Por Revista Hashtag/@RHashtag
Esta semana la quinta sala penal del Distrito Federal ha ratificado la sentencia de 5 años y nueve meses para Jorge Mario González, quien fuera detenido el pasado 2 de octubre, a la par su defensa anunció que solicitara el amparo contra los actos que violentaron sus garantías desde su detención y durante todo el proceso, pues su expediente se encuentra plagado de irregularidades.
Entre las violaciones a sus garantías ubican las de los derechos a la libertad y seguridad personal, a la libertad de pensamiento y expresión, a la integridad personal y, a la plena participación social y política, constituyendo lo que algunas organizaciones defensoras de derechos humanos han caracterizado como “un caso paradigmático de los problemas estructurales y deficiencias que siguen imperando en la procuración e impartición de justicia”.
Vale la pena recordar que Jorge Mario fue detenido mientras viajaba a bordo de un autobús de transporte público, en la esquina de las calles 5 de Mayo e Isabel La Católica. Ese día se registraron decenas de detenciones y abusos policiacos, mismos que pueden verificarse en diversos videos que fueron subidos a la red por los transeúntes, manifestantes y medios independientes, incluyendo las agresiones por parte del cuerpo de granaderos a los monitores del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
El delito por el cual es consignado Mario es el de ataques a la paz pública cuyo fundamento legal se enmarca en el artículo 362 del código penal, el cual debido a su ambigüedad es ubicado por defensores de derechos humanos como un elemento que atenta contra las libertades democráticas.
Desde el 1 de diciembre de 2012, día en que tomara posesión Enrique Peña Nieto, el número de detenidos durante manifestaciones públicas ha ido en aumento, esto en contraste con la política de inclusión difundida mediante la estrategia de comunicación social del gobierno capitalino.
El pasado 10 de junio durante la marcha conmemorativa de la matanza del 71, también fueron detenidas decenas de personas sin que se les pudiera comprobar cargo alguno, a esto hay que agregar el constante hostigamiento del aparato policiaco a las diversas expresiones de disidencia como las movilizaciones de #PosMeSalto durante diciembre de 2013.
Resulta evidente el cambio en las perspectivas sobre seguridad pública y concertación política que el gobierno local ha adoptado, en contraste con administraciones anteriores. El artículo 362 del Código Penal para el Distrito Federal que desato un fuerte debate durante diciembre de 2013 cuando los integrantes de #YoSoy132 exigían su derogación, así como el Protocolo de Actuación Policial para la Contención de Multitudes, son los cimientos jurídicos que tienden a criminalizar la protesta y a frenar el lento camino que la ciudad parecía trazar para la construcción de un ambiente democrático.
