Peña Nieto prefiere reformas políticas y económicas a enfrentar las graves violaciones a derechos humanos, la alarmante inseguridad y la constante impunidad: Amnistía Internacional
AI le pide que deje la retórica y defienda a la población, a periodistas e inmigrantes de las acciones de los criminales, la policía y el ejército, que realizan desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y asesinatos.
(18 de febrero, 2014).- El gobierno mexicano tiene como prioridad las reformas políticas y económicas y ha relegado a segundo plano la defensa de los derechos humanos. Hay retórica, pero brillan por su ausencia los compromisos políticos y las acciones decisivas en esta materia, en momentos en los que son graves las violaciones de los derechos humanos, la impunidad es una constante y es alarmante la inseguridad en muchas partes del país, provocada también por fuerzas militares y policíacas que realizan desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias, consideró Amnistía Internacional.
En un memorándum a Enrique Peña Nieto, la institución afirma que las consecuencias del combate al crimen organizado y a los cárteles de la droga por parte de las fuerzas armadas, iniciado en la administración anterior, han aumentado la inseguridad y la violencia en muchas regiones, dejando a muchas comunidades desprotegidas y en riesgo.
“Los reportes sobre abusos de derechos humanos cometidos por la policía y las fuerzas de seguridad, incluyendo desapariciones forzadas, tortura y detenciones arbitrarias, continúan y la impunidad en todos los crímenes sigue siendo la norma”, precisó.
Indicó que las y los defensores de derechos humanos y periodistas, quienes frecuentemente tratan de apoyar a las víctimas y revelan los abusos, enfrentan cada vez mayores ataques. Las mujeres, los pueblos indígenas y las personas migrantes sufren discriminación y violencia, pero sus posibilidades de obtener reparación son escasas.
El gobierno no responde
Amnistía Internacional aseguró que el sistema de justicia continúa defraudando a las víctimas, a quienes se acusa de los delitos y a la sociedad en general. Agregó que “Éstos son sólo algunos de los problemas de derechos humanos que las personas deben enfrentar en sus vidas diarias, y hasta ahora el gobierno no ha respondido a esta crítica situación”.
Amnistía Internacional hizo estos señalamientos con motivo de la visita de su secretario general a México. Además, instó al gobierno de Peña Nieto a colocar los derechos humanos en el centro de sus esfuerzos para mejorar la vida de la gente.
“Un combate efectivo contra los persistentes patrones de graves violaciones a derechos humanos y la impunidad es esencial para poner fin a las continuas amenazas al bienestar de muchos sectores de la población y para permitirles disfrutar plenamente de sus derechos”, precisó.
Indicó que en marzo de 2014 el gobierno mexicano anunciará formalmente cuáles recomendaciones adoptará, de las 176 realizadas en 2013 por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas:
“La adopción de aquellas recomendaciones coherentes con los estándares internacionales de derechos humanos, seguida de su rápida implementación con acciones concretas que garanticen efectos duraderos, representará una prueba de qué tan seriamente considera el gobierno sus obligaciones en materia de derechos humanos”.
AI conminó a la administración Mexicana a tener avances reales en virtud de que enfrenta serios retos en relación con el Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos.
Indicó que los derechos humanos se han relegado a funciones administrativas de rango medio de la Secretaría de Gobernación y de otras instituciones con autoridad y capacidades limitadas para impulsar cambios sustanciales.
Intolerancia frente a impunidad
“Cuando un gobierno realmente quiere cambiar la cultura prevaleciente de abusos de derechos humanos e impunidad, debe demostrar que está preparado para hacer de ésta una verdadera prioridad política, no una mera postura retórica sobre compromisos internacionales de derechos humanos; debe dejar en claro que los funcionarios públicos no pueden ignorar los derechos humanos o reducirlos a un tema secundario. Además, para mostrar que la impunidad dejará de ser tolerada, debe demostrar en la práctica que cualquiera que esté implicado directa o indirectamente en abusos de derechos humanos será llevado ante la justicia y que las víctimas tendrán acceso a la verdad y a la reparación”.
Amnistía Internacional dijo que no sorprende que Michoacán sea el ejemplo más visible de la persistente crisis de seguridad pública: “el estado, que ha sido testigo del inicio del funesto combate al crimen organizado por parte de las fuerzas militares, ha sufrido años de violencia e inseguridad a manos de bandas criminales, así como de la policía y las fuerzas de seguridad, algunas de las cuales actúan en colusión con dichas bandas. Los grupos de autodefensa parecen ser una respuesta a esta negligencia y abuso, pero ellos mismos ahora ponen a prueba la voluntad del Estado para cumplir con sus obligaciones en materia de seguridad y derechos humanos”.
“El desafío para la presente administración es reconstruir el tejido social y forjar instituciones en las que pueda confiar la población y que no cometan violaciones de derechos humanos. Una cosa es afirmar que los derechos humanos se respetan en el marco de la política de seguridad pública, y otra es asegurar que realmente hay mecanismos creíbles de rendición de cuentas capaces de detectar y mantener estos estándares, incluyendo la prevención y la sanción de cualquier abuso cometido por grupos de autodefensa. Hasta el momento, no hay evidencia de que el gobierno esté preparado para garantizar que sea así y que se ponga un alto a las prácticas relacionadas con el gobierno anterior. Otros estados, como Veracruz, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua y Guerrero, donde la violencia, la inseguridad y las violaciones a derechos humanos son una amenaza diaria para la población local, reciben poca atención de parte de las autoridades responsables o de los medios de comunicación”.
