
Entre los años 1964 y 1992, tiempo en que la empresa petrolera Texaco operó en Ecuador, ésta provocó un derrame de 71 millones de litros de residuos de petróleo y 64 millones de litros de petróleo bruto.
Cuando en Ecuador se determinó la culpabilidad de la empresa petrolera y se le sentenció a pagar 9,6 millones de dólares y a presentar disculpas públicas, Texaco inició un arbitraje internacional en el 2006 ante la Corte de la Haya, que le exoneró de todo delito.
Durante el foro organizado por el Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe (CIALC) de la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM y la Embajada de la República de Ecuador, Marcos Agustín Cueva mencionó que las empresas trasnacionales, especialmente en el caso de mineras y petroleras, aprovechan una mano de obra “menos exigente” que la de sus países de origen, así como los “huecos legales” sobre explotación de los recursos naturales que les permiten seguir operando.
“No invierten por caridad o por buena voluntad, lo hacen por obtener ganancias”, señaló Cueva, quien hizo énfasis en que las empresas se reservan el derecho de cumplir con regulaciones medioambientales.
Los conflictos con empresas trasnacionales se complican, declaró, cuando el país afectado queda privado del que debería ser el principal instrumento para defenderse de casos como el caso de Chevron: la ley, que en este caso “se está usando para delinquir”.
En el foro se contó con la presencia del investigador del CIALC Carlos Vejar Pérez Rubio y del diputado federal Rosendo Serrano Toledo, presidente del Comité de Amistad México-Ecuador, quienes expresaron su solidaridad con el gobierno ecuatoriano y condenaron las acciones políticas y jurídicas emprendidas por la empresa petrolera estadounidense.
Chevron dejó de operar en Ecuador en 1992, mientras el Tratado Bilateral de Inversiones entre Ecuador y Estados Unidos, al que la empresa petrolera recurrió en su defensa, fue firmado hasta 1993 y entró en vigor hasta 1997. Es decir, la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya hizo retroactivo el tratado, lo que según Marcos Agustín Cueva caería en la ilegalidad.
Por su parte, el periodista mexicano Virgilio Caballero señaló que por encima de las medidas jurídicas que Chevron ha tomado, se trata de un problema político. “¿Privatizar la impartición de justicia habría sido posible sin la participación de los gobiernos entreguistas que tenemos en nuestros países?”, cuestionó el periodista al señalar que la Corte de la Haya “está coludida con los intentos privatizadores que el Consenso de Washington le dictó al mundo entero”.
A propósito de la campaña mediática –denunciada por el gobierno de Rafael Correa– que la empresa petrolera ha llevado a cabo contra el Estado ecuatoriano, Caballero recordó que los medios de comunicación también han jugado un papel central en el caso de México y su Reforma Energética.
“Denuncié que Televisa está implicada en la entrega del petróleo que la élite que mal gobierna al país está haciendo a los Estados Unidos. No es nada más la ganancia por la publicidad que lanza el Gobierno por horas […], es la certeza que tienen ellos de estar ayudando a fundamentar el adormecimiento del pueblo de México, sin el cual habría sido imposible que apenas poco más de mil traidores a la patria entregaran el territorio a empresas extranjeras, en sesiones de increíble cinismo y falta de responsabilidad”, declaró el periodista.
El gobierno ecuatoriano denuncia que Chevron-Texaco ha buscado evadir su responsabilidad en la contaminación de las 2 millones de hectáreas de la Amazonía ecuatoriana, además de generar una campaña de desprestigio contra la nación sudamericana.
