Coatlicue Nieto / @Sophiadaria
(5 de marzo, 2014).- El 71.38% de las empresas mineras en México son de capital canadiense. Una de ellas es Fortune Silver Mines que, entre otras concesiones, actualmente explota a través de su filial Minera Cuzcatlán S.A., la mina San José en el municipio de San José del Progreso, Oaxaca.
El Informe 2013 de la Canimex expone que, durante el último año, en la mina San José se extrajeron 17.9 miles de onzas de oro y 1.95 miles de onzas de plata, lo cual reportó una considerable ganancia para la empresa Cuzcatlán. Sin embargo, las condiciones que imperan en el municipio oaxaqueño no han visto una mejoría a partir de la operación de la mina.
El municipio de San José del Progreso tiene una población total de seis mil 579 personas, tres mil 168 hombres y tres mil 411 mujeres, con 483 hablantes de lengua indígena. A nivel estatal ocupa el tercer lugar en las cifras de marginación y a nivel nacional el 481.
Si, como lo hacen los gobernantes y los dueños de las mineras, se argumenta que la inversión extranjera trae consigo mejoras laborales y progreso, bastaría con echar una mirada a las cifras para desmentir esta afirmación. Oaxaca ocupa el octavo lugar en producción de oro y plata a nivel nacional, pero continúa dentro de las primeras cinco entidades con mayor grado de marginación, ubicándose en el cuarto sitio.
Es fácil advertir los errores del discurso oficial, en primer lugar las empresas no invierten sus ganancias en la comunidad, ni en el país; por otra parte, los puestos de trabajo que producen son temporales y responden a la figura de la subcontratación u outsourcing, con lo cual las empresas eluden el otorgamiento de prestaciones sociales a los trabajadores.
Los “aportes” de la explotación minera en México: el caso de San José del Progreso, Oaxaca
En San José del Progreso, Oaxaca, las consecuencias de las extracción minera pueden advertirse a simple vista. El deterioro del ambiente y la salud de los habitantes de los poblados cercanos a la mina han provocado que los ejidatarios y sus familias se organicen para declarar al municipio como una zona libre de mineras.
No obstante, la Compañía Minera Cuzcatlán, filial de Fortuna Silver Mines, ha repartido dinero al presidente municipal, según múltiples testimonios, generando enfrentamientos al interior de la comunidad entre los partidarios de la mina y los que están en contra.
La escalada de violencia ha cobrado la vida de al menos dos activistas que se oponían a la labor de la minera. Uno de ellos es Bernardo Vázquez Sánchez, dirigente de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO) asesinado el 15 de marzo de 2012, mientras viajaba en su vehículo acompañado por su hermano y una prima.
Bernardo Vázquez, ingeniero agrónomo por la Universidad Chapingo, había recibido amenazas de muerte varios meses antes a través de un video en YouTube, en el que se burlaban del movimiento que encabezaba contra la mina, al tiempo que sentenciaban: ‘Te vas a morir, perro Bernardo Vásquez’ (sic), en un vertedero de la presa municipal”.
De igual forma, el 18 de enero de 2012 fue asesinado Bernardo Méndez y herida de gravedad Abigail Vásquez Sánchez, quienes también se oponían al proyecto de la Compañía Minera Cuzcatlán. Estos hechos han sido denunciados por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), en el informe Transición traicionada: los derechos humanos en México durante el sexenio 2006-2012, donde indica que “la empresa minera Cuzcatlán ha violentado diversos tratados internacionales de derechos humanos, entre ellos el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que estipula el consentimiento previo, libre e informado para la realización de proyectos en territorios indígenas”.
Pese a que el gobierno mexicano ha suscrito el convenio 169 de la OIT, la legislación nacional posibilita que se entregue la concesión sin que sea necesario contar con los resultados de la consulta a la comunidad, por lo que, en muchos casos, es hasta que las mineras entran en operación que la población puede manifestar su descontento.
En septiembre de 2013, organizaciones sociales iniciaron la campaña “megaminería tóxica”, a la que acompañaron de una propuesta para modificar la Ley Minera que evite la destrucción de las regiones susceptibles. En dicho evento Leovigildo Vázquez Sánchez, representante de San José del Progreso, Oaxaca, aseguró que los dueños de la minera Cuzcatlán le han puesto un precio de 80 mil pesos a su cabeza, por lo que cuenta con medidas de protección dictadas por la Secretaría de Gobernación. Además denunció que a pesar de la existencia de videos en los que se observan los crímenes que se han cometido contra activistas, el gobierno de Oaxaca ha promovido la impunidad al no apresar a los criminales.
Pero los ataques provocados por la minera canadiense en Oaxaca no son los únicos, en otras estados del país esta práctica se agudiza a través de la configuración de grupos paramilitares o comandos armados que atacan a los opositores de las mineras canadienses.
El 15 de agosto de 2013, la periodista Carmen Aristegui entrevistó a Gustavo Castro, miembro de la organización Otros Mundos y de la Federación Amigos de la Tierra Internacional, quien declaró en el programa de radio: “No hay provincia donde las mineras extranjeras no estén confrontadas con la población. Las mineras se han valido del crimen organizado para defender sus intereses”.
En sus enfrentamientos con las comunidades han tenido algunos descalabros. Después de año y medio, una resolución judicial impidió a la minera canadiense First Majestic Silver que hiciera uso de la concesión minera que le fue otorgada en el territorio sagrado del pueblo wixárica (wirikuta). Lo que obligó al gobierno federal a declarar las 45 mil hectáreas como zona sagrada, libre de explotación minera.
Pero no sólo esto, en la llamada Reforma Hacendaria el Congreso determinó gravar las regalías mineras con un 7.5%, el cual sumados con los otros compromisos fiscales de estas empresas representaría, según algunos expertos, una carga fiscal del 44%. A decir de la Camimex esto afectará la estrategia de negocios de las mineras y generará la migración de sus capitales a países con menores cargas impositivas.
Otro de los factores a considerar es el de la participación del crimen organizado que ha llegado a apropiarse de mantos concesionados de otras empresas para exportar a China el mineral que obtienen por precios mínimos.
