(27 de febrero, 2014).- El 19 de febrero de 2010, dos mujeres de la etnia Hñahñú (otomí) fueron sentenciadas en Querétaro, por el supuesto secuestro en contra de seis agentes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y por posesión de cocaína.
Debido a esto, un cúmulo de organizaciones y ciudadanos alzó la voz y puso cartas en el asunto, buscando justicia para Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio. Finalmente se logró la revocación de la sentencia y luego de tres años de reclusión, las dos mujeres fueron declaradas inocentes, recuperando su libertad en abril de 2010.
Sin embargo, aún hay quienes denuncian que la justicia no se queda en el esclarecimiento de los hechos, sino en que el Estado mexicano otorgue una reparación integral a quienes fueron encarceladas por más de tres años, debido a acciones y omisiones de diversas autoridades.
Entre los defensores que exigen esta indemnización para Alcántara y González, destacan los diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano y del Partido de la Revolución Democrática (PRD): Ricardo Mejía Berdeja, Ricardo Monreal Ávila, José Francisco Coronato Rodríguez, Margarita Elena Tapia Fonllem y Roberto López Suárez; quienes hoy emitieron un comunicado con punto de acuerdo, exigiendo a la Procuraduría General de la República (PGR) la resolución de dicho caso.
“En el recurso interpuesto por las dos mujeres ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se determinó que las irregularidades y omisiones implican un daño patrimonial y moral, motivo por el cual ordenó un pago de un millón 72 mil 624 pesos y el no hacerlo, sentaría un precedente de impunidad cuando el Estado comete estos graves errores que afectan la trayectoria de vida”, indica el documento.
Por si fuera poco, los abogados defensores afirmaron que el desenlace del procedimiento judicial realizado en contra de las ciudadanas, violó la Constitución, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, según se ha hecho constar en la absolución que recibieron Alcántara y González, por parte de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Se exhorta al titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, a atender en sus términos la resolución del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, a fin de que las ciudadanas Alberta Alcántara y Teresa González reciban la indemnización correspondiente”, concluye el punto de acuerdo, que fue llevado al Palacio Legislativo de San Lázaro.
