Por Alavez, Alcocer y Ramírez
Desde 2013 maestros de todo el país se manifestaron en contra de la Reforma Educativa presentada por el Ejecutivo. Sin embargo, el debate respecto a uno de los temas más importantes de este país estuvo acaparado por una campaña mediática destinada a deslegitimar a los docentes, dejando de lado los argumentos que se esgrimían para criticar dicha reforma. Por lo mismo, Janeth Ramírez, Jesús Fernando Alavez Salazar y Willy Arturo Hernández Alcocer realizan un análisis detallado respecto a las razones de la protesta magisterial y los objetivos empresariales que se encuentran en el centor de esta reforma. Aquí la tercera parte:
(27 de febrero, 2014).- El artículo 73° pasa a ser reformado constitucionalmente para que el Congreso tenga la facultad de establecer el servicio profesional docente en términos del artículo 3° constitucional. Adicionalmente se reforma el artículo 3° constitucional para que el ingreso al servicio docente y la promoción a funciones directivas o de supervisión en la educación básica y media superior sea mediante concursos de oposición.
La Ley reglamentaria del artículo 3° constitucional fijará los criterios, términos y condiciones para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional docente, en todo caso deberán corresponder al mérito del docente en su desempeño para obtener una evaluación justa y adecuada. Todos aquellos ingresos y promociones dentro del sistema educativo que no sean conforme la ley se consideran nulos.
El alcance es de grandes proporciones porque afectará a todo trabajador del magisterio ya sea federal, estatal o municipal. Como dice la exposición de motivos el propósito de esta ley será establecer una “legislación diferenciada para el personal de la educación pública respecto de los demás trabajadores del Estado”. Algo que ya se había realizado con los profesores universitarios.
Se está sacando al magisterio de la protección del artículo 123 constitucional, para trasladar todo marco regulatorio de sus condiciones de trabajo al artículo tercero, es decir, será el Poder Ejecutivo, quien a través de la SEP, impondrá de forma unilateral las condiciones de ingreso, permanencia y separación del servicio educativo.
Esta no es una reforma auténtica al proceso de formación, es decir, no es una reforma educativa, ya que no incluye el mínimo esfuerzo de mejorar los procesos educativos de enseñanza y aprendizaje. Debido a que los derechos laborales de los profesores se transforman en administrativos, no serán los tribunales laborales los que conozcan de sus recursos de apelación, sino los administrativos, como ocurre con los trabajadores universitarios. Con ello, desaparece la bilateralidad con su empleador. Carece de derechos frente al patrón y en ese ámbito uno de los efectos más graves es que desaparecen los privilegios colectivos, pues no podrán hacer uso de sus condiciones generales de trabajo para ser escuchados. Se violenta el Reglamento de Escalafón de los Trabajadores ya que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa invalida las facultades decisorias por encima de la SEP.
La educación atañe a toda la sociedad y cuando la reforma educativa obedece sólo a los intereses de la autoridad del momento y peor aún obedece a la inmediata acumulación de capital, suele tratarse de un emprendimiento político para difundir una visión sesgada de la realidad y para formar a las nuevas generaciones -ahora sí en su totalidad-de acuerdo al mensaje dominante.
A manera de conclusión
Más que hablar de una educación de calidad tendríamos que hablar de una educación con procesos educativos con la dignidad como bandera. Donde los métodos cualitativos pesen sobre los procesos funcionalistas y pragmáticos. La dinámica social y la premura gubernamental por “reformar y modernizar” al Estado, han hecho que la lucha magisterial sea demeritada. Prueba de ello fue la nula respuesta al segundo desalojo sufrido por el campamento de la CNTE el pasado seis de enero en el Monumento a la Revolución.
Sin embargo, la lucha magisterial seguirá presente durante todo el sexenio, ya que no podríamos entender la reforma laboral, la reforma educativa-que no es más que el complemento de la reforma laboral-, la reforma hacendaria y fiscal, y la reforma energética, sumado a los proceso privatizadores anteriores -como las pensiones del ISSTE-, y procesos sociales como la llamada guerra contra el narcotráfico y su más significativo y reciente ejemplo: el surgimiento de las autodefensas en Michoacán[1]– como un único proceso donde el Estado reproduce la producción social hacia una apropiación individual, basada en la relación de trabajo asalariado-capital, es decir, donde el Estado mexicano lleva a su sociedad a la reproducción del capital, a la acumulación de la riqueza en manos de unos cuantos, en su versión más voraz e inhumana: el neoliberalismo.
[1]http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2014/01/15/autodefensas-en-michoacan-guerra-civil-o-insurreccion-de-la-burguesia/
