Por: Ivonne Acuña Murillo
(08 de marzo, 2014).- El 85 aniversario de la fundación del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Día Internacional de la Mujer, celebrado el 8 de marzo, son dos buenos pretextos para pensar, de manera muy breve, la relación que las mujeres y el PRI han sostenido a lo largo de la vida de éste.
El 4 de marzo de 1929, el general Plutarco Elías Calles, funda el Partido Nacional Revolucionario (PNR) con la intención de institucionalizar la lucha por el poder. El nombre del partido y el hecho de que haya asumido como propios los colores de la Bandera son un signo inequívoco de su carácter. Nacional porque en él se aglutinaron una gran cantidad de fuerzas políticas que a lo largo del territorio se habían formado con la intención de acceder al poder que los diversos grupos revolucionarios habían ayudado a conquistar. Revolucionario porque se asumía como el heredero de una revolución política y popular. Tricolor porque se erigió como representante de las aspiraciones de todo un pueblo, el mexicano.
De esta manera, su posición como partido oficial “no oficial”, pues en ningún documento público se reconoce como tal, comenzó con el hecho de que por decreto de Calles, se debían descontar 7 días del salario anual a todos los empleados del gobierno para el sostenimiento del partido, a partir de lo cual se les consideraría como miembros activos de éste.
En esta primera etapa, el partido operó como partido de élites políticas, como un mecanismo de acceso a las diversas posiciones en toda la estructura de poder, como una manera de frenar los enfrentamientos violentos entre aquellos que se sentían con “el derecho” a gobernar o participar de los beneficios del Nuevo Sistema Político.
Durante esta primera fase del partido, en 1934, en el contexto de la campaña presidencial del general Lázaro Cárdenas del Río, se da la mayor organización de mujeres gracias a la conformación del Frente de Mujeres Mexicanas (FMM). Al mismo tiempo, Carlos Riva Palacio, líder del PNR, convoca a las mujeres a formar el sector femenino del partido. Las organizaciones que acuden a esta convocatoria son: el Bloque Nacional de Mujeres Revolucionarias (creado en 1929), presidido por Florinda Lazos León; el Partido Feminista Revolucionario (fundado en 1929); de donde saldrá la primera dirigente del Sector Femenil del PNR, Edelmira Rojas viuda de Escudero, y la Confederación Femenil Mexicana (creada en 1931), encabezada por María Ríos Cárdenas. La Liga Orientadora de Acción Femenina (creada en 1927), dirigida por Elvia Carrillo Puerto, feminista que luchó por el control de la natalidad, la libertad sexual y el divorcio. Fue la hermana menor del gobernador de Yucatán Felipe Carrillo Puerto (1922-1924) y primera mujer en ocupar un cargo de representación popular, en 1923, como diputada en el Congreso de su estado.
Otro día de marzo, el 30, pero de 1938, Lázaro Cárdenas, transforma al PNR en Partido de la Revolución Mexicana (PRM) y le cambia el carácter de partido de élite para convertirlo en un partido de masas y darle su configuración actual. Las masas entraron al partido, organizadas en sectores: los obreros fueron incluidos en la CTM (Confederación de Trabajadores de México), los campesinos en la CNC (Confederación Nacional Campesina) y las organizaciones populares en la CNOP (Confederación Nacional de Organizaciones Populares).
Como se puede observar, las mujeres que se incorporaron al PNR tenían ya una historia de organización y lucha previa, misma que fue aprovechada por el general Cárdenas para integrarlas al partido de la misma forma en que incorporaría a los campesinos, los obreros y las diversas organizaciones populares, sólo que a diferencia de estos tres sectores el de la mujeres no adquirió nunca la fuerza de éstos.
Lo anterior no fue obstáculo para que, a instancias del presidente Cárdenas, la sección femenil del partido se transformara en una Oficina de Acción Femenina, dependiente del Comité Ejecutivo Nacional, con Margarita Robles como primera directora.
La inclusión de las mujeres al partido no fue la única acción, que en favor de éstas, emprendiera Lázaro Cárdenas, pues en 1937 promovió reformas al artículo 34 de la Constitución Política con el fin de reconocer los derechos políticos de las mujeres. A pesar de que en 21 Congresos locales se aprobó la iniciativa presidencial, en el Congreso de la Unión se desechó argumentando irregularidad de procedimiento, a pesar de haber sido aprobado por las dos Cámaras. En el fondo, prevaleció la consideración de que las mujeres serían fácilmente manipuladas por fuerzas conservadoras (la Iglesia católica, entre ellas) para votar en contra del proyecto presidencial, por lo que se prefirió posponer, como hicieron los constituyentes de 1917, el derecho de las mujeres a votar y ser votadas.
Antes de que se reconocieran los derechos políticos de las mujeres el partido sufrió su última transformación -durante el proceso de constitución del nuevo Estado-, para ser nombrado por el general Manuel Ávila Camacho, Partido Revolucionario Institucional, en 1946, acotando en el nombre la conclusión de un proceso que llevó, precisamente, a la institucionalización de la Revolución y al control de las masas por parte del gobierno federal.
