(17 de diciembre del 2014).- El senador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Fernando Mayans Canabal, anunció que presentará una iniciativa para adicionar en el Artículo 6 de la Constitución, disposiciones jurídicas para garantizar el derecho de la población, el acceso a la banda ancha e internet.
La medida anunciada por el legislador, será adicional a la Estrategia Digital Nacional, encabezada por Alejandra Lagunes, y la cual, pretenderá lanzar al país con mayor número de conexiones y acceso a la web, así como digitalizar cada uno de los procedimientos jurídicos que actualmente se hacen de manera análoga.
En un comunicado, se destacó que “esta iniciativa tiene como objetivo orientar el diseño y la expedición de las normas jurídicas secundarias en esta materia, y en particular, para que se garantice dicho acceso en todos los niveles de la educación que imparte el propio Estado”, expuso el equipo de comunicación perredista.
Sin embargo, pese a los beneficios, como la “igualdad de acceso a la información”, entre otros, sigue sin legislarse aspectos básicos para la seguridad, cuidado y manejo de la seguridad y la privacidad de los usuarios de internet. Entre ellos, atentados contra la privacidad como el espionaje, la seguridad de datos personales y la defensa frente a información privada frente a compañías como Google y Facebook.
De acuerdo a estadísticas del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), en México existen por lo menos 59.2 millones de personas conectadas a la World Wide Web; es decir, un 52% de la población.
Antonio Martínez Velázquez, activista de derechos en internet e integrante de Artículo 19, organización dedicada a la defensa de libertad de expresión, sostiene que pese a los intentos de universalizar su uso y al mismo tiempo, de regularlo y gobernarlo, las políticas públicas encaminadas a impulsar su desarrollo regularmente van acompañadas de nuevas leyes que restringen a los usuarios.
Una de ellas, por ejemplo, es la llamada Ley Beltrones o Sopita, que, impulsada por dos diputados de la bancada priista en la cámara de diputados, Denisse Ugalde Alegría y Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, permitiría que empresas dedicadas al entretenimiento, la información y la cultura, buscar posibles violaciones a derechos de autor en cuentas de usuarios, entre otras medidas “punitivas”.
“En los últimos cuatro años o cinco, ha habido una serie de modificaciones a las leyes mexicanas, en específico a la ley de derechos de autor, a la ley de protección industrial, al código penal, que poco a poco han configurado o ampliando, las capacidades del Estado para, por un lado, proteger intereses particulares y por el otro lado, al protegerlos, socavar los derechos humanos”, comentó en entrevista con Revolución Trespuntocero.
Otros casos también “preocupantes”, es la creación del el papel y las atribuciones del Centro Especializado en Respuesta Tecnológica (CERT), dependiente del Sistema Nacional de Seguridad Publica (SNSP) y de la Secretaría de Gobernación (Segob), que, desde la reforma a la jurisdicción de la antigua Policía Federal Preventiva en el 2009, le dotó de facultades para intervenir comunicaciones privadas, ya sea telefónicas, satelitales o vía Internet.
O en otros casos, amparados en la “seguridad nacional”, según apartados secundarios de la Ley de Telecomunicaciones, recientemente publicados por el periódico El Financiero, le otorgarán al Estado la facultad de suspender telecomunicaciones en lugares donde se vea afectado el orden público o la seguridad, como en marchas o enfrentamientos.
