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(14 de marzo, 2014).- La animadversión hacia la educación pública tiene una larga historia. En una carta a George Sand, fechada el 5 de octubre de 1871, Flaubert escribía: “…la instrucción gratuita y obligatoria no hará sino aumentar el número de imbéciles… Lo más urgente es instruir a los ricos, que, en definitiva, son lo más fuertes. Ilústrese al burgués, por lo pronto, pues no sabe nada, absolutamente nada. Todo el sueño de la democracia consiste en elevar al proletario al nivel de necedad burgués”.
El argumento de Flaubert era simple: a diferencia de los intelectuales cultos, tanto el “proletariado” como la “burguesía” carecen de cualquier viso de conocimiento; sin embargo, por su propia naturaleza, la primera clase social es incorregible mientras que la segunda es susceptible de aprendizaje. Las palabras del célebre escritor francés son tanto más sorprendentes cuando comprendemos que, apenas unos años atrás, el autor de Madame Bovary apoyaba decididamente la lucha popular.
Entusiasmados por el furor revolucionario de 1848, intelectuales y artistas franceses y alemanes participaron de forma activa en los movimientos insurreccionales de la llamada “democracia social”. Sin embargo, la idealización que, tanto en los salones parisinos como en las elucubraciones teóricas, habían hecho del “pueblo”, poco tenía que ver con la miserable realidad que las grandes masas francesas vivían. Cuando sus verdaderas demandas se hicieron oír por encima del discurso de los intelectuales, el entusiasmo de estos últimos medró significativamente.
Así, después de la idealización vino el arrepentimiento. El antiguo revolucionario Leconte de Lisle afirmaba lleno de rencor: “Que el pueblo es estúpido, una eterna raza de esclavos que no puede vivir sin yugo ni bastón. No será, pues, por él que habremos de seguir luchando, sino por nuestro sagrado ideal”.
Y es que una cosa es adoptar el “sagrado ideal” de la igualdad y otra, muy distinta, es permitir que el pueblo intente tomar el poder. Por lo mismo, la Comuna de París fue el objetivo de una cruzada furibunda contra el pueblo: “Abiertas las jaulas, se escapan las hienas del 93 y los gorilas de la Comuna”, ironizaba Téophile Gautier en 1871. Pero este subrepticio odio al pueblo tuvo consecuencias importantes en el terreno de las ideas.
El objetivo esencial de la revolución francesa podía resumirse en la siguiente formulación: el derecho es el instrumento que permite igualar a las persona al tiempo que elimina las profundas desigualdades de hecho que históricamente han mantenido sumidos en el atraso y la pobreza a la gran mayoría de individuos. Este mensaje era profundamente crítico con la tradición del pensamiento defendida durante el Ancién Régime, la cual transformaba las inequidades de facto en desigualdades legitimadas por el derecho.
Un ejemplo basta para ilustrar esta situación. En los hechos, los monarcas tenían una serie de privilegios y poderes que los facultaban para actuar por encima de cualquier individuo, esta perniciosa inequidad -–que ahora podemos comprender como producto de múltiples factores, tales como el uso de la fuerza, los abusos del poder, los proceso de concentración de riqueza, etc.– era interpretada hasta el siglo XVII no sólo como algo que, lamentablemente, era así, sino como algo que debía ser así ; es decir, como un derecho.
En buena medida el proyecto ilustrado y, con él, la revolución francesa, subvertían esta narrativa mostrando, como decía Rousseau, que “la naturaleza no hace derecho”. Lo cual significaba que a las desigualdades de facto –interpretadas por los ilustrados como producto de la injusticia– se debía oponer un orden de derechos destinado a establecer un piso mínimo de igualdad. Es en esta matriz de pensamiento que el derecho a la educación adquiere todo su sentido, ya que, para los grandes pensadores del siglo XIX su implementación suponía, al menos teóricamente, una oportunidad para enfrentar la injusta desigualdad de la sociedades europeas..
Ahora bien, esta última postura es la que, en el fondo, discursos como el de Flaubert trataban de resquebrajar. Al negar el derecho a la educación asumían que las inequidades de hecho debían seguir siendo desigualdades reproducidas por el derecho. Pero, en términos jurídicos, esta afirmación obliga a realizar una pregunta: ¿en dónde radicaba la legitimidad de ese derecho a la desigualdad?, la respuesta de los contra-revolucionarios era, como vimos, la siguiente: la diferencia entre pobres y ricos es resultado de las inequidades naturales entre los miembros de esas clases.
De ahí que Renan, ignorando toda aspiración ilustrada, pudiera afirmar: “Lo importante no es tanto producir masas ilustradas, cuanto producir grandes genios y un público capaz de comprenderlos. Si la ignorancia de las masas es una condición necesaria de esto, tanto peor. La naturaleza no se detiene ante tales escrúpulos, sacrifica especies enteras para que otras hallen las condiciones esenciales de su vida”.
Como se puede ver, el discurso de la derecha anti-revolucionaria del siglo XIX regresaba dos siglos enteros en la historia del pensamiento defendiendo, como los monarcas más despóticos, que la naturaleza hace derechos y que, por lo mismo, estos últimos no pueden ser universales sino que, por el contrario, son sólo atribuibles a quienes, por su mejor disposición natural, los merecen.
Este discurso conservador se oponía a la Declaración del hombre y del ciudadano, haciéndola aparecer como el producto de la decadencia más vil. A finales del siglo XIX Nietzsche, uno de los hombres más conservadores en materia política, decía: “el maremágnum del hombre social, consecuencia de la revolución, de la fabricación de derechos iguales, de la creencia supersticiosa en los hombres iguales. Aquí los portadores de los instintos de la decadencia”.
Ese mismo argumento, adornado con una jerga empresarial, es el que la derecha contemporánea sostiene cuando personajes como Carlos Elizondo afirman que no todos tienen derecho a la universidad pública, que ésta se encuentra reservada para “los mejores” y que, al resto, le espera el futuro que la oferta laboral -producto de las leyes “naturales” del mercado- tienda a asignarle. Revestido de tecnicismos y una jerga supuestamente modernizadora, el discurso de la derecha defiende en realidad un pensamiento propio del siglo XVII.
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