Una vez consolidado el poder político se pensó que se podía permitir a las mujeres votar sin poner en riesgo los “logros de la Revolución”. Es así que otro presidente, Miguel Alemán Valdés, reconoció en 1947 el derecho de las mujeres a votar en elecciones municipales. Finalmente, en 1953 otro presidente priísta, Adolfo Ruíz Cortines, “otorgó” a las mujeres el derecho a voto a nivel federal.
La alianza entre las mujeres y los presidentes priístas pareció consolidarse cuando en 1974, Luis Echeverría Álvarez (LEA) (1970-1976), promovió una serie de reformas a la Constitución Política, principalmente al artículo 4º, que a la letra consignó: “El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos”, y a los artículos 30 y 123; al Código Penal, al Código Civil, al Código de Comercio, a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley federal de Reforma Agraria, a la Ley de Nacionalidad y Naturalización, para tratar de erradicar todos aquellos preceptos legales que fueran discriminatorios hacia las mujeres.
Esta decisión tuvo como marco de fondo la presión de Esther Zuno de Echeverría, esposa de LEA, quien se negó a ser llamada “primera dama” y prefirió se refirieran a ella como “compañera”, quien actuó de manera protagónica en favor de los derechos de las mujeres. Hija de un ex gobernador de Jalisco, José Guadalupe Zuno Hernández (1923-1926), Esther estaba convencida de que no era posible atender a la niñez sin atender a toda la familia, cuyo pilar era la mujer, por lo que se encargó no sólo de impulsar programas de orientación familiar, principalmente en aquellas comunidades con menos de 2,500 habitantes, a las cuales no llegaban los servicios del gobierno federal, sino de capacitación para que las mujeres ya no sólo recibieran ayuda sino que participaran en la solución de los problemas de sus familias y comunidades.
Puso especial atención en los problemas cotidianos, por lo que promovió la impartición de cursos sobre alimentación, salud y asistencia en el parto. Al mismo tiempo se preocupó por alfabetizar a las mujeres e iniciarlas en el liderazgo político.
Pero su intención iba más allá y no sólo hizo trabajar a las campesinas, sino que organizó y movilizó a las esposas de los gobernadores, de los presidentes municipales, de los miembros del gabinete y funcionarios de alto rango y nivel, incluso a las esposas de los funcionarios de alto mando del ejército y de los embajadores, para que participaran en la asistencia social. “Organizó a todas ellas para que colaboraran en forma conjunta en lo que paradójicamente se llamó la Red de Servicio Social Voluntario, que ella misma encabezó”.
Su impulso no se detuvo ahí, apoyó también para que LEA presidiera en México la Primera Conferencia Internacional de la Mujer, en 1975, en la cual se dio a conocer el documento Declaración de México 1975 sobre la igualdad de la mujer y su contribución a la paz y con ella la proclamación del periodo 1975-1985 como el “Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer”. La Conferencia de México fue la primera cumbre mundial en donde las propias mujeres desempeñaron un papel fundamental en la orientación de los debates. De las 133 delegaciones de Estados Miembros reunidas allí, 113 estaban encabezadas por mujeres.
No está de más reiterar que aunque los avances en materia de derechos políticos y sociales de las mujeres en México han estado relacionados con la voluntad política de algunos presidentes priístas, éstos no se han dado por generación espontánea o por la iluminación de ciertos personajes sino gracias a la presión que han ejercicio las mujeres organizadas y en lucha durante más de un siglo.
Queda aquí este recuento de las principales medidas tomadas por gobiernos priístas en favor de las mujeres; sin embargo este artículo no puede concluir sin afirmar que la relación se pervirtió en el camino, cuando el PRI, una vez perdida la presidencia de la República (año 2000), utilizó los derechos reproductivos de las mujeres como moneda de cambio y cedió ante la visión conservadora del Partido Acción Nacional (PAN), durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, y junto con éste partido aprobó en 19 estados las llamadas “leyes antiaborto”, a partir de las cuales decenas de mujeres han sido juzgadas y encarceladas bajo el cargo de homicidio en grado de parentesco, sin importar que en muchos de los casos los abortos hayan sido espontáneos. Para mayor agravio, esto ocurrió estando al frente del PRI una política tradicionalmente feminista y, por tanto, defensora de los derechos de las mujeres, Beatriz Paredes Rangel, quien guardo un vergonzoso silencio.
El agravio y la separación de las mujeres y el PRI aumentan cuando se considera que la violencia en contra de éstas, comenzando por la violencia doméstica y terminando con los feminicidios y la trata de personas, se presentan e incrementan en entidades gobernadas por militantes priístas como Chihuahua, Durango, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, Tamaulipas, Veracruz, sin que éstos parezcan interesarse por mejorar las condiciones de vida de sus gobernadas. Finalmente, esto no exime de responsabilidad a los gobernantes de los otros partidos PAN, PRD y PVEM, los cuales también tienen una historia en relación con las mujeres.
